Castilla-La Mancha cuenta desde hace cuatro años con una Ley de Medidas Urgentes para la Declaración de Proyectos Prioritarios. Mediante esta norma el Ejecutivo regional determina, conforme a una serie de criterios, qué proyectos empresariales de la comunidad autónoma deben agilizarse o simplificarse en sus trámites administrativos. La justificación es que pueden suponer avances importantes en la actividad económica de la región o impulsar sectores estratégicos que sean generadores de puestos de trabajo.
Ahora, el Ejecutivo de Emiliano García-Page ha decidido modificar esta normativa para afinar más los criterios por los que se determina si tal o cual proyecto es prioritario. Y ha establecido que tendrán esa protección los que se instalen en zonas “vulnerables” a la contaminación por nitratos de origen agroganadero.
Según el propio Gobierno regional, la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas por nitratos, procedentes de fuentes de origen agrario, es uno de los principales problemas sanitarios y ambientales a los que se enfrenta el sector agrario en la actualidad. El uso incorrecto de los fertilizantes utilizados en la agricultura y la gestión inadecuada de los estiércoles ganaderos, supone un exceso de nitrógeno en el medio, que limita sus potenciales usos, a la vez que supone un riesgo para el medio ambiente y la salud humana.
Se consieran “zonas vulnerables” aquellas cuyas pérdidas de nitrógeno por lixiviación o escorrentía puedan contribuir a la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas. En el marco territorial de Castilla-La Mancha se han designado nueve áreas de este tipo. La modificación legal de Castilla-La Mancha supone ahora favorecer que las plantas de biogás se instalen en esas zonas.
La apuesta por el biogás y su rechazo social
Que el Gobierno de Castilla-La Mancha quiere realizar una apuesta firme y pionera del biometano, una modalidad del biogás, no es un ningún secreto. El Ejecutivo autonómico prepara un decreto regulador para promocionar y desarrollar este gas renovable procedente de residuos agroganaderos. Será la primera comunidad autónoma que lo haga.
Hace tan solo unas semanas declaró como prioritarios varios proyectos en la provincia de Ciudad Real. No obstante, el desarrollo en la implantación del biogás se ha encontrado con un rechazo creciente en la comunidad autónoma, no solo de colectivos sociales de la ciudadanía, sino también de ayuntamientos que están en contra de su desarrollo por ser una “puerta para las macrogranjas”, fuente de emisiones de CO2 y de malos olores. Así ha sucedido en las provincias de Guadalajara y Albacete.
A todo ello se une el nuevo cambio legislativo. Según el texto aprobado, para que un proyecto de biogás sea prioritario, el Gobierno castellanomanchego establece ahora que la instalación se localice en una zona declarada como “vulnerable” a la contaminación por nitratos de origen agrario. Y también que al menos el 50% de los residuos a tratar en esa planta sean purines, estiércoles o vinazas. Es decir, residuos agroganaderos.
Esta modificación ha desatado la alarma en Ecologistas en Acción y también en colectivos como Pueblos Vivos. Apuntan que, con ello, el Gobierno regional provocará un “efecto llamada” para macrogranjas. De hecho, apuntan que estos nuevos criterios para las plantas de biometano se producen “ante el hecho de la fuerte y mantenida contestación social que están dando al traste con multitud de proyectos. Es un efecto llamada a más plantas de biogás en las zonas con ya demasiada ganadería industrial”.
Los movimientos ecologistas llevan años denunciando el “desmesurado crecimiento” de la ganadería industrial y sus fuertes impactos ambientales, como la contaminación del agua por nitratos. Recuerdan que recientemente España recibía una sentencia condenatoria por parte del tribunal de la Unión Europea al respecto.
Explican los ecologistas que el criterio de implantación en zonas vulnerables supone de facto “situarlas en zonas de alta concentración ganadera”. “Zonas en las que unos ciudadanos ya muy castigados por las molestias e impactos de las instalaciones de ganadería industrial van a ver incrementadas estas por los olores, peligros sanitarios y ambientales de las plantas de biometano”, resaltan.
“Los nuevos criterios vienen a suponer un espaldarazo a una de las industrias más contaminantes de nuestro país y suponen de hecho abrirles la puerta a que su crecimiento continúe como hasta ahora, de manera incontrolada, que sigan vaciando de habitantes la España rural y creando problemas de insoportables olores en las zonas con alta concentración de macrogranjas”.
Pero al mismo tiempo, esta organización considera que, en paralelo, al permitir que un proyecto prioritario tenga “exenciones en las normas urbanísticas”, pueden “dar al traste con el esfuerzo de multitud de ayuntamientos de blindarse ante instalaciones que los vecinos no desean en sus términos”. Se refiere así a casos concretos que ya han sucedido en localidades como Brihuega (Guadalajara), Quintanar de la Orden (Toledo) o Caudete (Albacete), entre otros.
este cambio de la ley busca satisfacer las demandas del 'lobby' gasista y de la industria cárnica, la más mimada por los mandatarios castellanomanchegos
“Las plantas de biometano no van a solucionar el tremendo impacto en términos de gases de efecto invernadero que produce la ganadería industrial, ya que los estudios hablan de que al intervenir solo en el tratamiento de los residuos, no llegan a reducir estas emisiones ni en un trece por ciento”
Sus críticas van más allá. En el cambio legislativo, el Gobierno regional establece que la fracción líquida procedente de residuos y obtenida en la planta de biometano se someta a un tratamiento de reducción de nitrógeno con el objetivo de disminuir la cantidad de nitrógeno total de salida de la planta. El colectivo ecologista denuncia que no se haga mención a ningún porcentaje de reducción de ese nitrógeno.
Su conclusión es que este cambio de la ley busca “satisfacer las demandas del lobby gasista y de la industria cárnica, la más mimada por los mandatarios castellanomanchegos”. Mientras, apunta, será la ciudadanía castellanomanchega “la que sufra las consecuencias y la que pague este despropósito con sus impuestos”.
Por su parte, fuentes de la Consejería de Desarrollo Sostenible explican a elDiarioclm.es que lo que se pretende con la modificación de los criterios es precisamente “endurecer la normativa y ser más restrictivos a la hora de declarar un proyecto de biometanización como prioritario”. “Es lo contrario a lo que están diciendo los grupos conservacionistas”, apuntan.
Ponen así como ejemplo que con los criterios anteriores aprobados en 2020 cualquier proyecto de biometanización podría ser prioritario. “Con el actual acuerdo aprobado por Consejo de Gobierno, y el cambio de los criterios, podrán ser declarados sólo en torno al 20% de los proyectos presentados”, estiman.
Se da la circunstancia de que este cambio legislativo se produce mientras el Gobierno de Castilla-La Mancha prepara también un decreto de gestión de estiércoles que vendrá a sustituir a la moratoria para macrogranjas que caduca a final de año y que no será renovada, tal y como adelantó la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, en una entrevista con elDiarioclm.es.
Según los cálculos del Ejecutivo autonómico, esta nueva medida será de conocimiento público a principios de octubre para recibir las alegaciones pertinentes y pueda estar lista cuando finalice la moratoria.