El Consejo de Gobierno ha aprobado el anteproyecto de la Ley de Bienestar, Protección y Defensa de los animales, una iniciativa en la que la consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural ha trabajado en los últimos dos años de manera “muy minuciosa” y “responsable”. “Podemos decir con orgullo que he hecho lo que teníamos que hacer”, afirmó el consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo.
Ahora, el texto deberá ser enviado a Consejo Consultivo y también se abre la fase de consulta pública para que los ciudadanos y agentes sociales puedan hacer observaciones. Más adelante, se abrirá el debate con las fuerzas parlamentarias “para tener una ley moderna”. “Nos sentiremos orgullosos, nos va a poner a la vanguardia en la protección de los animales. Es una ley que nace con vocación de perdurar en el tiempo y sustituye a la ley que se quedaba obsoleta de 1991”, explicó Arroyo, que destacó su “grandísima” satisfacción.
La legislación afecta a todos los animales, con la excepción de los toros y otros animales en espectáculos de este tipo, así como aquellos en parques zoológicos. También se actualizan las sanciones que estaban en pesetas y partían de 1.000 hasta el millón. Ahora las sanciones más leves serán de 300 euros y la más alta, de 60.000 euros. También se incluye la creación de un consejo de bienestar animal en Castilla-La Mancha y un registro único de los animales de la región, que se gestionará por el Colegio de Veterinarios.
Entre otros, la ley plantea el fomento de la tenencia responsable de animales domésticos, así como los conocimientos en bienestar animal para quienes trabajan junto a ellos. Además, responsabiliza a los dueños de su salud. Además, se orientará la normativa de acceso de los animales al transporte público, hoteles y resturantes, para cambiar el modelo actual donde “estaba prohibido y sólo estaba permitido el caso en que se decidiera por parte del dueño”.
Ayudas para regantes
El Consejo de Gobierno ha aprobado también las bases de la Orden de Ayudas a la Mejora y Modernización de Regadíos en la región, que van destinadas a las comunidades de regantes y SAT ya constituidas y que cuenten con los derechos de agua. Martínez Arroyo ha destacado, en este sentido, que así se redistribuye la riqueza que trae el agua, lo que también promueve un modelo de “regadía social”. Para estas ayudas, tendrán prioridad las comunidades con mayor porcentaje de mujeres, de jóvenes y también de titularidades compartidas, así como aquellas que tengan mayor número de regantes dentro, menor superficie media por regante, así como zonas declaradas de interés general o regional.
Esto, señaló, cambia “drásticamente” lo que sucedió a lo largo de la legislatura pasada, denunciando así que no se invirtió “un sólo céntimo” en dichas políticas. Para esto, se han designado 31 millones de euros del Programa de Desarrollo Rural para realizar inversiones en un plazo de 12 meses.