Los concejales Jonatan Bermejo y Montaña Palacios, de Ciudadanos Talavera de la Reina, anunciaron esta semana que dejaban la oposición y se unían al equipo de Gobierno de Jaime Ramos (PP) en la localidad toledana. Se trataba, según informó el grupo local, de una maniobra que pretendía agilizar las gestiones del Ayuntamiento. El argumento se podía resumir en que “se aprueban muchas mociones pero no se llega a ningún sitio”. Sin embargo, la medida política fue rechazada inmediatamente por Ciudadanos Castilla-La Mancha.
La dirección regional envió un conciso comunicado en el que negaban que la decisión tomada por los ediles estuviese aprobada por el partido y se apresuraron a anunciar que se comunicaría a la comisión competente para la posible apertura de un expediente disciplinario, en el caso de “consumarse” la situación. Pero además, la formación quiso denunciar los “diferentes casos de transfuguismo a los que el Partido Popular está dando amparo en Castilla-La Mancha”. Y es que no es la primera vez que un miembro del partido actúa en contra de sus directrices.
Diputación de Guadalajara
Apenas dos meses antes del caso de Talavera de la Reina, la entonces diputada de Ciudadanos en la Diputación de Guadalajara, Yolanda Ramírez (en la foto principal), anunció que dejaba el partido pero que no dejaba el acta en la institución provincial. Esto, según apuntaron fuentes de Ciudadanos, era lo que la carta de garantías del partido requería. Ramírez no sólo no abandonó su puesto en la Diputación, sino que además mantiene un sueldo de 49.000 euros anuales. No se puede olvidar, tampoco, que la diputada se consideraba “la llave” que otorgó al PP la diputación alcarreña.
Un pleno provincial decidió que la exmiembro del partido naranja seguiría cobrando un sueldo de la institución, algo que los grupos socialistas y de Ahora Guadalajara calificaron de “claro transfuguismo”. Por su parte, el presidente de la Diputación, José Manuel Latre, defendía que no se había roto “ningún pacto” con esta decisión. En dicho pleno, se votó que Ramírez seguiría cobrando el sueldo, debido a un cambio en la normativa que permitía a los presidentes de las comisiones informativas recibir un salario. Ella preside la Comisión de Promoción Económica, Empleo y Bienestar Social.
El Casar (también en Guadalajara)
El PSOE calificó como el “caso B” de los ocurrido en la Diputación de Guadalajara lo que pasó a principios de marzo en el ayuntamiento alcarreño de El Casar. Por su parte, la portavoz de C's regional, Orlena de Miguel, instó tanto al PP como al PSOE la convocatoria del pacto antitransfuguismo, después de que la misma Yolanda Ramírez entrase a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento. En concreto lo que ocurrió en el municipio fue que cuatro ediles tránsfugas del partido naranja propiciaron que el Partido Popular siguiese gobernando
No sólo Ramírez entró en la Junta del Gobierno local, sino que también Juan Gordillo, concejal que fue expulsado del partido en julio de 2015. “Se ha consumado el noviazgo iniciado en la Diputación por el PP y Yolanda Ramírez”, sentenciaba la portavoz regional, quien también aseguró que se trataba de “otro fraude” a la democracia“ que el partido condenaba. Orlena de Miguel, además, acusó al PP de haber sigo ”actor y cómplice“ de una maniobra ”con el único objetivo de mantener su gobierno en ambas instituciones“.
Recas (Toledo)
Ciudadanos expulsó a una de sus dos concejalas de la formación en el Ayuntamiento toledano de Recas, Rosario Pascual, después de que pactase “individualmente” con el Partido Popular en contra del criterio del partido. Señalaron, nuevamente, el transfuguismo de Pascual, que la llevó al grupo de los concejales no adscritos en el municipio. En Ciudadanos, se mantenía Pilar Barroso, que junto con Pascual votó a favor del acuerdo de investidura que dio el Gobierno a Laura Fernández Díaz.
Sin embargo, fue en 2016 cuando la concejala tránsfuga decidió votar a favor de los presupuestos municipales de 2016, en contra de lo acordado por el partido. Además, el partido dio por roto el acuerdo de investidura y advertía, además, que quedaban desvinculados “por completo” de los órganos de gobierno y que, por tanto, pasaban a la oposición. Sin embargo, Pascual garantizaba la mayoría del PP en el Ayuntamiento.
Seseña (Toledo)
En Seseña, pueblo en el que gobierna Carlos Velázquez (PP), Ciudadanos también expulsó a los tres ediles de la formación naranja, después de que Fernando Ortega Consuegra, Silvia María Moreno (que no estaba afiliada) y Araya Ortega pasasen al grupo no adscrito de la localidad. Los ediles argumentaron que esta decisión se debía a la “intolerable injerencia” del ya excoordinador regional del partido, Antonio López.
López, por su parte, aseguraba que los concejales habían sido expulsados “un mes antes” de tomar la decisión de pasar al grupo no adscrito, debido a que no se ciñeron a los acuerdos impuestos desde la dirección nacional. “No entiendo cómo pueden decir ahora que son ellos los que deciden pasarse a concejales no adscrito”, criticaba el entonces coordinador, que también criticaba a los ediles por decidir “ir por libre”. Además, recordaba López, el PP se seguiría apoyando en ellos, ya que su “futuro” dependía de los exconcejales de Ciudadanos.