No eran tiempos ya de latifundios. Al menos de cara a la galería. La democracia española llevaba casi diez años en marcha tras la dictadura franquista y la gestión de los recursos naturales se había dotado de algunos mecanismos, todavía algo rústicos, para impedir su expolio, como la Ley de Aguas de 1985. Pero la figura de los terratenientes o latifundistas en algunos pueblos de la España rural poco había cambiado en algunos casos, como todavía hoy se repite y se denuncia.
En la provincia de Ciudad Real, muy cerca del límite con Albacete, en la España seca entonces y ahora, los vecinos y vecinas de un pueblo entero no mataron a ningún comendador pero sí fueron un “Fuenteovejuna manchego” entre 1987 y 1988. Porque fueron todos uno, una sola entidad: el pueblo.
En este mes de marzo hace 36 años que protagonizaron una auténtica revolución contra tres fincas privadas, aguas arriba del río, cuyos pozos desecaron sus manantiales naturales. En Villanueva de la Fuente, municipio con el nombre de su río, nunca jamás se habían secado sus rebosadores naturales ni sus emblemáticas fuentes hasta que estos “señoritos”, como así los siguen llamando, levantaron varios postes eléctricos para la conducción hídrica de las aguas.
La historia de Villanueva de la Fuente entre los años 1987 y 1988 fue la de una auténtica “guerra del agua” en defensa de su río homónimo. No la de los mensajes políticos cruzados que hoy protagonizan entre sí los dirigentes públicos. Fue una “guerra local de verdad”, subrayan sus vecinos y el que entonces era su alcalde, el socialista Juan Ángel Amador. Con ese nombre se recuerdan aquellos hechos y con ese nombre se rinde homenaje a esta revuelta décadas después.
El río Villanueva (en el pueblo se le conoce por su nombre más corto) nace del Acuífero 24, al pie del pueblo, en tres potentes manantiales: Pilar Grande, Pilarete y Pilar del Huerto. Su caudal riega las vegas del municipio con una extensión de unas 1.500 hectáreas y desemboca varios kilómetros más abajo por la orilla derecha en el río Guadalmena, en la cuenca del Guadalquivir.
Ese cauce siempre ha sido esencial para la vida en el municipio. El río más importante del mencionado acuífero precisamente debe su nombre a las fuentes del pueblo y data del año 1565, con Felipe II, un reflejo de la importancia del agua para el pueblo.
Nunca jamás se había secado. Hasta que de un día para otro el río empezó a bajar su volumen. El motivo: en una explotación cercana conocida como ‘Finca el Cuartico’, cuyo dueño era la empresa EDES S.A, propiedad del duque del Infantado, se empezaron a cultivar campos de maíz sobre pedregales, sobre tierra seca.
Al ser un cultivo de regadío, en la finca se realizaron obras para su extracción. Hasta que el río se secó y el agua dejó de llegar a las emblemáticas fuentes y de llenar los botijos del municipio. Dos fincas del ganadero Samuel Flores también iniciaron estas extracciones.
En julio de 1987, los alcaldes de Montiel, Villahermosa, Villanueva de la Fuente y Albaladejo denunciaron públicamente que el ganadero Samuel Flores y el duque del Infantado eran los culpables de la sequía que asolaba la comarca, por el regadío en tres fincas privadas. Y los vecinos achacaban su escasez de agua a una “extracción continuada mediante pozos sin licencia”.
A principios de agosto los hechos ya eran un clamor y todos los alcaldes afectados convocaron a la ciudadanía a mesas informativas para exponerles lo sucedido y planear manifestaciones, tras la falta de respuesta del entonces Gobierno civil de Ciudad Real. La primera de las movilizaciones fue el día 8 de ese mes, en la carretera nacional que une Villanueva con Villahermosa.
Una “inminente desertización”
Con ello pedían oficialmente que terminaran las extracciones y se declarara “sobreexplotado” el Acuífero 24 ante la “inminente desertización” de la provincia. La propuesta llegó hasta el Ministerio de Obras Públicas mientras los pueblos se echaban a la calle, con Villanueva de la Fuente como centro neurálgico. Más de 7.000 personas se manifestaron, en ese momento de forma pacífica, a pie, con coches, tractores y motos.
Con ese mismo pacifismo, los habitantes de los pueblos, junto con sus alcaldes, entregaron comunicados a las puertas de las fincas privadas que usaban el agua. Solo unos días después, la Federación Agraria y los dueños de las fincas solicitaron al Gobierno civil más seguridad para sus terrenos. No en vano, el presidente entonces de la Federación Agraria, Pedro Barato, fue declarado persona non grata por los cuatro alcaldes que lideraban la protesta.
