Ni “socio preferente”, ni preacuerdo para pactar con el PP el gobierno de Castilla y León. El candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Junta, Francisco Igea, ha plantado cara al líder de su partido, Albert Rivera, y ha desvelado las duras condiciones que exige al Partido Popular.
En una entrevista concedida de urgencia a la Agencia Efe, Igea se desmarca del decálogo aprobado por el partido para llegar a un pacto. El terremoto se veía venir. Tras la primera reunión de Cs con el PP, se vio a un Igea manifiestamente incómodo mientras el secretario de Acción Territorial del partido, José María Espejo, se refería a una reunión “fructífera” y a un futuro gobierno con el Partido Popular. Espejo avanzó que sólo se reunirían con “otras fuerzas políticas” si no se llegaba a un acuerdo con el PP.
En Castilla y León, la dudosa regeneración democrática que se llevaría a cabo con un partido que lleva más de tres décadas gobernando la comunidad, va más allá de eliminar los aforamientos o acabar con los “chiringuitos” de la administración B. Igea quiere más.
Alcadías en el aire
La primera medida en en esta materia es que no puedan aspirar a ser alcaldes o presidentes de Diputación, desde este mismo mandato, sus candidatos que ya han ocupado el cargo durante ocho años, una “condición sine qua non” para que avancen las negociaciones con el PP, lo que afectaría al alcalde de Burgos, Javier Lacalle; al de Palencia, Alfonso Polanco; y al presidente de la Diputación de Valladolid, Jesús Julio Carnero, aspirantes a la reelección.
“Ayer la gente leyó el índice y dijo que le gustaba el libro”, ha resumido en referencia al modo en que se ha recibido la sintonía inicial que se apreció en la primera reunión formal entre el PP y Ciudadanos. “Lo que no somos ni seremos es el tonto útil de nadie”, ha dicho sobre la exigencia que plantea al PP.
También ha afirmado que es “imposible” que el actual consejero de Fomento y Medio Ambiente en funciones, Juan Carlos Suárez-Quiñones, pueda ser de nuevo miembro del Gobierno, por “sentido común”. Igea se refiere con estas palabras a la vinculación de Suárez-Quiñones con las grabaciones del caso Enradera de presunta corrupción, en las que aparecía una conversación suya con el empresario de la construcción y los medios de comunicación, José Luis Ulibarri, y le ofrecía hacerse cargo de una obra suspendida con la frase: “Yo soy la Administración”.
En la entrevista, concedida horas después de la primera reunión sobre medidas de regeneración democrática con el PP para buscar un acuerdo de gobernabilidad en Castilla y León, Igea ha extendido esta limitación al actual alcalde de León en funciones, Antonio Silván, por comportamiento “poco ético”, vinculado al mismo caso, ya que también figuraba en las grabaciones policiales como informante del mismo empresario sobre el estado de un concurso público.
Fuentes de la dirección nacional del PP se han mostrado dispuestas a estudiar las exigencias de Igea y han considerado que les parecen “más razonables” que cuando Ciudadanos exigió en legislaturas pasadas la cabeza de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá o la salida de la senadora Pilar Barreiro, informa Iñigo Aduriz.