Tirar comida. Es un gesto que muchas veces ni pensamos, casi automático, cotidiano, pero que multiplicado por millones de personas se convierte en una “tragedia”. No solo porque supone el desaprovechamiento de los recursos y atenta contra la soberanía alimentaria, sino porque también contribuye a la generación de residuos innecesarios en un mundo ya sobrecontaminado. Los colectivos, asociaciones e instituciones que trabajan en combatir el desperdicio alimentario constatan además que los datos para acercarse a este problema no son rigurosos ni sirven para asentar la base del problema.
Algunos apuntan que en todo el mundo se desperdicia un 30% de los alimentos que se producen para consumo humano, como precisa el IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático) pero hay fuentes expertas que consideran que el porcentaje puede ser mayor. Lo que sí está cifrado es que en España se tiran a la basura 7,7 millones de toneladas de alimentos al año, según el Ministerio de Agricultura, aunque Eurostat rebaja esa cifra porque utiliza métodos diferentes de medición.
Cualquier de estos datos contrasta con aquellos que indican que el número de personas que padecen hambre en el mundo alcanza los 690 millones de personas, el 8.9% de la población mundial, según la FAO. “Esto es una realidad humanamente insoportable”, afirman de Naciones Unidas.
“Es difícil gestionar un problema que desconocemos por completo. Además, estudios recientes que hemos llevado a cabo en algunos territorios dentro de España, muestran que, aunque hay empresas y entidades muy implicadas contra el desperdicio alimentario, también hay actividades económicas que no quieren hablar sobre esta problemática, ya que se ve como un problema que les puede manchar su reputación como marca”, explica al respecto Enraíza Derechos, la ONG responsable de la iniciativa #YoNoDesperdicio.
Su trabajo diario está encaminado a “darle la vuelta” a esta falta de concienciación: ver el desperdicio “como una oportunidad de mejora como empresa/entidad” ya que “al reducir el problema en cada empresa, lo minimizamos también como todo un territorio”.
Actualmente la ley estatal del Gobierno central está pendiente de tramitación en el Congreso. En paralelo, las comunidades autónomas han ido dando luz verde a diferentes estrategias autonómicas. Bajo el paraguas de estas orientaciones, una de las iniciativas locales que más éxito está cosechando en España en cuanto a la aplicación a pequeña escala de la esta filosofía es Red Alimenta en Toledo.
En la ciudad de Toledo, con 78 voluntarios, Red Alimenta recoge de media casi 40 kilos de comida diaria, mochila a mochila, y la redistribuye entre quienes la necesitan. Llegan a más de 200 personas. Desde el mes de marzo un grupo de organizaciones y activistas preocupados por el desperdicio de alimentos también están trabajando para acompañar la gestación de una ley que ponga freno a un problema de “enormes dimensiones” que también contribuye al cambio climático, supone importantes pérdidas económicas y se convierte en una “dramática paradoja” cuando 828 millones de personas en el mundo padecen hambre.
La normativa llega tarde
Por ejemplo, en Red Alimenta consideran que la Estrategia castellanomanchega es más ambiciosa que el proyecto de ley pendiente de tramitación. Se debe a que la iniciativa autonómica está basada un decreto de 2019 destinado a reducir el desperdicio de alimentos, renovado además el pasado mes de agosto.
A través de esta normativa se facilita la redistribución de alimentos en esta comunidad autónoma. “Es precursora e innovadora”, consideran. Detallan que también en Catalunya se han aprobado leyes con medidas vinculantes (2020) , cuyo valor legal “se sitúa por encima de normas reglamentarias o medidas estratégicas, lo que supone un plus en la lucha contra esta lacra”.
Sin embargo, apunta que toda la normativa llega tarde en tanto que la meta 3 del Objetivo 12 de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) es reducir de aquí a 2030 la mitad del desperdicio de alimentos per cápita mundial. “Ni las medidas introducidas son suficientes, ni existe un modelo de medición del excedente alimentario unitario como para poder computar el posible cumplimiento”.
¿Por qué no se avanza? Las dificultades burocráticas, la ausencia de registro de este tipo de asociaciones y la falta de colaboración de instituciones a nivel local que “no muestran demasiado interés hacia nuestra labor a pesar del movimiento vecinal” son algunos de los motivos. Pero una traba fundamental que señala este colectivo es “la falta de implicación de muchos locales de hostelería en tanto que consideran que donar el excedente puede suponer una carga más a sus tareas cotidianas o no lo consideran prioritario”.
“Lo primero es la concienciación de toda la sociedad y particularmente la educación de las nuevas generaciones en los colegios porque en ellos está la llave del cambio. Solo desde el convencimiento, creando una auténtica cultura, se puede introducir la normativa necesaria en una sociedad. Y para ello, son las propias instituciones públicas los que han de dar ejemplo, introduciendo buenas prácticas en comedores y centros de restauración de los edificios públicos, colegios, hospitales, así como criterios de licitación en los contratos públicos, para que las empresas que contratan con las distintas administraciones sean las primeras concienciadas”, argumentan.
“No es lo mismo prevenir que redistribuir”
Parte de esta filosofía imprega también los objetivos de Enraíza Derechos, que a su vez pide más concreción sobre dónde y cuánto se quiere reducir el desperdicio. Apunta que fallan tanto la estrategia castellanomanchega, supuestamente pionera: sitúan la redistribución de alimentos “como piedra angular” cuando “no es lo mismo prevenir que redistribuir”.
