La Audiencia Provincial de Guadalajara ha condenado a un celador a cuatro años de cárcel por abusar sexualmente de una joven de 18 años cuando ésta se encontraba ingresada en el Hospital Universitario de la capital alcarreña por trastorno de conducta alimentaria.
Según la sentencia, a la que ha tenido acceso elDiarioclm.es, A.M.T. también ha sido condenado a no acercarse a la víctima ni a su domicilio, centro de estudios o trabajo, o lugares durante se encuentre, en un tiempo de diez años, así como a comunicarse con ella por cualquier medio, y a indemnizarla con 6.000 euros por daños morales y 4.170 euros por lesiones y secuelas, con la responsabilidad civil subsidiaria del SESCAM. También se le condena a inhabilitación especial para el ejercicio de empleo, cargo público o profesión relacionado con menores de edad por tiempo superior en cinco años a la pena privativa de libertad impuesta.
Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apelación ante la Sala de lo Contencioso Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en el plazo de diez días desde la notificación.
El Ministerio Fiscal calificó los hechos como constitutivos de un delito de abuso sexual previsto y solicitó ocho años de prisión y 10 años de libertad vigilada, los mismos que pedía la acusación particular frente a la absolución que solicitaba la defensa del celador.
Los hechos ocurrieron en 2020
Los hechos se remontan al 23 de julio de 2020, fecha en la que la joven, que contaba entonces con 18 años, se encontraba ingresada en el hospital de la capital y, tras la pausa para el almuerzo de los pacientes, este celador, un trabajador eventual del centro contratado como parte de los refuerzos contra la COVID-19, “con ánimo de satisfacer sus libidinosos instintos”, entró en la habitación de la víctima mientras esta estaba leyendo un libro en la butaca y le dio un beso en la boca diciéndole que no lo contara.
A continuación, salió de la habitación, y transcurridos unos minutos, el acusado volvió, y “con idéntico ánimo, se bajó los pantalones y la ropa interior que portaba” y, mientras ella seguía sentada en la butaca, le obligó a practicar sexo oral, quedando ella bloqueada en estado de shock ante lo inesperado de la situación“.
Después, además, procedió a darle un beso y a rogarle que no dijera nada, para luego marcharse.
Secuelas por los abusos
Como consecuencia de estos hechos, la víctima sufrió trastorno por estrés agudo, y una fuerte crisis de ansiedad con episodio de agitación psicomotriz, hiperventilación y contusión en la mano derecha días después, seguido de un estado sincopal que le produjo el fraccionamiento de varias piezas dentales, “con secuelas por una alteración traumática de la oclusión dental y perjuicio estético leve”, abunda la sentencia.
En la misma se considera acreditado que los hechos declarados probados “resultan legalmente constitutivos de un delito de abuso sexual”, siendo el testimonio de la víctima “pieza fundamental” de la carga incriminatoria que recae sobre el procesado, al igual que el resto de la testifical y la pericial.
Además, dicha sentencia recoge que “no hay nada que lleve a pensar” que la víctima denunciante trataba de conseguir un beneficio injustificado o causar un perjuicio al acusado, al que no conocía con anterioridad a los hechos.
Y la Sala entiende también que no se puede albergar la duda de que la denunciante haya tomado la decisión de idear este relato contra el procesado por intereses puramente crematísticos.
La víctima, en el momento de los hechos, únicamente padecía un trastorno alimentario en tratamiento y la medicación que tomaba no afectada a su capacidad, mientras que los actos del acusado fueron llevados acabo sin el consentimiento de la joven, “siendo sorprendida por su conducta y quedando paralizada”.
La consejera de Igualdad, “satisfecha de que le haya caído todo el peso de la ley”
La consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ha celebrado la condena de cárcel. “Estoy satisfecha de que haya caído todo el peso de la ley contra el agresor”, ha asegurado al ser preguntada sobre esta cuestión en la rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos aprobados en el Consejo de Gobierno de esta semana.
“Aquí no hay discusión de ningún tipo. Y desde luego como Gobierno nos alegramos que haya una sentencia en la que se resarza de alguna manera a la víctima”, ha afirmado.
