La consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha cree que con el presupuesto de su departamento para 2023 “se revierten y superan los recortes sociales”. Según Bárbara García Torijano, “en dos legislaturas, el Gobierno del presidente Emiliano García- Page destina 318 millones de euros más en atención a las personas, pasando, de 607 millones de euros de presupuesto en el 2015, a 925,8 millones de euros en este presupuesto para 2023”.
Así lo ha comentado durante la presentación de las cuentas de su departamento en las Cortes regionales. Habrá 925,8 millones de euros para políticas de Bienestar Social en 2023, con 318 millones de euros más que en 2015, lo que supone un 52,4 por ciento más que hace dos legislaturas y un 2,78 por ciento más que en el presente ejercicio.
Durante la Comisión de Economía y Presupuestos de las Cortes de Castilla-La Mancha ha resaltado que se trata de “un presupuesto inversor, que mejora la calidad de vida de la gente, que se centra en trabajar por las personas, en las políticas sociales y en cuidar de los ciudadanos y en mejorar su vida”.
Para ello se destinan 2,5 millones de euros diarios a políticas en Bienestar Social, por lo que, ha añadido, “debemos estar orgullosos de presentar este Presupuesto, que genera estabilidad pero que es ambicioso, porque entendemos que se centra principalmente en el ámbito social, en la atención a las personas, en los objetivos que, sin ninguna duda, defiende el Gobierno regional y el presidente Emiliano García-Page”.
García Torijano ha subrayado que “la prioridad del Gobierno regional y de esta Consejería es mejorar y avanzar siempre en la atención y calidad de vida de nuestra ciudadanía, con unos presupuestos para 2023 que tienen como eje fundamental consolidar y crecer en esa atención, llegando a cada uno de los rincones de Castilla-La Mancha y teniendo en cuenta cada una de las necesidades individuales de los ciudadanos, para garantizar su proyecto de vida”.
90,5 millones de euros en inversiones
En el capítulo de inversiones, la consejera ha detallado algunos de los proyectos que se van a llevar a cabo en 2023 con los 90,5 millones de euros previstos en un “presupuesto muy ambicioso”, con el que se van a llevar a cabo reformas y modernización de los centros ya existentes y también la ejecución de nuevos centros.
Entre otros, Bárbara García ha mencionado el Centro de Mayores y del Centro de Día de Tarancón, con un presupuesto de 2 millones de euros; obras de adaptación en las residencias de mayores de titularidad propia, como ‘Barber’ en Toledo o las ‘Hoces’ en Cuenca, así como también en otras residencias de la región y nuevos proyectos, como el de la residencia ‘Los Olmos’, en Guadalajara.
Asimismo, ha reseñado, están previstas la construcción del Centro de Alzheimer y Mayores en Talavera de la Reina, con un presupuesto de 2,3 millones de euros, y las obras, reforma y equipamiento de los Centros de Atención a Personas con Discapacidad, “que suponen un total de 14 actuaciones inversoras, con un presupuesto de 22,4 millones de euros”.
Mientras, en el área de protección y acompañamiento a los menores, “vamos a destinar 10 millones de euros para reforma y adaptación en el Centro Arco Iris y Albaidel, en Albacete”, ha relatado la consejera.
‘Plan de Autonomía Digital’ para centros públicos y estabilidad para el Tercer Sector
Dentro de las inversiones, la titular de Bienestar Social se ha referido, por un lado, al ‘Plan de Autonomía Digital’ al que se van a destinar 8 millones de euros para la digitalización de los centros propios.
En total, se prevé beneficiar a cerca de 125.000 personas usuarias de forma directa con actuaciones en el cien por cien de los recursos públicos, más de 200 centros entre residencias de mayores, centros de día, centros de mayores, centros de atención a personas con discapacidad grave y recursos para la atención a menores. “El objetivo es favorecer las terapias de cada uno de los usuarios aplicando el modelo de atención centrada en la persona”, ha dicho García Torijano.
Por otro lado, estos presupuestos para el 2023 cuentan con una inversión de 480.550 euros destinados a dotar de estabilidad presupuestaria a la Mesa del Tercer Sector Social, “con el objetivo de continuar prestando servicios a la ciudadanía con la colaboración indispensable de las entidades sociales de nuestra región que son y siempre han sido una pieza fundamental”, según ha señalado la consejera de Bienestar Social.
