Los funcionarios piden paralizar la Ley de Simplificación Administrativa de Page: protestas en toda Castilla-La Mancha

La Junta de Personal Funcionario de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha denunciado este miércoles que la Ley de Simplificación, Agilización y Digitalización Administrativa que pretende aprobar el Gobierno regional abre la puerta a la privatización de los servicios públicos de la comunidad autónoma. 

Los representantes del colectivo han salido a la calle en las cinco provincias para reclamar que se paralice esta normativa, actualmente en manos del Consejo Consultivo de la comunidad autónoma, y que el Gobierno de Emiliano García-Page espera llevar al Parlamento regional el próximo mes de marzo.

“Desde que comenzara la legislatura actual hemos ido escuchando por parte del presidente de la Junta de Comunidades, así como de algún que otro integrante de su ‘comitiva’, lemas y consignas como 'poda administrativa', 'poda burocrática', 'revolución administrativa'... ”, lamentan los funcionarios que critican que García-Page presuma de la “colaboración público-privada sin complejos”.

En concreto se pone sobre aviso sobre la introducción de la figura de las entidades colaboradoras, por ejemplo a la hora de agilizar trámites urbanísticos, como ya se anunciase hace ahora un año.

En su opinión, la “realidad” es que la futura ley “amenaza con dar una patada a la variable pública del binomio público-privado”. Subrayan que son muchos los ámbitos en los que, explican, “potestades públicas elementales se pueden ver en manos privadas y el mero riesgo de que ello ocurra nos obliga a posicionarnos”. 

Creen que “no sólo se deteriorarán los servicios públicos, sino que estas entidades se financiarán cobrando una prestación económica a la ciudadanía que requiera sus servicios. Es toda la sociedad de nuestra comunidad autónoma la que sale perdiendo”, sostienen. 

También aclaran que están a favor de una Administración pública “más moderna y ágil, pero nunca a costa de debilitar la estructura pública abriendo sus compuertas de par en par a entidades privadas”, algo que ayer mismo negaba el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina.

“Los servicios públicos no se venden, se defienden”, ha sido el lema de las movilizaciones este miércoles.