Amnistía Internacional ha entregado en el Congreso de los Diputados más de 327.000 firmas, recogidas a través de la campaña Seguimos pidiendo Justicia, para reclamar al Parlamento que garantice el respeto, la protección y la realización del derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y el franquismo. Y con estas firmas han llegado también al Congreso las exhumaciones que se están realizando en los municipios de Manzanares y Almagro (Ciudad Real).
Este acto de entrega de firmas coincide con el día en que tiene lugar el debate parlamentario sobre el Proyecto de Ley de Memoria Democrática presentado por el Gobierno. La normativa, de aprobarse, contribuiría a “avanzar en el reconocimiento y la reparación de las víctimas”, pero necesita todavía “importantes modificaciones para estar completamente alineada con los estándares internacionales de derechos humanos”.
En Castilla-La Mancha, Amnistía Internacional ha querido poner el acento en las exhumaciones que realizadas en los municipios de Almagro y Manzanares, en la provincia de Ciudad Real. Para ello, ha realizado dos vídeos explicativos de estas acciones desde sus orígenes, que publica elDiarioclm.es con motivo de la tramitación de la ley:
Con carácter general, Amnistía Internacional valora positivamente algunas de las medidas que recoge el Proyecto de Ley, como la atribución de responsabilidad al Estado sobre la búsqueda y exhumación de personas víctimas de desaparición forzada; la puesta en marcha de una Fiscalía especializada a la que corresponderá impulsar los procesos de búsqueda de desaparecidos; y la declaración de nulidad de las sentencias injustas dictadas durante la Guerra Civil y el régimen franquista.
Petición de una oficina estatal
“Es una buena noticia que la futura ley establezca que la búsqueda de personas desaparecidas corresponde al Estado, que debe asumir de forma directa las tareas de exhumación e identificación de las víctimas de desaparición forzada, así como la restitución de sus restos a las familias. Lamentablemente esta labor está recayendo desde hace décadas en los propios familiares y en asociaciones privadas. Pedimos que se establezca una oficina de carácter estatal, accesible para las víctimas, que centralice la gestión de estos procesos de búsqueda, y que se asegure en todo caso la actuación de las autoridades judiciales”, ha subrayado Daniel Canales, responsable de política interior de Amnistía Internacional España.
Pero, para esta organización de derechos humanos, la mayor y más preocupante omisión en el Proyecto de Ley se encuentra en la ausencia de medidas que eliminen los obstáculos a la investigación judicial de los crímenes de derecho internacional cometidos en España en el pasado. Estos obstáculos han sido confirmados recientemente por las resoluciones del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, que evidencian la persistente negativa del Estado español a poner punto y final a la impunidad por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en España durante la Guerra Civil y el franquismo.