El caso de varios veterinarios que denunciaron prácticas de maltrato animal en el antiguo matadero que la empresa Incarlopsa tenía en Tarancón (Cuenca) ha vivido hoy un nuevo episodio en las Cortes de Castilla-La Mancha para enquistarse todavía más y entrar en bucle.
El diputado de Podemos, David Llorente, ha vuelto a plantear -han sido varias similares en las últimas semanas- una pregunta oral al consejero de Sanidad, Jesús Fernández, sobre “veterinarios funcionarios de la Junta de Comunidades”.
Llorente le ha recordado que el pasado 19 de abril ya preguntó sobre “quién era responsable de haber expedientado y apartado de su puesto de trabajo a los veterinarios funcionarios de la Junta que denunciaron incumplimientos de la normativa de bienestar animal por parte de Incarlopsa”. La respuesta entonces fue la negativa de que existiera tal expediente.
El diputado de la formación morada ha llevado hoy a las Cortes un documento con la “Resolución del expediente disciplinario nº 2/2016”, fechado el 19 de diciembre de 2017“. David Llorente se ha dirigido al titular de Sanidad para afirmas que ”las mentiras tienen las patas muy cortas, sr. consejero. En ese expediente se dice literalmente que “se incoa por la Dirección Provincial de la Consejería de Sanidad de Cuenca (…) expediente disciplinario” y se adopta la medida (cautelar) de apartar a estos funcionarios de su puesto de trabajo.
Ha recordado el diputado de Podemos que tras esa Resolución, el veterinario afectado presentó recurso contencioso-administrativo contra la Dirección Provincial y, tras una sentencia desestimatoria en primera instancia, se presentaba recurso de apelación. Fue entonces cuando el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha dictó sentencia firme contra la Junta “en la que se dice literalmente que apartar de su puesto de trabajo a los dos funcionarios por las simples quejas de Incarlopsa es una manifiesta arbitrariedad y demuestra una complacencia y claudicación”, ante la empresa cárnica, señalaba el diputado que ha acusado de “mentir” al consejero.
“Creo que Castilla-La Mancha no se merece que siga en su cargo. Castilla-La Mancha merece un consejero de Sanidad que defienda el interés general frente a intereses particulares por poderosos que sean”, le espetaba el diputado de Podemos titular de Sanidad.
También le ha pedido que “defienda a sus propios funcionarios cuando denuncian incumplimientos de la ley en lugar e expedientarlos y apartarlos de su puesto de trabajo”.
Por su parte, el consejero de Sanidad, Jesús Fernández, ha vuelto a negar la existencia del expediente y ha acusado al diputado de Podemos de no saber distinguir documentos. “Lejos de pedir perdón, que es lo que tenía que haber hecho porque eso no es un expediente, usted no sabe lo que es un expediente claramente. Eso no es un expediente. Es una resolución de que no se haga un expediente, por lo tanto no mentí, que quede bien claro. Usted es el que ha venido a mentir una vez más”.
Lo que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha desestima, ha añadido, “son las medidas cautelares. Estúdiese lo que son medidas cautelares y lo que es un expediente”, le ha recomendado al diputado de la formación morada.
El sindicato STAS dijo hace un mes que no solo hubo expedientes, sino sanción
El caso colea ya desde hace varias semanas. El sindicato STAS acusó al consejero de “mentir” el pasado 24 de abril, días después de lo dicho en las Cortes regionales. Según este sindicato “hubo expediente disciplinario y hubo sanciones”, aludiendo al documento que hoy exhibía el diputado de Podemos y a una segunda “Resolución 1/2016”, también fechada el 19 de diciembre de 2017.
En esos documentos, explicaba STAS, se dice literalmente que “con fecha 28 de junio de 2016 se incoa por la Dirección Provincial de la Consejería de Sanidad de Cuenca, en el ejercicio de la competencia contemplada en… [bla bla bla], expediente disciplinario al apreciarse que los hechos denunciados pudieran constituir falta de muy grave a grave”.
Y que en el párrafo siguiente, continuaba STAS, añade: “La directora provincial de Sanidad en el acuerdo de inicio de 28 de junio de 2016 adoptó la medida cautelar consistente en el traslado por un plazo de seis meses del expedientado desde su puesto de trabajo de Veterinario Oficial de Matadero en Incarlopsa, al Distrito de Salud de Tarancón”.