La ONG destaca en este sentido el Plan Bon Profit de la Comunitat Valenciana, que está aportando metodologías novedosas e innovadoras en varios campos: desde la medición del desperdicio alimentario en la producción primaria, a la identificación de las actividades económicas con posibilidad de generar desperdicio alimentario en la región, en toda la cadena o las actividades relacionadas con la sensibilización en las aulas.
Porque una medida fundamental, apuntan en la ONG, es la cuantificación. Para que la ley tenga impacto tiene que haber “un compromiso de diagnóstico riguroso en todos los eslabones de la cadena” y “es fundamental que todos los agentes de la cadena alimentaria estén involucrados. Junto a ello, si se quiere prevenir la generación de desperdicio alimentario, es importante crear incentivos para que los agentes de la cadena agroalimentaria se pongan a ello, porque en ·muchas ocasiones es más barato desperdiciar que evitar el desperdicio”.
“Es necesario parar este derroche de recursos, no nos lo podemos permitir como sociedad. Desde luego, si queremos frenar el impacto ambiental de nuestras acciones, nada tendría más coherencia que empezar por eliminar los desperdicios innecesarios. Para ello, hay que fomentar líneas de colaboración entre todos los eslabones de la cadena, analizar las complejidades y las interacciones existentes antes de proponer soluciones”, remarcan en Enraíza Derechos.
Afirman que hay que evitar seguir culpabilizando de este problema exclusivamente a los hogares. “Es mejor avanzar en conocer el problema de manera integral y actuar en consecuencia. Esperamos que la sociedad sea crítica con los pasos que se den al respecto, para que se puedan dar con la suficiente ambición que se precisa”.
De hecho, un actor fundamental en el que se pone el foco para combatir esta problemática es el sector de producción y distribución de comida. A este respecto, la Asociación de Fabricantes y Distribuidores AECOC tiene en marcha la campaña “La Alimentación no tiene desperdicio” desde hace diez años, una iniciativa de colaboración con tres objetivos principales: establecer prácticas de prevención y eficiencia a lo largo de toda la cadena alimentaria, que maximicen el aprovechamiento de los recursos; maximizar el aprovechamiento del excedente producido a lo largo de las diferentes fases de la cadena de valor (redistribución, reutilización y reciclado); y eensibilizar y concienciar a la sociedad sobre este problema.
La iniciativa cuenta con el apoyo de más de 700 empresas fabricantes y distribuidoras del sector del gran consumo, operadores logísticos y de transporte, asociaciones empresariales, organizaciones de consumidores e instituciones.
Las normas incentivadoras, como la italiana, obtienen mejores resultados que las sancionadoras
“A lo largo de estos diez años de trabajo hemos mantenido diálogo permanente con las administraciones (especialmente en el caso de Catalunya y también con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación) para conocer el enfoque de las propuestas legislativas y aportar nuestra visión. Los únicos países en Europa que han regulado el desperdicio alimentario son Italia y Francia, y su experiencia muestra como las normas incentivadoras, como la italiana, obtienen mejores resultados que las sancionadoras”, afirman fuentes de esta asociación.
Argumenta que pese a sus recomendaciones, la norma prevista en España estipula sanciones de hasta 500.000 euros por incumplimientos, si bien el Ministerio ha reiterado en diversas ocasiones que estas sanciones se reservarán para aquellas compañías “que no muestren voluntad alguna o compromiso con la reducción de un problema que, desde luego, exige del esfuerzo y la colaboración de todos”.
La ley exige también a las empresas disponer de un plan de prevención de la pérdida de alimentos, así como de los mecanismos necesarios para donar o dar una segunda vida a los excedentes alimentarios. Se trata de objetivos que desde AECOC “no sólo compartimos sino que llevamos años trabajando con las empresas adheridas a nuestra iniciativa y en los que seguiremos trabajando para ayudar a todas las empresas (en especial a las pymes) a cumplir con los nuevos reglamentos”.
¿Se desperdician igual los lácteos que las frutas?
Por último, el contexto también ayuda. La campaña “Aquí no se tira nada” del Ministerio de Agricultura establece una serie de conclusiones a tener en cuenta: existe mayor concienciación por parte de los hogares para reducir su desperdicio, lográndolo con un 8,6% menos de volumen desperdiciado aunque con un comportamiento dispar entre productos con y sin elaborar.
Añade que debe prestarse especial atención al aprovechamiento de los lácteos, principalmente quesos y postres; y de las bebidas, en especial, de los zumos. Por otra parte, aunque precisa que las frutas han tenido un buen aprovechamiento durante 2021, debe seguirse trabajando en concienciar a los hogares para evitar su desperdicio, especialmente entre aquellos hogares que mantienen un perfil más adulto.
Considera necesario, por tanto, “continuar la labor de sensibilización y educación de los hogares en el control de los productos frescos perecederos y no perecederos”, y su aprovechamiento tras la implementacion de las nuevas rutinas tanto de trabajo como de consumo fuera de casa“.
Hace hincapié en una mejor planificacion de los platos, menús y cantidades, especialmente entre personas mayores de 65 años. “Seguir poniendo en valor las materias primas entre aquellos hogares más pequeños tanto de jóvenes como de adultos, poniendo el foco en frutas, bases para cocinar y lácteos, es esencial para avanzar en la reducción del desperdicio”, concluye.