“Fueron momentos complicados. El PSOE había ganado las elecciones en el pueblo por tres votos y yo me encontré con esta situación casi recién nombrado alcalde. Los pozos se habían hecho un año antes de la Ley de Aguas de 1985. Había sequía pero lo que pasó no fue solo por eso, fue por la sobreexplotación del acuífero fuera de los parámetros normales de los pozos artesanales”, rememora Juan Ángel Amador.
El regidor, con 38 años entonces y recién llegado al cargo, averiguó que el duque del Infantado ya había protagonizado un episodio similar en la localidad sevillana de Marinaleda. Así se lo comunicó su homólogo, Juan Manuel Sánchez Gordillo. “Todo se veía venir. Contra los pozos que regaban las vegas del pueblo, los minifundios, se levantaba una amenaza”.
El mes de agosto seguía calentando y desecando las fuentes naturales de Villanueva. Continuaban las medidas para el uso restrictivo del agua y el 17 de agosto, vecinos y vecinas de este pueblo cortaron la carretera comarcal. Unos días antes habían derribado postes del tendido eléctrico que proporcionaba energía a la finca del Duque del Infantado. Con esta nueva protesta impidieron que los técnicos de Unión Eléctrica-FENOSA los repararan.
Esos postes parecían haberse convertido en el símbolo de nuestra desgracia
Los postes derribados eran los encargados de conducir la energía eléctrica hasta los pivotes que regaban la finca de casi 1.000 hectáreas. “Esos postes parecían haberse convertido en el símbolo de nuestra desgracia”, cuenta Ana, vecina descendiente de quienes estuvieron allí.
El alcalde ya dejaba claro entonces que en el pueblo existía una “gran tensión”, mientras en paralelo mantenía reuniones con las administraciones para intentar solucionar el problema. Por entonces también se pronunció el presidente de Castilla-La Mancha, José Bono, proclamando el derecho de la ciudadanía a defender el agua.
A finales de agosto, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir anunció que comenzaban los trámites para declarar la “sobreexplotación” del Acuífero 24, tras reuniones previas entre las comunidades de regantes, las administraciones y los propietarios de las fincas.
Pero el río Villanueva seguía seco y la escasez de agua era una constante en el pueblo en pleno mes de agosto. La ciudadanía no veía las soluciones y seguían impidiendo la reparación de los postes eléctricos derribados. Unas 2.000 personas protagonizaron una nueva movilización en la que además prendieron fuego a dos martillos hidráulicos.
El asunto acabó en los tribunales mientras que el alcalde declaró que él estaba “con su pueblo” y que el agua “era del pueblo”, aunque defendía las manifestaciones “pacíficas”.
El asunto quedó en pausa con la llegada del otoño. Pero la cuestión es que transcurrieron los meses y en enero de 1988 el Acuífero todavía no había sido declarado como “sobrexplotado”. Así lo volvieron a demandar las comunidades de regantes debido al descenso del nivel freático de las aguas y su consecuente problema de suministro para las localidades de la comarca.
La reparación de los postes eléctricos: la espita
En marzo de ese mismo año, el Ministerio de Obras Públicas ya apremiaba a la regulación de las extracciones de agua en el Campo de Montiel. También salió a la luz un informe hidrogeológico del Ministerio realizado tras las protestas del verano anterior con una serie de recomendaciones para compatibilizar el riego tradicional con el abastecimiento. No mencionaba explícitamente las operaciones de extracción de los dueños de las fincas que generaron las protestas y se anunció la reparación del suministro eléctrico para estos terrenos.
Eso fue la espita. A finales de marzo de 1988 y sin soluciones sobre la mesa, regresaron las protestas, ahora más violentas, para impedir que se levantaran los postes. Hasta 12 heridos y cuatro detenidos se produjeron en la manifestación del día 24 de ese mes. Vecinos y vecinas cortaron los accesos al pueblo con barricadas de fuego y se enfrentaron a la Guardia Civil, que llegó con agentes a caballo, y con los antidisturbios enviados desde Madrid. Esa fue la respuesta policial que decidió el entonces ministro del Interior, José Barrionuevo.
