CCOO ha denunciado que las empresas del sector de la Dependencia adeudan “más de diez millones de euros” en atrasos salariales a las 15.000 personas que trabajan en la región en residencias de mayores, centros de días y teleasistencia. Serían entre 600 y 900 euros, según la categoría profesional. Se trata de 15.000 personas que llevan “cuatro años” con los sueldos congelados y en “pésimas” condiciones laborales, recuerdan desde la organización, además de tener una “enorme” sobrecarga de esfuerzo físico y “dramática” presión psíquica y emocional.
La secretaria de Sectores Sanitarios, Chelo Cuadra, ha denunciado que las patronales “lejos de reconocerles su labor, están machacando” porque se les “niega” la subida del 6,5%. El pasado mes de junio, la Audiencia Nacional ratificó la obligación de aplicar este incremento, atendiendo a la demanda por conflicto colectivo presentada por CCOO ante la negativa de la patronal FED a publicar las tablas salariales en el BOE.
Sin embargo, dicha patronal “anunció recurso de casación, para evitar cumplir el mandato de la Audiencia Nacional hasta que se pronuncie el Tribunal Supremo” “Confiamos plenamente en que la Audiencia Nacional atienda nuestra solicitud; pero, entre tanto, estamos a finales de septiembre y las trabajadoras siguen acumulando atrasos sin cobrar. Las empresas se están quedando un dinero que es de sus trabajadoras y que necesitan de forma perentoria porque los salarios en el sector son muy bajos y el coste de la vida está por las nubes”, afirman desde el sindicato.
“Nuestros delegados y delegadas están presionando en los centros de trabajo de la región para que las empresas cumplan de una vez el convenio y la sentencia de la Audiencia. Y hay que subrayar y valorar que hay muchas empresas, pongamos que un tercio del total, que han decidido no alargar más el conflicto y actualizar ya los salarios, como es el caso de grupos muy relevantes en el sector, como Domus VI, Ilunion, Amavir, Vitalia o Asispa, que tienen decenas de residencias de mayores en CLM”
Empresas que sí han subido sueldos
Las trabajadoras de estas residencias sí han visto incrementadas sus nóminas en un 6,5% a partir del mes de julio, o del de agosto; o sus empresas les han dicho que tendrán la subida ahora en septiembre, como es el caso de Tunstall Televida. Se trata de la empresa encargada del servicio de teleasistencia.
“Tenemos otro grupo importante de empresas, las del llamado ‘sector solidario’, cuya patronal (ASESCAM) ha recomendado a sus asociadas que apliquen ya a sus trabajadoras un incremento del 3% como pago a cuenta. Eso es mejor que cero. Aunque de pagar atrasos tampoco han dicho nada”, afirma Cuadra. Pero por otro lado hay un “montón” de empresas “incumplidoras”. Entre otras, señalan a Centenari, Aralia, Nexus, o Clece, que gestionan residencias de la Junta de Comunidades, señalan el sindicato.
Es “impresentable”, afirman. “Puede explicarse en parte por las dificultades para contemplar en los pliegos de condiciones los incrementos salariales del 6,5%, ya que por las maniobras patronales siguen sin ser publicadas en el BOE, pero en todo caso son las empresas las que están obligadas a cumplir el convenio y la sentencia”, resaltan. Por eso, instan a todas las empresas a terminar de una vez por todas con un conflicto “que lo único que está consiguiendo es aumentar cada día que pasa la deuda salarial con sus profesionales, que llevan con sus salarios congelados desde 2019”.
La Junta espera que se resuelva de forma “favorable”
Desde el Gobierno regional señalan que con los sindicatos se han mantenido reuniones “periódicas”, a pesar de que esta situación en concreto no sea “responsabilidad directa”. “Los aspectos laborales son exclusivos de los representantes legales de los trabajadores con la representación empresarial”, afirman. De todos modos, siguen de forma “atenta” la evolución, esperando a que se resuelva “favorablemente conforme a lo dictado por la justicia”.
“El Gobierno cumple con sus obligaciones y este mismo ejercicio ha entrado en vigor un nuevo Decreto de Condiciones Básicas que recoge mejoras en centros y personal. Además, con la nueva Orden del Concierto Social que entró en vigor el 1 de julio, se ha incrementado en más de un 7 por ciento el presupuesto para financiar plazas públicas en residencias, y se está trabajando para aumentar esa financiación aún más en este mismo ejercicio”, afirman.