La localidad toledana de Retamoso de la Jara ha celebrado un nuevo encuentro estatal de la Plataforma Stop Ganadería Industrial con el foco puesto, entre otros asuntos, en el fin del periodo de moratoria para la instalación de macrogranjas en Castilla-La Mancha, previsto para el 31 de diciembre de 2024, pero también con la “preocupación” de lo que consideran “la nueva amenaza” para los pueblos que está suponiendo la instalación de plantas de biogás. Y no solo en esta comunidad autónoma, porque proliferan proyectos por todo el país.
Inmaculada Lozano, portavoz de la Coordinadora estatal Stop Ganadería Industrial explica que el colectivo busca “nuevas estrategias” de acción ciudadana después de recibir asesoramiento técnico sobre este tipo de proyectos industriales.
Las plantas de biogás son consideradas por las administraciones públicas como un paso más en la transición energética, pero Stop Ganadería Industrial cree que supondrá un nuevo “efecto llamada” a la instalación de macrogranjas en el medio rural.
Solo en Castilla-La Mancha, hace ya dos años, un informe de Greenpeace alertaba de que el 63% de las aguas subterráneas de Castilla-La Mancha estaban contaminadas por nitratos de origen agrario.
Por otra parte, el Tribunal de Justicia Europeo ha multado a España por esta razón y los magistrados reprochan a nuestro país -y por tanto a Castilla-La Mancha- que no se tomen medidas.
Este año el Ejecutivo castellanomanchego cambiaba la normativa de proyectos prioritarios para favorecer que los relacionados con el biometano se implanten en las zonas vulnerables por contaminación de nitratos y eso ha sido interpretado por parte de las organizaciones ecologistas como una forma de “abrir las puertas” a más ganadería intensiva. “Es todo lo contrario, endurecemos la normativa”, responden desde Gobierno de Page cuando se les pregunta.
La situación de Castilla-La Mancha no es la única sobre la que ponen el acento. “Nos preocupa la dejadez y la poca preocupación que hay por parte de las administraciones, sobre todo de la gestión del purín que producen estas instalaciones industriales”, incide Inmaculada Lozano.
“Seguiremos oponiéndonos a un modelo en el que no vemos decrecimiento. Seguiremos trabajando en unir lazos, somos muchos los pueblos que vemos esta amenaza de ganadería industrial y seguiremos vigilantes”.
Piden “una evaluación estratégica” del sector ante la moratoria que termina
Fue en enero de 2022 cuando el presidente de Castilla-La Mancha Emiliano García-Page anunció una “pequeña pausa procesal” frenando la instalación de nuevos proyectos industriales de ganadería en la comunidad autónoma. “No queremos, ni podemos prohibirlas pero están pasando demasiadas cosas en la normativa europea, en la ambiental y en la sensibilidad social”, decía Page en aquel entonces.
Sin embargo, los colectivos ciudadanos anti macrogranjas nunca creyeron en esta moratoria a la que han venido calificando de “coladero”, en alusión a distintas fórmulas, “troceando” de forma “tramposa” los proyectos.
En Retamoso de la Jara se ha celebrado el que supone ya el quinto encuentro estatal del colectivo que busca “unir lazos, darnos consejos y apoyo y además hablar sobre los logros conseguidos durante estos años y de las estrategias a seguir”, explicaba Lozano en declaraciones a elDiario.es Castilla-La Mancha
Más de 70 plataformas de toda España - cuatro nuevas este año- se han dado cita en esta localidad toledana cuyos vecinos llevan meses recaudando fondos -un total de 10.000 euros- para llevar a los tribunales la instalación de una macrogranja porcina con más de 7.000 animales en su pueblo y que está actualmente en construcción.
“Se va a seguir celebrando la semana de la lucha con nuevas acciones en toda España, y sobre todo en Castilla-La Mancha donde todas las plataformas se van a volcar por el fin de la moratoria, exigiendo una evaluación estratégica del sector”. Y concluye: “No bajaremos la guardia”.