El candidato del PSOE a la Presidencia de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha prometido que si revalida el cargo tras las elecciones autonómicas del 28M cambiará la normativa estatal para ampliar la edad de las mujeres que se benefician gratuitamente de los procesos de reproducción asistida en la región.
Actualmente esta edad es de 40 años, pero el presidente y candidato no ha especificado hasta qué rango de edad se ampliará si logra llevar a cabo esta medida. De hecho, también ha anunciado su intención de garantizar que pasen de tres a cinco los intentos que se realizan gratuitamente en la sanidad pública para este tipo de reproducción.
La normativa que regula estos procesos es estatal y data del 2006, pero fuentes del Gobierno castellanomanchego han precisado a elDiarioclm.es que la región, al tener transferidas las competencias sanitarias, puede modificarla. De hecho, ya lo hizo hace siete años. En 2016, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Castilla-La Mancha aprobó la garantía de acceso gratuito a técnicas de reproducción a todas las mujeres, independientemente de su orientación sexual, su estado clínico (sean fértiles o no) o de su situación afectiva (solas o con pareja).
Ayudas a la conciliación
Page ha realizado este anuncio en un mitin en El Casar (Guadalajara), tras defender las políticas de conciliación, en un momento en el que “las condiciones de vida y estándares a los que aspiramos hacen difícil a veces incluso que haya parejas y mucho más que puedan tener hijos y mucho más que haya familias numerosas”.
Tras detectar que hay parejas “que tienen problemas para procrear y tener niños” y que en ese ámbito hay “una necesidad”, ha querido comprometer estas medidas. A las mismas ha añadido que, “siempre con determinación médica”, aprobará que se amplíen de tres a cinco los intentos que están permitidos en estos procesos.
Además, también ha querido defender su promoción de la natalidad al afirmar que no habrá “conflictos” si la mujer se queda embarazada“, sobre todo en el caso de los autónomos. Así, ha comprometido una ayuda de hasta 1.200 euros al mes por la baja de maternidad, de paternidad o de embarazo de riesgo, ayuda que será complementaria con la del Estado, para facilitar un contrato de sustitución.