El abogado de Foro Izquierda Los Verdes, Francisco Martín del Río ha rechazado las “amenazas de querella realizadas” por el Partido Popular en el marco de la investigación judicial de la presunta financiación ilegal del PP de Salamanca durante el proceso de primarias que ganó el actual presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Tal y como ha adelantado elDiario.es, como acusación particular ha informado al juez de que posee información de 12.000 afiliados del PP y que ha obtenido información de la plataforma que usan en las sedes para llevar la contabilidad de las cuotas. Parte de esos datos forman parte del escrito de petición de diligencias, y reflejan entre otras cosas cómo afiliados que llevaban al menos 5 años sin pagar las cuotas que les daban derecho a votar en las primarias, aparecen al día, con ingresos en la cuenta del PP que se efectuaron por decenas en las mismas entidades bancarias y apenas tres días antes de las votaciones. Siempre según esta versión, se utilizó dinero b para pagar los atrasos de los militantes a cambio de estos votasen en favor de uno u otro candidato (Fernández Mañueco o Silván).
Según Martín del Río, el PP está intentando “condicionar” al juez instructor sobre la resolución de las pruebas que ha solicitado y usa “mecanismos anti procesales con dicho afán”. “Respecto de la veracidad de las pruebas que hemos aportado obtenidas del programa LANZA, demostrativas a nuestro juicio de los delitos que se le imputan, cabe preguntarse por qué su veracidad no ha sido desmentida públicamente, al optar, sin embargo, por ocultar todo pronunciamiento al respecto, y, como siempre hacen, por criminalizar y amenazar al mensajero”, ha comentado el letrado en declaraciones a este diario.
Presunta financiación ilegal en las 9 provincias de Castilla y León
Descarta además las afirmaciones del PP que entiende que las pruebas que pide Foro Izquierda Los Verdes trasciende la provincia de Salamanca respecto de las el juez de Instrucción número 2 no sería competente. “Es una cuestión que es cierta, aunque no por la exención de responsabilidad que el PP pregona acogiéndose a una interpretación falsa e interesada de lo decidido por la Audiencia Provincial de Salamanca, sino porque al haberse cometido la financiación ilegal en las nueve provincias de Castilla y León, conforme nosotros afirmamos apoyándonos en pruebas y por ello afectar la causa a varias provincias, la competencia corresponde a la Audiencia nacional”, argumenta.