“Fue una batalla campal. Los vecinos los vieron a caballo y apostados en las inmediaciones del pueblo y les arrojaban de todo, piedras, objetos, todo lo que encontraban cada vez que cargaban contra ellos. Todavía recuerdo el olor de los botes de humo”, cuenta José Antonio, que por entonces tenía ocho años. Los niños no fueron al colegio, pero se quedaron al margen de las protestas y recogieron después las pelotas de goma lanzadas por los antidisturbios.
Hubo un momento en que los ánimos “se caldearon”: “Pegaron a chavales bastante jóvenes y los vecinos fueron a por las escopetas y armas de caza, pero el alcalde los interceptó, los paró y los calmó”, relata.
“No todos los agentes estuvieron en la batalla campal, muchos se quedaron al margen, otros apostados en las afueras y la Guardia Civil de Villanueva ni siquiera quiso intervenir en esos días de marzo. Pudo ser algo desproporcionado, pero muchos ni siquiera quisieron cargar contra la gente”, precisa por su parte el exalcalde.
Por la tarde, los manifestantes retiraron las barricadas después de que su alcalde suspendiera la colocación de los postes eléctricos de las fincas privadas mediante un Decreto municipal. El regidor local también solicitó la retirada de las fuerzas del orden público que habían hecho “aumentar la tensión” con las cargas sobre la población.
“Estuve dándole vueltas durante horas. ¿Podían reponer unos postes que habían sido derribados seis meses antes? ¿Valía la misma licencia municipal? Me miré el Reglamento de la Ley del Suelo, lo vi claro y mandé paralizar la obra. Cuando el Gobernador civil lo supo, suspiró y vio los cielos abiertos para retirar las fuerzas del orden. Porque aquello era un callejón sin salida y nadie quería que fuera a más”, recuerda el exalcalde.
Prácticamente un mes después se aprobó el Real Decreto 393/1988 por el que se establecieron medidas para el Campo de Montiel y entre ellas la más importante: se declaró “sobreexplotado” el Acuífero 24. “Habían entendido el mensaje, la ecología empezó a tomar fuerza desde entonces y se desactivó el conflicto”, refiere Juan Ángel Amador.
Las protestas se trasladaron un mes después a los juzgados de la localidad vecina de Villanueva de los Infantes, cuando los vecinos fueron a apoyar a los conciudadanos llamados a declarar por los enfrentamientos de marzo con la Guardia Civil. El Ayuntamiento siempre los defendió. Cuando el alcalde tuvo que declarar, condenó la violencia pero nunca culpó a nadie en concreto. En su opinión “fue el pueblo, como en Fuenteovejuna”.
Fenosa intentó por todos los medios judiciales que decayera el decreto municipal que impedía la reparación de los postes, pero finalmente la Justicia ratificó esta iniciativa municipal y las obras quedaron paralizadas, se prohibió el riego de la finca y se precintaron las obras y los pozos ilegales de ‘El Cuartico’. Aunque la red eléctrica para el suministro de agua se hizo tiempo después a través de otro pueblo. Porque el Ayuntamiento de Villanueva de la Fuente nunca volvió a dar licencia para ello.
El alcalde celebró la defensa de la “política social”, por encima “de cualquier otro planteamiento conservador que lo único que pretende para unos pocos es riqueza y plusvalía para hoy, aunque para todos desolación y hambre para mañana”, según publicó en el diario ‘Lanza’.
Puede repetirse la historia. Puede volver a pasar con el mantenimiento de esas grandes fincas
Ahora, 36 años después, y “en esos días de marzo”, Juan Ángel Amador, que está recabando datos para publicar la historia de los 600 años de su pueblo, opina que si las corporaciones de esa zona del Campo de Montiel no permanecen “expectantes y vigilantes” para conservar el agua natural del Acuífero 24 que drena los recursos naturales, “puede haber otro problema en el futuro”. “Puede repetirse la historia. Puede volver a pasar con el mantenimiento de esas grandes fincas. Yo ya quemé las velas en la lucha por mi pueblo”, concluye.
El río Villanueva nunca jamás se ha vuelto a secar. “Fue nuestro triunfo. Fue nuestra lucha. Estamos orgullosos y se lo contamos a nuestros nietos para que ninguna generación permita que algo así vuelva a pasar”, afirma María del Carmen, una de las personas que estuvieron presentes en aquellos disturbios.
Parte de estos hechos los recoge en el libro 'La sed' la periodista y antropóloga originaria de Terrinches (Ciudad Real) Virginia Mendoza. Lo presenta este sábado, día 30 de marzo, en Villanueva de la Fuente. En el centro neurálgico de una comarca que sigue recordando su historia para no repetirla.