Ya hace más de cinco años desde la detención y posterior imputación de ocho activistas de la PAH por intentar frenar un desahucio dentro de una entidad bancaria de Caixabank en Cabanillas del Campo. Su caso volvió a salir a la luz cuando el Juagado de lo Penal de Guadalajara fijó la fecha del juicio para el 30 de noviembre de 2022, pero tras varios momentos de tensión, quedó aplazado debido a la huelga de los letrados de la Administración de Justicia.
Ahora, este juzgado vuelve a fijar nueva fecha, será el 5 de abril y a puerta cerrada. La circunstancia de que finalmente no vayan a poder acceder al juicio ni periodistas ni observadores de derechos humanos confirma las sospechas que las personas imputadas y su abogado tenían en la anterior fecha: la jueza instructora no quiere una audiencia pública sobre su caso.
El aplazamiento del juicio el pasado mes de noviembre hizo cundir el desánimo entre los acusados. “Es terrible que tengamos que seguir esperando, pero seguiremos hasta el final, hasta nuestra absolución”, comunicaban a elDiarioclm.es.
‘Los 8 de Caixabank’ no han parado de recibir apoyos durante los más de cinco años que llevan esperando un juicio que procede, afirman, de una “detención ilegal” y de un proceso “irregular”. Los han respaldado sindicatos, partidos políticos y colectivos sociales del Corredor del Henares y de toda la provincia, además de las Plataformas Antidesahucios y de la Plataforma Antirrepresiva de Guadalajara (PAH)
Los hechos se remontan a diciembre de 2017, cuando varios activistas trataron de paralizar el desahucio de una vecina de Cabanillas del Campo y sus dos hijos. Ahora, cinco años más tarde, ocho se enfrentan a penas de prisión que van de uno a tres años y siete meses de cárcel, acusados de delitos de allanamiento de establecimiento, resistencia a la autoridad, desobediencia, coacciones y desórdenes públicos.
Según los escritos de la defensa, el banco se había comprometido verbalmente a paralizar el desalojo a la espera de que se negociara un alquiler social, por intermediación del Ayuntamiento de la localidad. Se negaron a dejar por escrito los términos de este compromiso, por lo que los activistas decidieron acudir a la sucursal a pedir los papeles necesarios para ayudar a la mujer.
Petición de cárcel por “resistencia pacifica”
La respuesta de CaixaBank ante la aparición de los activistas en su sucursal, según explica la PAG y refieren los escritos de la defensa judicial, fue llamar a la Guardia Civil, que posteriormente se llevaría a los presentes detenidos tras un acto de “resistencia pacífica”. Para ellos se piden ahora penas de cárcel, tanto por parte del fiscal como por la acusación particular.
Ni en el atestado ni en las declaraciones de los agentes se refiere que la jornada se saldara con actos violentos. Es más, uno de ellos declaró durante la instrucción judicial que “no se enfrentaron de forma verbal ni violenta” y que “fue una resistencia pasiva”. Además, a requerimiento del Juzgado de Instrucción nº1 de Guadalajara, Caixabank fue instada a que aportara las cámaras de seguridad del día de los hechos, pero la entidad procedió a borrarlas: la entidad bancaria informó al juzgado de que las imágenes no se encontraban disponibles toda vez que fueron borradas al trascurrir el plazo de 15 días siguiendo la normativa establecida para las grabaciones de videovigilancia.
Fuentes de la entidad bancaria ya comunicaron a elDiarioclm.es que no ofrecería valoraciones sobre estos hechos mientras estuviera abierto el proceso judicial.
Las ocho personas imputadas insisten: en el caso de que no quede dictada su absolución, ya han anunciado que agotarán todas las instancias judiciales españolas hasta llegar, si es necesario, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. “No hay más camino que la absolución”, concluye cada uno de los imputados.
“Si se diese la misma situación a día de hoy, todas y cada una de nosotras volveríamos a repetir la misma acción, no nos arrepentimos”, afirmaron, al tiempo que consideraron el juicio como “un circo orquestado para acallar las protestas”.