La derecha recupera el fallido soterramiento ferroviario de Valladolid para cargar contra Puente

Valladolid es una ciudad dividida por las vías del tren. A escasos metros del centro, los barrios de Pajarillos, Pilarica-Los Santos y Delicias, situados en el margen oeste de la línea del ferrocarril sufren las consecuencias de una frontera física, una cicatriz urbana, que provoca divergencias económicas y sociales a uno y otro lado de los raíles. Mientras algunas zonas del barrio de Vadillos (más cerca del centro) superan los 28.000 euros de renta anual, hay manzanas de Pajarillos en las que apenas se superan los 13.000. 15.000 euros de diferencia a menos de 100 metros.

Durante años, los sucesivos gobiernos municipales del PP, con Javier León de la Riva a la cabeza, apostaron por el soterramiento como única solución a estos problemas. Pero el soterramiento de las vías no llegó a ejecutarse nunca. El actual Gobierno municipal, una coalición de izquierdas entre PSOE y Valladolid Toma la Palabra, confluencia de Izquierda Unida, rechaza esta opción por costosa e innecesaria. Por el contrario, el alcalde de Valladolid, Óscar Puente y el concejal de planeamiento urbanístico, Manuel Saravia, defienden una alternativa: la integración ferroviaria constituida por una veintena de túneles que conecten los barrios, a la vez que se avanza en un modelo de ciudad más peatonal, ciclista y sostenible.

El debate sobre soterrar las vías en Valladolid comenzó en los años ochenta y noventa de manera tibia e imprecisa. No fue hasta los 2000, en los años del 'boom' económico e inmobiliario, cuando esta opción tomó forma durante el mandato del anterior alcalde León de la Riva. Fueron años de vídeos publicitarios de 35.000 euros, y de costosas y resultonas maquetas que mostraban lo que la capital del Pisuerga aspiraba a ser. Valladolid entraría en el futuro con la llegada del AVE, y la ciudad cambiaría radicalmente, porque para financiar el carísimo soterramiento -que llegó a cifrarse en casi 700 millones de euro- había previsto un 'pelotazo urbanístico': el proyecto se costearía vendiendo antiguos terrenos ferroviarios para construir viviendas. La crisis financiera y la Gran Recesión hundieron esas pretensiones, el PP perdió el Ayuntamiento y las fuerzas de izquierdas dieron el cerrojazo definitivo al proyecto. Hasta ahora.

El equipo de Gobierno actual, dirigido por el socialista Óscar Puente, apostó desde su llegada al poder en 2015 por la integración ferroviaria, una fórmula alternativa compuesta por túneles urbanos que conectasen los distintos barrios por debajo de las vías. Los túneles serían muy distintos de los actuales pasos subterráneos angostos que unen la ciudad. El PP de Valladolid nunca desechó la idea del soterramiento, incluso en las elecciones de 2019, este se convirtió en una de sus medidas estrella. La derrota del PP en esos comicios, a los que concurrió la exconsejera de Hacienda, Pilar del Olmo, como cabeza de lista, llegó al PP a replantearse la estrategia. Del Olmo desechó la idea en su discurso de toma de posesión en junio de 2019, cuando instó a todas las fuerzas políticas a “no perder el tiempo en debates estériles” (en referencia al soterramiento) y llegó a sostener que la integración ferroviaria mediante túneles como alternativa al soterramiento había sido refrendada por los ciudadanos en esas elecciones.

Dos años después, el PP ha cambiado de opinión. El cambio de postura coincide, además, con la dura oposición que los 'populares' están haciendo a la coalición del PSOE y VTLP. Lejos quedan los días en los que los 'populares' apoyaron a Puente durante la COVID-19, llegando a participar en lo que el alcalde calificó como “gobierno de concertación”. La buena sintonía saltó por los aires con las críticas furibundas al plan de movilidad y peatonalizaciones de Puente, y se esfumó con las acusaciones de los 'populares' sobre un supuesto episodio de corrupción del alcalde relacionado con la compra de mascarillas. En las últimas semana, el PP ha centrado su estrategia en el soterramiento. Cuando el Ayuntamiento anunció el inminente inició de obras del triple túnel de labradores, uno de los más importantes de la nueva integración (entre las calles Panaderos y Labradores y el barrio de Las Delicias), el PP alertó errores en el proyecto, y como pretexto pidió su paralización a la vez que pretendía revivir el plan del soterramiento de las vías. Los 'populares' se suman ahora a la estrategia de Vox , porque es su único concejal, Javier García Bartolomé, quien lleva más de dos años intentando reabrir el debate, con mociones, charlas en los barrios, e incluso mediante una petición (de escaso éxito) en Change.org.

