El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha acudido a la Conferencia de Presidentes que se celebra este viernes en Santander con un completo decálogo en materia de vivienda, en el que realizan una serie de propuestas, que incluyen la necesidad de realizar una “reflexión” acerca de la ley vigente en esta materia por arte de “todos los agentes implicados”. El consejero de Fomento, Nacho Hernando, avanzaba que desde el Gobierno regional se considera que la ley es “mejorable” y debe aunar “mayor consenso”.
De hecho, Hernando ha recalcado que los grupos parlamentarios que aprobaron dicha ley hace un año, hoy en día “ni siquiera obtendrían una mayoría en el Parlamento”. “Creemos que hay deficiencias en esta ley, y las mejoras que se puedan introducir tienen que venir de la mano de un enorme consenso, y eso debe materializarse a través de un Pacto de Estado. La vivienda supone un reto lo suficientemente importante en nuestro país”, ha apuntado.
Es por ello que desde el Ejecutivo castellanomanchego consideran que el Gobierno de España debería liderar un Pacto de Estado en la materia, con “compromisos mutuos concretos” y plazos “razonables” para conseguir los objetivos.
“Sería muy positivo que, durante la construcción de los mínimos de vivienda necesarias para resolver la emergencia habitacional, los agentes de la edificación se comprometieran (también los grupos empresariales patrimonialistas) a determinadas contenciones de rentas, a cambio de compensaciones fiscales”, señala el documento al que ha tenido acceso elDiarioclm.es.
Decálogo del Gobierno de Castilla-La Mancha
En el documento se plantea también llevar a cabo una modificación de la Ley del Suelo para otorgar “seguridad” en la tramitación de planes y acabar así con lo que consideran una “parálisis” de procedimientos por defectos o “razones contra el interés general”.
El decálogo también incluye una propuesta de colaboración público-privada, que incluye sacar “urgentemente” a concurso los suelos públicos en manos de las administraciones “a fin de dar entrada a todo tipo de agentes de la edificación”. De este modo, se plantea una “colaboración” para construir vivienda protegida o asequible, tanto para alquiler como para venta.
Se plantea igualmente agilizar la aprobación de licencias y permitir la incorporación de equipos externos a la administración para agilizar y desbloquear licencias urbanísticas, “mediante apoyos externos y en el menos tiempo de plazo posible”. Por otro lado, desde el Ejecutivo reivindican la apuesta por una construcción “industrializada”, y resaltan que las constructoras se están encontrando problemas en la financiación, mientras “compiten” con la construcción tradicional.
El Gobierno regional reivindica potenciar la Formación Profesional destinada a la edificación, con campañas que contribuyan a romper con los estereotipos y clichés existentes en el sector de la construcción, incorporando también las competencias digitales, sostenibilidad y nuevas tecnologías demandadas por el sector.
Ayudas del ICO
El decálogo también reclama un “empuje” a la financiación de los cuatro mil millones de euros que deben tramitar los bancos coordinados con el Instituto de Crédito Oficial, “para financiar la promoción de vivienda en alquiler asequible, ”ya que la puesta en marcha está siendo muy lenta“.
Desde el Gobierno lamentan que la intermediación de las entidades financieras hace que no llegue al público objetivo de la línea ICO. Incluso en este caso, que puede estar llegando, hay que dotar también de mayor celeridad a los expedientes para la puesta en marcha de promociones. De este modo, piden que se habiliten más líneas del Instituto y con acuerdos con el Banco Europeo de Inversiones para conseguir “los recursos necesarios e imprescindibles y a precios asumibles”.
También propone el ejecutivo de Page sacar a concurso todos los suelos públicos para dar entrada a todo tipo de agentes de la edificación; introducir beneficios fiscales tanto en la oferta como en la demanda que favorezcan la construcción de vivienda (reducir IVA); y modificar la ley del suelo para mayor seguridad jurídica en la tramitación de planes y acabar con la parálisis de procedimientos por defectos subsanables o por razones de interés general.
Para terminar, solicita introducir seguros nacionales de impago, desperfectos y defensa jurídica a cambio de limitación de precios del alquiler para particulares, al tiempo que propone un Pacto de Estado en materia de vivienda con grupos políticos y los agentes implicados.
Financiación autonómica
De su lado, el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha recordado que el objetivo del presidente de Castilla-La Mancha en la reunión de presidentes que se está celebrando en estos momentos es arrancar un compromiso del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, de abordar por fin un nuevo modelo de financiación autonómica que tiene que ser único para todas las comunidades autónomas de régimen común.
“Solamente existen, de acuerdo con la Constitución, dos regímenes diferentes, que es el del País Vasco y Navarra, y la Constitución no contempla un tercer régimen como el que se pretende para Cataluña”, ha asegurado Ruiz Molina.
Desde la Junta han asegurado que el presidente va a exponer el modelo castellanomanchego, “contradictorio” con el modelo singular para Catalunya, porque se trata de “garantizar la igualdad de derechos de todos los españoles a los servicios públicos”. Igualmente, han puesto de relieve que “los impuestos que pagamos entre todos se repartan entre todos y desde luego donde se debe discutir ese reparto es en el Consejo de Política Fiscal y Financiera”.