El vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha avanzado que el Ejecutivo autonómico trabaja con el sector ganadero para definir “un nuevo modelo de gestión de estiércoles” en la región que contempla la prohibición de verter purines a las macrogranjas de cerdos, obligando al empresario a buscar alternativas de reciclaje de los mismos.
En una entrevista con Europa Press, ha apuntado que hasta que el nuevo marco normativo esté listo se mantendrá la moratoria que prohíbe la instalación de macrogranjas de ganado porcino con más de 2.000 cabezas en la región hasta el 31 de diciembre de 2024.
“Cuando esté avanzado el modelo, levantaremos la moratoria”, ha indicado, abundando en que en Castilla-La Mancha “se prohibirá verter estiércoles en el terreno”.
De este modo, las granjas “tendrán que gestionar los purines de otra forma”, ayudándose de “tecnologías que ya están disponibles y son más asequibles” de lo que eran hace unos años.
Se trata de un extremo “clave para el sector” y que el propio sector “entiende y asume”, toda vez que “el futuro de los purines es hacer tratamiento y aprovechamiento”. Incluso, el vicepresidente augura que se podrá convertir en un “subproducto y una materia prima que tendrá valor”.
Las asociaciones y colectivos que llevan años oponiéndose a la instalación de granjas intensivas vienen denunciando que la moratoria aprobada a principios de 2022 por el Gobierno de Castilla-La Mancha es un “coladero” que no se cumple al contener varias excepciones que permiten seguir tramitando permisos. En su opinión, esta moratoria puede “fomentar que los proyectos porcinos se fraccionen en varias solicitudes de 1.999 cerdos para los que no hace falta Autorización Ambiental Integrada, manteniendo así la proliferación de la ganadería industrial en la región y sus efectos contaminantes en el agua y aire de las zonas rurales”.