La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha lamentado que los sindicatos y la asociación profesional de agentes medioambientales (APAM) hayan pedido su dimisión aludiendo a la negativa de del Gobierno de Castilla-La Mancha a negociar el reglamento que debe regir la actividad laboral del colectivo, desarrollando la normativa nacional, y se ha mostrado confiada en llegar a un acuerdo con los representantes de los trabajadores.
A preguntas de los medios en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno, Gómez ha afirmado que si se pregunta directamente al colectivo de agentes medioambientales de la región, más de 530, no cree que piensen lo mismo porque “tienen hoy a su disposición más medios que nunca para poder desarrollar su trabajo”.
Aduce que la ley nacional da un año a las comunidades para desarrollar el reglamento
En este sentido, ha señalado que la Consejería del ramo, tras la reciente ley aprobada por el Gobierno de España que afecta a los agentes forestales y medioambientales que da un año a las comunidades autónomas para desarrollarla, ha propuesto una modificación del reglamento regional para que se acondicione a esta norma.
En concreto, ha asegurado que lo que se traslada en este reglamento es una mejora en cuanto a la distribución territorial de los agentes medioambientales de la región en las demarcaciones territoriales donde se sitúan. “En ningún caso variando el número de agentes necesarios”.
“Independientemente de los agentes que hoy tenemos, aspiramos a tener más y en eso, lógicamente, coincidimos plenamente con lo que reclaman los sindicatos, porque hay que tener en cuenta que su labor es con el medio natural y el medio ambiente”, ha argumentado.
La consejera ha afirmado que aún no se ha iniciado “ningún tipo de negociación”, que le corresponde a la Mesa de la Función Pública. “Pero, lógicamente, un reglamento es un decreto y los decretos llevan esa información pública y es lo que hemos iniciado”.
Por ello ha pedido a los sindicatos que hagan las consideraciones que tengan a bien hacer en los ámbitos de negociación que están establecidos para la función pública. “Se verán, se valorarán y lo que se pueda, pues, evidentemente, se incorporará porque a este Gobierno le gusta el diálogo y la transparencia”.
“Tenemos un año para poder llevar a cabo este reglamento y espero poder alcanzar el consenso y el acuerdo de todos los sindicatos”, ha concluido.