La Universidad de Nuevas Tecnologías ‘Fray Hernando de Talavera’, conocida popularmente con ‘la universidad privada de Talavera’, vive días convulsos y de incertidumbre tras verse envuelto el comisionado de la misma en una presunta trama de fraude a la Hacienda Pública y haber expirado el plazo para hacer frente a la fianza para la concesión demanial de los terrenos solicitados al Ayuntamiento de la Ciudad de la Cerámica.
Y es que Antoliano Rivas, la cabeza visible y representante del grupo inversor AMCA en Talavera, está acusado de participar, presuntamente, en un macrofraude de más de 18 millones de euros a través del Impuesto del Valor Añadido (IVA) y por el que el Ministerio Fiscal pide 18 años de prisión y una multa de más de 35 millones de euros.
A ello hay que añadir que nadie del grupo AMCA ni Rivas, como administrador de UNT4 Talavera SL, empresa creada exprofeso para realizar la implantación de la universidad privada en Talavera, habrían depositado en el Ayuntamiento los 132.000 euros de fianza -un cinco por ciento del valor estimado de 2,6 millones- para formalizar la concesión demanial por 75 años de los 25.000 metros cuadrados de titularidad municipal, situados en la zona de La Barrosa y en donde se iba a ubicar el primer edificio del campus universitario privado. Un primer paso indispensable y cuyo plazo expiró el pasado 1 de junio.
Aunque haya trascendido que la intención ahora es edificar en el término municipal de Pepino, la posibilidad anunciada en septiembre de 2017 de una inversión de 50 millones de euros, 350 puestos de trabajo, diez carreras y 3.500 alumnos, todo ello en el plazo de cinco años desde su puesta en funcionamiento, parece cada día más una quimera.
Ya son muchas las voces que demandan a las administraciones local y regional que pongan toda la atención en el proyecto, como lo hizo este viernes públicamente el coordinador de IU Castilla-La Mancha, Juan Ramón Crespo, durante su visita a Talavera.