Tres miradas para la prevención de la mutilación genital femenina, una violencia de género más cercana de lo que creemos

“Podría parecer que es algo invisible o que ahora con la pandemia de la COVID-19 deja de tener importancia. Pero no es así”, reflexiona Aisse Cisse N’Diaye, mediadora de Médicos del Mundo de Castilla-La Mancha, especializada en trabajo de prevención contra la mutilación genital femenina. Todos los 6 de febrero se celebra el Día Mundial por la Erradicación de la Mutilación Genital Femenina, una práctica considerada como una “violación de los derechos humanos de las mujeres y las niñas”, una forma de violencia contra la mujer y “una manifestación especialmente cruel de la discriminación por razón de género ya que es un acto de violencia que se ejerce contra las mujeres y las niñas por el hecho de serlo”, tal y cómo describe el Ministerio de Igualdad de España.

Desde la delegación del Gobierno contra la Violencia de Género describen la práctica como los procedimientos que conllevan una ablación parcial o total de los genitales femeninos externos u otra lesión causada a los mismos, “por motivos no médicos”. “Carece de beneficios para la salud y acarrea a niñas y mujeres muchos daños de diversa índole”, como dolores intensos, consecuencias inmediatas “y de largo plazo”, que incluso puede afectar a las hijas e hijos de las mujeres que haya sido sometidas a este tipo de violencia.

¿Cómo abarcar este tipo de peligros en una sociedad que lo puede ver como un problema más lejano? Es por eso que existe el trabajo de mediación, en el que trabajan no sólo con mujeres africanas, sino también con los hombres. “Es importante que sean ellas las que tomen las riendas en este tema, pero también que vengan ellos, aunque no sea tan fácil como con ellas”, recalca Aisse.

Las situaciones de riesgo, explica, se presentan cuando hay un viaje inminente al país de origen y es cuando se activa el protocolo puesto en marcha para evitar esta práctica. “Tenemos que coordinarnos para hablar con la familia de la menor antes de que viajen, y lo hacemos a través del cole o la médica de familia, incluso con trabajadoras sociales de la zona”, explica. Esto ha cobrado especial importancia, pues se trata de una herramienta relativamente nueva y que es todavía desconocida, puesto que le otorga protección legal a las niñas. Se puede acceder al protocolo en esta dirección.

Lo primero es llevar a la menor a la pediatra, para quie sea explorada y para firmar dicho compromiso entre la familia y la profesional. “En él explicamos las consecuencias de la mutilación, que no son sólo físicas, sino también psicológicas. Pero también señalamos que hay consecuencias, porque en España está prohibido”, asegura Aisse. De esta manera, la familia cuenta con un documento legal, para evitar que los familiares del país de origen los “obliguen” a realizar la práctica, porque si se rompe el compromiso las consecuencias pueden ser incluso de cárcel para los padres. “También perder los privilegios de vivir aquí, como el permiso de residencia”, señala.

La mediación resulta fundamental, sobre todo a la hora de saltar la posible barrera idiomática con la que se pueden encontrar colegios o profeisonales sanitarios. “Al ser parte de su comunidad, me resulta más sencillo explicarles qué es lo que ocurre”, explica Aissa, que añade que los talleres son también fundamentales, puesto que hasta ahora ha sido algo “invisible”. “Ahora, con la crisis de la COVID-19, tenemos también más tiempo para trabajar con las familias y que tengan mejor información y estén más sensibilizadas para cuando tengan que viajar.

“Sólo queremos proteger a nuestras hijas”

Kadiatou Kamissoko es la a vicepresidenta de la Asociación de mujeres africanas de Albacete, un colectivo que lleva más de cinco años trabajando, aunque no siempre legalmente como asociación, “porque nos faltaban los papeles”. “Nosotras sólo queremos proteger a nuestras hijas que están aquí, para poder ir sin miedo a África y que nuestro padre no mutilen a nuestras hijas”, recalca. Y es que el miedo, asegura, se encuentra presente entre muchas mujeres africanas. “Aquí está prohibido pero allí no. Por eso, lo que buscamos es algún tipo de protección internacional.

Ella viene de Mali y tiene dos hijas, de 10 y 6 años. “Por el momento no tenemos esta protección y es eso lo que buscamos, queremos tener este tipo de amparo”, recalca. La asociación lleva muchos años trabando “de casa en casa” y han ido formando de a poco un colectivo que les sirva para contar con esta protección. “A los niños, explicamos que nosotros no hacemos la mutilación porque estamos en contra de esto. Por eso, explicamos cómo es África, para que nuestros hijos lo entiendan poco a poco. Todavía muchas son muy pequeñas”, resalta.

