La Junta de Castilla y León ha aprobado, en Consejo de Gobierno, un presupuesto de 13.856.920 euros destinado a garantizar “la gestión avanzada de los residuos sanitarios producidos en los centros asistenciales del Servicio de Salud de Castilla y León”. Con ello se quieren mejorar los procesos de clasificación, recogida, transporte, tratamiento y eliminación de los residuos dependientes de las instalaciones que la Gerencia Regional de Salud tiene en las nueve provincias de la Comunidad.
En este contrato se incluye la gestión tanto de los residuos sanitarios clasificados como grupo III (residuos especiales), como los de grupo IV (residuos con requerimientos especiales desde el punto de vista higiénico y ecológico para su gestión). Y todo lo establecido en él tiene como objetivos fundamentales la eliminación de cualquier riesgo para la salud y el medio ambiente que pueda derivarse de la manipulación de estos materiales, así como garantizar que el servicio se realiza de una forma lo más eficaz posible para facilitar el cumplimiento de las labores asistenciales de los centros implicados.
Estas acciones se planifican además bajo el amparo de lo dispuesto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Y cumplen, en todo momento, con la normativa específica sobre gestión de residuos, tanto en el ámbito autonómico como nacional.
El acuerdo estará en vigor en el periodo 2020-2023; e incluye una posible prórroga de dos años más. Y, durante su funcionamiento, se irá adaptando siempre a cualquier modificación que sufra la normativa de residuos vigente.
Entre los servicios incluidos en el acuerdo están en suministro del número de envases y contenedores suficientes para realizar una correcta segregación, acumulación, almacenamiento y transporte de las distintas clases de residuos sanitarios; el transporte de los mismos a los almacenes de transferencia o plantas de tratamiento y todas las técnicas de gestión necesarias para asegurar la inocuidad en el manejo y destrucción del material desechable. Con este contrato se garantiza también el control de los residuos a través de un sistema informatizado.