La Asociación de Municipios Ribereños ha mostrado su “satisfacción” tras el acuerdo alcanzado por el Consejo Nacional del Agua y afirman sentirse “respetados” por el Gobierno de España. De este modo, han resaltado que el Ejecutivo “está defendiendo al Tajo como ningún otro Gobierno anterior” y han destacado también el papel de la Junta de Comunidades castellanomanchega, “que ha defendido los intereses de la región, de nuestro río y de nuestros municipios”.
“Respiran aliviados” tras la modificación de las reglas de explotación del Trasvase, ya que constatan una “tendencia, un nuevo paso en defensa del río Tajo y de sus municipios”. El acuerdo del nuevo Plan Hidrológico “atiende a las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo”, recalcan. De este modo, han señalado que la “fijación” de los caudales ecológicos “obligará” a elevar también la lámina de agua en Entrepeñas y Buendía y “reducirá por consiguiente” el volumen de agua trasvasada para poder garantizar la salud del Tajo, como defiende la Directiva Marco del Agua europea.
De todos modos, han advertido de que “seguirán trabajando para reducir todavía más los envíos de agua hacia la insostenible agroindustria levantina”, en palabras de su presidenta, María de los Ángeles Sierra. Unos envíos que califican de “dañinos para el río Tajo y para el Mar Menor”.
Aprobación en el Consejo Nacional del Agua
El pleno del Consejo Nacional del Agua ha avalado los planes hidrológicos de cuenca para el periodo 2022-2027, con una inversión prevista de 22.926 millones de euros para ejecutar las más de 7.000 medidas previstas, y que plantean una reducción en las asignaciones de agua para el conjunto de las demarcaciones intercomunitarias. Ahora deberán presentarse en el Consejo de Estado y finalmente ante el Consejo de Ministros para su aprobación definitiva antes de final de año, cuando se deberá remitir a Bruselas.
El nuevo ciclo de planificación se centrará, ha explicado el Ministerio, en “la adaptación al cambio climático y las mejoras que se han incorporado en este nuevo reglamento” y que “buscan incluir esta variable en la planificación hidrológica y garantizar la unidad y coherencia normativa en todo el territorio”.
Según ha justificado el departamento liderado por Teresa Ribera, las alteraciones del régimen hídrico que se producirán a medio y largo plazo en España, según las previsiones, “se traducirán en una importante reducción de los recursos hídricos y en un incremento de la frecuencia e intensidad de fenómenos extremos como sequías e inundaciones”.
Para el MITECO, los planes hidrológicos definen “unos caudales ecológicos más ambiciosos que aseguran la protección de las aguas y adoptan medidas para reducir las presiones que soportan, actuando sobre las extracciones de agua irregulares, la contaminación o la presencia de especies invasoras”, además de definirse “caudales ecológicos a todas las masas de agua”.