Ciudadanos Castilla y León no dará un paso más en su negociación de un pacto con el PP hasta que conteste a las duras condiciones del candidato Francisco Igea: no incluir en el gobierno al consejero y al alcalde que aparecen en las escuchas del sumario Enredadera, Juan Carlos Suárez-Quiñones y Antonio Silván, y prescindir de aquellos regidores y presidentes de diputaciones que hayan cumplido al menos dos legislaturas. De esta forma, el Partido Popular tendría que prescindir del alcalde de Burgos, Javier Lacalle y del de Palencia, Alfonso Polanco, además de los presidentes de la Diputación de Salamanca, Burgos y Valladolid.
“De momento, estamos a la espera”, indican desde Ciudadanos. No se ha programado ninguna reunión más hasta que el Partido Popular conteste. La decisión no es fácil. El alcalde de Burgos, Javier Lacalle, está muy valorado por Pablo Casado. Tanto es así que, para asegurar su continuidad en un cargo público, se le metió en dos listas: en la de la candidatura a la alcaldía y en la del Senado.No ganó las elecciones, pero una triple alianza de derechas —PP, Cs, y Vox— le permitiría gobernar. Además, consiguió escaño en la Cámara Alta.
El caso de Antonio Silván es algo más difícil. Afrontaría, de haber ganado las elecciones, su segunda legislatura después de media vida política como consejero, pero por el momento los malos resultados obtenidos y el cambio en los resultados por un error en las actas que han dejado fuera al que podría ser su socio, Vox, hacen imposible que repita. Pero si así fuera, Silván está vetado por Igea. Tal y como manifestó en una entrevista a la agencia Efe, nadie que aparezca en el sumario de la Operación Enredadera puede formar parte del gobierno de Castilla y León. El alcalde en funciones aparece en los audios de esa operación en la que presuntamente el empresario de la construcción y la comunicación, José Luis Ulibarri, amañaba concursos públicos extorsionando a políticos. Silván sale en uno de los pinchazos informando en directo a Ulibarri de cómo se estaba desarrollando la apertura de sobres en una licitación.
Al igual que hicieron con Lacalle, el partido también quiso asegurar un puesto a Silván presionando a la dirección nacional para que fuese en las listas al Senado, sin éxito. Acabó en la diputación permanente de las Cortes, un puesto que garantiza o garantizaba su aforamiento. Pero es que Ciudadanos quiere acabar con los aforamientos, con todos.
El caso del consejero de Fomento, Juan Carlos Suárez-Quiñones, es similar. No milita en el PP pero el PP no quiere quedarse sin él y lo incluyó en la lista a las Cortes. Consiguió escaño. Francisco Igea recuerda que apareció también en la Enredadera, en una conversación con Ulibarri en la que le ofrecía sin concurso una obra de más de dos millones de euros con la frase “yo soy la administración”.
En la Diputación de Valladolid también se viven momentos de incertidumbre. El presidente, Jesús Julio Carnero, lo tiene complicado: no es de la facción de Mañueco y su nombramiento ya estaba en cuestión antes de las elecciones. Una bronca en el partido le hizo salir de la lisa al Ayuntamiento de Valladolid y saltar al número 2 en las Cortes para posteriormente volver a la del Consistorio pero varios puestos por debajo del que él quería. Además, Carnero es el presidente del PP de Valladolid. Perder el cargo dejaría en el aire su continuidad al frente del partido.
Hasta el momento, el Partido Popular ha vivido el inicio de las negociaciones con mucho optimismo. De la primera reunión ambos partidos, para enfado de Igea, prácticamente anunciaron un preacuerdo para gobernar Castilla y León. Después de 32 años sin sobresaltos y varios días de zozobra parecía que no perdería el poder. Es más, fuentes del partido apuntan a que les saldría “barato” el pacto con Ciudadanos reduciendo el sacrificio a entregar la vicepresidencia y tres consejerías. Eso hasta el pasado jueves, cuando Igea les hizo llegar su hoja de ruta.
Sus exigencias se recibieron con aparente afabilidad y disposición por parte del PP y así se intentó hacer ver con algunas declaraciones que se remitieron a los medios. No es así. Las condiciones han caído como una bomba y han producido un enorme malestar. Los afectados no quieren pronunciarse. Desde el PP no han precisado a este diario cuando responderán. “No manejamos ningún plazo”, comentan. Pero sí que lo hay: el nombramiento de alcaldes está fijado por ley para el 15 de junio, así que o acceden esta semana y retiran a los señalados por Igea, o el pacto quedará paralizado definitivamente.