Castilla y León subcontrata los test de antígenos a partir del 4 de enero en 12 unidades móviles. El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, ha asegurado ante los medios que se hará para “descargar” la Atención Primaria, aunque ha negado conocer la cuantía de estos contratos de emergencia ni a qué tres empresas se han asignado. Antes de publicar este artículo, la Consejería de Transparencia no había hecho público en su portal ningún dato relativo a estos contratos. A principios de septiembre, la Consejería de Educación ya subcontrató los test para los centros escolares por valor de 480.000 euros (Cualtis) y 420.000 euros (Quirón).
Según ha explicado, se hará “una programación” de acuerdo a la situación epidemiológica de cada provincia, que será “informada” a través de las delegaciones territoriales de la Junta y las gerencias provinciales. Su objetivo es llegar a 200.000 pruebas en estas unidades móviles. Además, se realizarán test en puntos fijos de pruebas. Todavía se desconoce dónde se realizaran esos cribados masivos, que ya se han anunciado en Ávila y Salamanca.
“Queremos sacar todo lo posible de los centros de salud y puntos fijos en todas las capitales y puntos móviles”, ha apuntado Vázquez, quien ha asegurado que la actuación no será “sincrónica”. Vázquez espera que los 700.000 tests de antígenos que tiene la Consejería en stock y los 300.000 más adquiridos sean material “suficiente”.
Ante la posibilidad de que miembros del Ejército participen en los cribados además de en las vacunaciones, el consejero ha asegurado que podrían solicitarlo al Ministerio de Defensa, pero en ningún caso sustituirían a la privatización temporal del servicio. “Si pudiéramos disponer de más personal para realizar los test estaríamos encantados. Lo que haríamos sería reforzar”, ha asegurado el consejero de Economía y portavoz del gobierno autonómico, Carlos Fernández Carriedo.
¿Dónde irán las unidades móviles?
El consejero de Sanidad no ha concretado en qué lugares se pondrán estas unidades móviles. La Consejería de Sanidad ha mandado poco después una nota de prensa a los medios con la información, susceptible de posibles cambios y nuevas convocatorias: Arenas de San Pedro (4 y 5 de enero) y Arévalo (7 y 10 de enero) en Ávila; Burgos capital (4 y 5 de enero), Aranda de Duero (7 y 10 de enero), Miranda de Ebro (4 y 5 de enero) y Villarcayo (7 y 10 de enero) en Burgos; León capital (4, 5, 7 y 10 de enero); Ponferrada (4, 5 y 7 de enero) y Villablino (10 de enero) en León; Palencia capital (4, 5 y 7 de enero) y Aguilar de Campoo (10 de enero) en Palencia; Ciudad Rodrigo (4 y 5 de enero) y Béjar (7 y 10 de enero) en Salamanca; Segovia capital (4, 5 y 7 de enero) y Cuéllar (10 de enero) en Segovia; Soria capital (4, 5 y 7 de enero) y El Burgo de Osma (10 de enero) en Soria; Laguna de Duero (4 y 5 de enero), Arroyo de la Encomienda (7 y 10 de enero), Tudela de Duero (4 de enero), Cigales (5 de enero) y Medina del Campo (7 y 10 de enero) en Valladolid; Zamora capital (4, 5 y 7 de enero) y Benavente (10 de enero) en Zamora. Sanidad todavía no ha concretado el lugar en el que se situarán estas unidades móviles ni los horarios.
Un “leve crecimiento” de la ocupación de UCI
Según el consejero de Sanidad, las unidades de críticos han sufrido “un leve crecimiento” en los últimos días. Según los datos publicados en el Portal de Transparencia, hay 107 pacientes con COVID en las UCI. Esta es la cifra más alta desde mediados de mayo y ha sido necesaria la instalación de más camas UCI de las habituales. En Burgos hay 42 camas de UCI iniciales, pero hay 43 pacientes (COVID y no COVID) que necesitan estos cuidados intensivos. En el Hospital Río Hortega son 33 las camas habituales, pero hay 35 camas ocupadas. Según Vázquez, la actividad en hospitales es “normal”, como cualquier otro diciembre, porque -asegura- no se ha suspendido “ninguna” actividad programada habitual quirúrgica, de consultas ni pruebas.
Sí se han restringido las visitas y acompañamientos en hospitalización, consultas externas y urgencias salvo en caso de personas con dependencia, discapacidad o menores de edad. Vázquez también ha pedido planes de contingencia para “mantener la asistencia sanitaria” porque hay 1.009 trabajadores de Sacyl en aislamiento o enfermas de los 44.000 trabajadores que tiene el sistema, lo que puede “llevar a tener dificultades en el funcionamiento de algunas técnicas o algunas cosas”. Vázquez ha asegurado que van a intentar “respetar al máximo” los descansos y vacaciones de los trabajadores públicos “salvo grave deterioro de la presión asistencial”. “Tras dos años de pandemia exigencia que ha tensionado el sistema, los profesionales tienen que descansar”, ha afirmado.
Vázquez ha recordado también que en la Sanidad Pública hay trabajando personal jubilado de manera excepcional, se ha mantenido la contratación del personal “eventual” y se está intentando “evitar que se jubilen los que tenían procesos de jubilación en ciernes”.