La Federación Regional de Empresarios de Papelerías y Librerías de Castilla-La Mancha ha mostrado su “profundo descontento y preocupación” ante la “falta de respaldo y consideración” por parte de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes respecto al Banco de libros. “Nos entristece profundamente que las opiniones y aportes de las librerías de la región no hayan sido tenidas en cuenta en la elaboración de dicho decreto”, han lamentado, puntualizando que están de acuerdo con el acceso gratuito a la educación a través de esta iniciativa.
Sin embargo, la Federación se ha mostrado “en total desacuerdo” con la gestión realizada por la Consejería al excluirles, dicen, como distribuidores de libros, al imponer “de forma unilateral” exigencias de precios que les colocan “en una situación complicada que hace muy difícil el cumplimiento de la norma”. En este punto, señalan que el precio máximo fijado por la Junta para los libros de Primaria y Secundaria obligaría a las librerías a “vender a pérdida”, ya que el precio de venta aplicado a los libros es inferior al de adquisición según factura, lo que iría en contra de la Ley de Comercio Minorista al vender por debajo del coste.
Del mismo modo, critican que en los libros de Bachillerato, sometidos a la Ley del libro de precio fijo, y siendo el descuento máximo aplicable a los centros públicos del 15%, se hace “imposible” ajustarse al precio decidido de forma unilateral por parte de la Junta sin infringir la ley.
“La imposición de precios máximos por parte de la Junta de Comunidades pone en peligro la viabilidad de las librerías, es crucial que se revise esta situación y se establezcan medidas que permitan a las librerías cumplir con la ley y mantener su actividad económica”, afirman.
El gremio desconoce cómo ha llegado la Administración a esos “precios máximos” y lamenta que estos se hayan fijado de forma unilateral por parte de la Consejería pero, en todo caso, el importe máximo por libro “pone en serio peligro que las adquisiciones puedan ser declaradas desiertas al ser imposible que cumplan la ley, salvo que decidan saltarse la cadena del libro, algo que hasta día de hoy siempre hemos pensado que defendían”.
“Estamos dispuestos a colaborar con la Consejería de Educación, Cultura y Deportes presentando los documentos necesarios que justifiquen los costes de los libros y los catálogos de los editores. Es fundamental proteger el tejido empresarial de la región y garantizar el acceso de las familias a los libros de texto de forma justa y favorable para todos”, han proseguido.