Cuatro son las exhumaciones que se han llevado a cabo en Guadalajara para dignificar y entregar los cuerpos de represaliados durante la Guerra Civil y la dictadura a sus familiares. Hasta ahora, se ha recuperado casi un centenar de cuerpos en la localidad, gracias al impulso de la llamada 'querella argentina', gracias a la jueza Servini y también a la emblemática lucha de Ascensión Mendieta. Pero todavía quedan más de 200 cuerpos por ser exhumados, en trece fosas comunes. Dos centenares de vidas de las cerca de mil que resultaron víctimas de la represión durante y en la posguerra, según las investigaciones del Foro por la Memoria de Guadalajara. “Lo que se llamó 'la justicia al revés': un golpe de Estado que terminó acusando de rebeldía y condenando a quienes habían defendido el sistema de Gobierno establecido legalmente”.
El grupo Aike Guadalajara en el Ayuntamiento de Guadalajara quiere que sea el Gobierno municipal el que se haga cargo de la exhumación de estos cuerpos. No, como ha sido hasta ahora, la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica. “Creemos que es el momento, porque el Gobierno ha subrayado su compromiso con la memoria histórica y vemos claras diferencias con el equipo municipal anterior. No podemos seguir dependiendo de las asociaciones para exhumar las miles de fosas que hay con miles de víctimas. Las administraciones pueden y deben tener un papel activo y es muy fácil hacerlo”, reivindica Susana Martínez, portavoz de Aike Guadalajara.
“Si seguimos esperando a que la ARMH venga a exhumar una fosa, y quedan trece, pues no vamos a acabar nunca”, lamenta. Y es que explica que la ciudadanía se acerca a las exhumaciones, que la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica abre al público para sensibilizar acerca de sus labores, y pregunta por los suyos. “Mi tío, mi abuelo, su primo, están en la fosa diez o en la once... ¿Cuándo me va a tocar?”.
“El tema es que la asociación no da abasto y en Guadalajara, realmente, ya está hecho el trabajo. Sólo queda ponerse a excavar, exhumar con los protocolos internacionales y hacerlo dignamente. Nosotros pedimos al Ayuntamiento que lo lidere y lo haga fácil de una vez por todas, pero que se cumplan todos los protocolos internacionales y fomentar así un acto de reparación y dignificación para las familias de las víctimas”, explica la concejal. Además, instan a aprovechar el anuncio de la placa que se pondrá en el cementerio en memoria de las más de 970 personas que yacen en el camposanto.
“Antes de dignificar, lo fundamental es devolver los cuerpos a las familias y este aprendizaje hemos podido hacer lo gracias al trabajo de las asociaciones memorialistas, de la ARMH”, recalca Martínez, que señala que no se puede obviar el fuerte componente emocional que supone la situación para las familias. “Tiene que ver con la vida, con la muerte, con que no se puede esperar. Es el momento para hacerlo”, insiste.
Es por eso que han registrado una moción para que sea el Ayuntamiento el que se encargue de los procesos de exhumación que siguen pendientes en la capital provincial. “No queremos esperar a que la ARMH pueda volver dentro de dos años. Queremos que sea el Ayuntamiento el que lidere y financie y que lo haga así lo que queda de legislatura”, afirma la concejala. Además, asegura que se puede hacer frente a un gasto de estas dimensiones. “Si es posible asumirlo por una asociación que se financia con donaciones, nosotros que somos una administración, ¿cómo no vamos a poder?”, se pregunta. También recalca que hay subvenciones puestas en marcha por el Ministerio de Presidencia y varios tipos de “mecanismos” para conseguir la financiación.
“Es algo totalmente abarcable, incluso para hacerlo en varias fases, pero la realidad es que una vez que está abierta una fosa, la exhumación se lleva a cabo en una semana. Es decir, se podría exhumar todo en unos meses en vez de unos años. Es desesperante, porque ves que los familiares no llegan. Así decía Ascensión Mendieta, que no iba a llegar a ver a su padre”, recuerda Martínez. “No podemos seguir con el mismo discurso que hemos tenido durante la transición y que los familiares de las víctimas se mueran sin tener los cuerpos, porque siguen enterrados donde así lo decidieron sus asesinos”, concluye.