El papel de la educación

Gonzalo Ballesteros es el director del CEIP César Cabañas Caballero, de Recas, una localidad toledana con una importante población inmigrante y subsahariana. “Entre el 70 y el 80% de nuestro alumnado es inmigrante”, señala. Ante esta situación, el papel del centro en la comarca en la sensibilización y prevención de la mutilación genital femenina se vuelve importantísima. “En un principio sabíamos que existía, pero evitarlo o prevenirlo parecía inalcanzable, pues nos parecía una situación cultural muy lejana. Pero la realidad es que hay niñas mutiladas en el colegio y otras que todavía pueden serlo, y por eso teníamos que trabajar, para salvar la salud de las alumnas”.

Ballesteros asegura que el compromiso del claustro docente es “completo” con la prevención. “Médicos del Mundo nos intenta concienciar del riesgo que tienen las alumnas y por eso nos ponemos manos a la obra para aportar nuestro granito de arena”, explica. Por eso, se preocuparon, primero, de conocer la situación y saber en qué consiste la mutilación, para ser conscientes de las consecuencias que tiene para las mujeres. “Era algo básico y así llegó también el compromiso del claustro y del centro, para saber los procedimientos que teníamos que seguir para que esto no sucediese entre nuestras alumnas”.

En el centro hay unos 400 alumnos, con una tasa “altísima” de inmigración, de países como Mali, Guinea o Costa de Marfil, países en los que se sigue realizando esta práctica, por lo que las alumnas se consideran de riesgo. “Es importante, porque nosotros podemos detectar si las niñas van a viajar y así poner en marcha el protocolo. Estamos muy atentos en los periodos prevacacionales para preguntar a los alumnos y saber si van a ir a ver a los abuelos”, explica. En ese momento, se ponen en contacto con la familia, la mediadora y también los profesionales sanitarios. “El objetivo es que firmen el compromiso preventivo, donde se responsabilicen de no mutilar a la niña”, explica. Todo un engranaje que lo que busca es que este tipo de compromiso por parte de los padres sea un procedimiento “de obligado cumplimiento”, concluye.

Protocolo en distintos idiomas

El Protocolo para la Prevención de la Mutilación Genital Femenina en Castilla-La Mancha al inglés y al francés y lo ha adaptado a lectura fácil “en su constante empeño de mejorar y para responder también a una demanda de las propias entidades y personas que trabajan en la prevención de la mutilación genital en nuestra región”, explica la institución.

Fue en 2017 cuando se puso en marcha el Protocolo para la Prevención de la Mutilación Genital Femenina en la región, en el que están implicadas las consejerías de Sanidad, Bienestar Social y Educación, asociaciones, entidades y el mismo Instituto de la Mujer con el fin de coordinar esfuerzos y poner en común los medios personales y materiales para prevenir esta práctica.

Para abordar este problema, el Gobierno regional cuenta con diversas herramientas, como este protocolo, para el reconocimiento de la mutilación genital femenina como una forma de violencia contra las mujeres y su erradicación, tal y como establece el Convenio de Estambul. La Ley 4/2018 para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha recoge en su artículo 4 la mutilación genital femenina como una de las manifestaciones más extremas de discriminación y violencia contra niñas y mujeres.

“Podría parecer que es algo invisible o que ahora con la pandemia de la COVID-19 deja de tener importancia. Pero no es así”, reflexiona Aisse Cisse N’Diaye, mediadora de Médicos del Mundo de Castilla-La Mancha, especializada en trabajo de prevención contra la mutilación genital femenina. Todos los 6 de febrero se celebra el Día Mundial por la Erradicación de la Mutilación Genital Femenina, una práctica considerada como una “violación de los derechos humanos de las mujeres y las niñas”, una forma de violencia contra la mujer y “una manifestación especialmente cruel de la discriminación por razón de género ya que es un acto de violencia que se ejerce contra las mujeres y las niñas por el hecho de serlo”, tal y cómo describe el Ministerio de Igualdad de España.

Desde la delegación del Gobierno contra la Violencia de Género describen la práctica como los procedimientos que conllevan una ablación parcial o total de los genitales femeninos externos u otra lesión causada a los mismos, “por motivos no médicos”. “Carece de beneficios para la salud y acarrea a niñas y mujeres muchos daños de diversa índole”, como dolores intensos, consecuencias inmediatas “y de largo plazo”, que incluso puede afectar a las hijas e hijos de las mujeres que haya sido sometidas a este tipo de violencia.