Repaso presupuestario por departamentos
En su repaso a las diferentes áreas de la Consejería de Bienestar Social, García Torijano también ha especificado que en el área de Discapacidad está previsto un presupuesto de 150 millones de euros. La consejera ha afirmado que, con este esfuerzo presupuestario, “no sólo se recuperan los 40 millones de recorte en esta Dirección General en la legislatura que acabó en 2015, sino que crece en 53,1 millones de euros con respecto a entonces”.
En materia de Dependencia, la titular de Bienestar Social ha afirmado que el presupuesto previsto para 2023 asciende a 615 millones de euros, un 65 por ciento más en estas dos legislaturas y, entre los avances en el Sistema de Atención a la Dependencia, se ha referido a la inversión de 7,6 millones de euros “destinados a incrementar hasta el 15 por ciento las prestaciones económicas de las que se van a beneficiar más de 23.586 personas, en función de la capacidad económica y también del grado de dependencia”.
Además, ha afirmado que “pese a la deuda que en innumerables ocasiones hemos reclamado desde el Gobierno regional al Gobierno de España para la atención al Sistema de la Dependencia y que asciende a cerca de 875 millones de euros, no vamos a dejar de incrementar nuestra inversión dentro del Sistema”.
Por su parte, la Viceconsejería de Servicios y Prestaciones Sociales crece en 27 millones desde 2015, hasta los 52,8 millones de euros; la Dirección General de Acción Social, se incrementa un 61 por ciento con respecto a 2015, con un presupuesto total de 97,2 millones de euros; y la Dirección General de Infancia y Familia tiene previsto sumar 30 millones de euros más a sus cuentas, hasta los 66,4 millones de euros, un 82,4 por ciento más que en 2015.
Por su parte, la Dirección General de Mayores cuenta con un presupuesto de 367,9 millones de euros, 116,6 millones más que en 2015, lo que supone un incremento de un 46 por ciento en estos años. Asimismo, la Secretaría General de la Consejería de Bienestar Social contempla 24,4 millones de euros en 2023.
Grado de ejecución de los presupuestos de 2022
En cuanto a la ejecución de los Presupuestos de 2022, la consejera de Bienestar Social ha explicado que, a 30 de septiembre, es de un 72,44 por ciento, “lo que representa 669,5 millones de euros, del total de diez programas ejecutados y teniendo en cuenta que a final del ejercicio su evolución será mucho mayor”.
Sobre esta cuestión, la diputada de Ciudadanos Elena Jaime ha lamentado la baja ejecución presupuestaria en algunos parámetros, limitándose a analizar cómo está yendo la marcha presupuestaria en este ejercicio, según recoge Europa Press..
Aunque en líneas generales se ha mostrado de acuerdo con la ejecución, ha citado algunos ejemplos con los que desde Ciudadanos no están satisfechos. De otro lado, ha propuesto que el pago en forma mensual que se plantea para que corporaciones municipales hagan frente a determinados servicios se extienda también a otras entidades que gestionan fondos de Bienestar Social para que puedan planificar mejor su actuación.
“Todos están sufriendo esta crisis, y los ayuntamientos tienen que hacer frente a ella”, ha señalado la parlamentaria ciudadrealeña.
El PP cifra en 800 millones la deuda del Estado en Dependencia
De parte del Partido Popular, Vicente Aroca, ha criticado que las áreas de Atención a Personas Mayores y Dependencia bajan cuantía presupuestaria, al tiempo que ha calculado que el Estado debe 800 millones de euros por el sistema de dependencia, en el que “siguen esperando más de 9.000 personas para ser valoradas”.
Sobre la ayuda a domicilio, ha alertado de que en los últimos años no se han movido los precios de concertación con los ayuntamientos, además de que “siempre se firman los convenios entre julio y septiembre”, lo que provoca que los consistorios mantengan el servicio a costa de sus propios recursos.
Ha propuesto la creación de un Observatorio de la Familia y la Infancia, al tiempo que ha lamentado que el Ingreso Mínimo Vital no esté llegando con agilidad.
Finalmente, el diputado del PSOE Pablo Camacho, de su lado, ha puesto en valor en primer lugar el hecho de que el sistema de dependencia se haya fortalecido hasta aumentar un 84% el número de beneficiarios totales en los últimos siete años, datos a los que hay que sumar el 70% más de prestaciones totales, una subida de más de 80.000 aportaciones.
Continuando con los cálculos de dos legislaturas, ha apuntado que los recursos económicos que han ido a parar a Bienestar Social se ha elevado hasta conseguir un presupuesto que “nunca había sido tan alto”.
Otro de los datos económicos más relevantes resaltados por Camacho son los 19 millones de euros “para financiar el Estado de Bienestar”, lo que para el diputado es “seña de identidad” del Gobierno regional.