Dicho esto, la titular de Igualdad ha defendido que, en términos generales, “los protocolos funcionan, la ley funciona” y, por ello, está contenta de que “haya caído todo el peso de la ley contra la agresor”. No obstante, ha manifestado que “ojalá no se hubiera producido una situación tan lamentable en un hospital público”.
Se borraron las imágenes de las cámaras de seguridad: “Hay que saber que puede pasar”
La consejera se ha referido también a las imágenes de las cámaras de seguridad que estaban en el pasillo del hospital para señalar que “hay que intentar aprender de los errores”. “Si se borraron las imágenes en 15 días y era obligatorio tenerlas 30, hay que saber que esto puede pasar”.
“No se había dado nunca en el sistema público de salud, no nos había ocurrido nunca, y desde luego, una vez vista la situación, lo que está claro es que no puede volver a pasar bajo ninguna circunstancia”, ha aseverado Fernández.
La sentencia recoge en este sentido que “poco aportan las declaraciones de la legal representante del SESCAM, siendo llamativo como afirma que desconoce el tema de las cámaras, si funcionaban” y cita también las declaraciones de una enfermera que sostuvo en el juicio que “ella tenía entendido que las cámaras no grababan”.
No obstante, se ha puesto “en la piel” del gestor de un hospital o del gestor de un centro de salud, y su dificultad “para poder saber lo que pasa en cada uno de los rincones de cada una de las habitaciones”. “Es imposible”, ha apostillado.
“Pero habida cuenta de las circunstancias”, ha proseguido la consejera, “lo que tenemos que tener meridianamente claro es que cualquier víctima tiene que estar protegida al máximo y aprender de esos errores”. “Yo con esto no quiero cuestionar una decisión que en un momento determinado se tomase, sino aprender y saber que cuantos más prudentes seamos muchísimo mejor”, ha finalizado.
El PP pide “explicaciones inmediatas” al SESCAM
Por su parte, la candidata del Partido Popular a las Cortes de Castilla-La Mancha por Guadalajara, Itziar Asenjo, ha pedido “explicaciones inmediatas” a los responsables del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) por los “hechos tan graves y lamentables”, tras conocerse la sentencia.
“El entonces responsable de Gestión era el señor Aurelio Zapata, hoy diputado nacional por el PSOE, y lo único que hizo al ser conocedor de los hechos, fue cambiar al celador de planta”.
Además, Asenjo ha puesto el foco en la Consejería de Igualdad: “Qué pasa con la consejera de Igualdad de Page, Blanca Fernández, por qué no se persona en esta causa; no entendemos qué ha podido ocurrir, nos hacemos cruces con la actuación de esta lamentable situación que ha ocurrido en el Hospital, y por supuesto pedimos explicaciones al Partido Socialista porque no entendemos que no se posicionaran en su momento a favor de la víctima y de su familia, y sí lo hicieron con el agresor”.
Mientras, el diputado nacional del PSOE y director de gestión del Hospital Universitario de Guadalajara cuando sucedieron los hechos, Aurelio Zapata, ha señalado que actuaron conforme a lo que determina la ley para este tipo de situaciones, mostrando “el máximo respeto” hacia la víctima.
“Nosotros actuamos con todo el procedimiento legal que se establece. No podemos perseguir a un trabajador mientras no haya sentencia penal”, ha declarado Zapata a Europa Press, anunciando que se querellará contra la candidata del PP a las Cortes regionales por Guadalajara, Itziar Asenjo, por sus declaraciones antes los medios, que “tendrá que acreditar con datos”.
Así, ha declarado que tras tener conocimiento de estos hechos, lo primero que hicieron fue llamar a la policía; cuando el padre de la entonces supuesta víctima les pidió asesoramiento por lo ocurrido, se le asesoró sobre lo que tenía que hacer para denunciar y también se decidió, como medida cautelar, trasladar al trabajador de la hospitalización.
“Creo que esto no es posicionarme con el celador”, ha abundado, insistiendo en que “esta fue la medida preventiva” que él podía realizar, no solo en base a la presunción de inocencia del acusado en ese momento sino por el principio de legalidad.
Poco después de estos hechos el trabajador cogería una baja, sin que él sepa más del procedimiento debido a que tras las vacaciones de verano Zapata asumiría una nueva responsabilidad. Al abrirse juicio oral, el SESCAM suspendió el contrato al celador.