De proyecto de arquitecto estrella a una deuda de 400 millones

Corría el año 2003 cuando el Gobierno central, la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Valladolid (las tres instituciones gobernadas por el PP) firmaron un convenio para desarrollar un plan que sirviese para financiar el soterramiento: se venderían los terrenos hasta entonces ocupados por vías, zonas de servicio, ramales y talleres para financiar el soterramiento. El alcalde de entonces, León de la Riva, aseguraba que llovían las ofertas para la compra del suelo liberadas.

Las tres partes constituyeron la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV), participada por el Ayuntamiento, el Ministerio de Fomento y la Junta, que sería la encargada de comercializar esas parcelas. Las operaciones tendrían un coste, que debían financiarse, en parte, con préstamos bancarios.

Quedaban algunos años para que la burbuja inmobiliaria estallase, así que el valor de los terrenos estaba inflado. El coste de toda la operación de soterramiento ascendía a 631 millones de euros, que se esperaba, se pudiese sufragar, fácilmente con la construcción de 6.000 viviendas nuevas, que podrían alojar a más de 40.000 personas, casi una décima parte de toda la provincia de Valladolid. La elaboración del proyecto urbanístico se encargó, mediante un concurso no exento de polémica, al prestigioso arquitecto Richard Rogers, el mismo que edificó las modernas instalaciones de las bodegas de Protos en Peñafiel. Los planes incluían la construcción de cuatro rascacielos de hasta 37 plantas.

La Sociedad Alta Velocidad tenía que “promover la transformación urbanística de la ciudad para el soterramiento, impulsar, gestionar y financiar las obras necesarias y realizar operaciones urbanísticas en los terrenos liberados por las vías”, pero en 15 años de andadura no logró que se levantase ningún edificio. De hecho, lo único que creció fue su deuda, que alcanzó los 400 millones de euros, una cifra que el Ministerio de Fomento asumió finalmente en 2017. Una historia más de dispendio de dinero público en los años de la burbuja.

Esta deuda, sin embargo, llegó a generar una auténtica controversia judicial cuando el exalcalde de Valladolid, De la Riva, fue imputado después de que hubiese firmado tres cartas de conformidad en 2008, 2010 y 2011 (comfort letters) en las que se ponía al Ayuntamiento como avalista de los créditos a la sociedad de alta velocidad, sin llevar la decisión al Pleno y sin comunicarlo al interventor. Estos movimientos de De la Riva, que fue absuelto de todos los delitos en contra del criterio de la Fiscalía que pedía nueve años de cárcel y 33 de inhabilitación, llegaron a provocar que el Ayuntamiento de Valladolid llegase a contraer una deuda de más de 90 millones de euros con los bancos.

La derecha recupera la idea del soterramiento

En octubre de 2019, recién iniciado el mandato, el edil de Vox, Javier García Bartolomé, llevó al pleno del Ayuntamiento una propuesta en la que pedóa abiertamente recuperar el soterramiento. PSOE, Valladolid Toma la Palabra, Ciudadanos, y también el PP se opusieron entonces. Los 'populares' defendieron en aquel pleno que la ciudadanía había rechazado electoralmente el soterramiento y votaron en contra. El concejal del PP Alberto Gutiérrez Alberca aseguró entonces que el PP no quería “una ciudad melancólica” que mirase al pasado“. 

Un mes después Bartolomé volvió a intentarlo en el Pleno de presupuestos: “Nuestra propuesta es que los 175 millones de euros que se van a gastar en túneles y pasarelas y en una nueva estación sobre las vías se destine al soterramiento”, en un plan más corto que el inicialmente previsto, aseguró el concejal en rueda de prensa. El edil hizo referencia al soterramiento de 2,83 kilómetros y a la construcción de la nueva estación por 130 millones de euros en Murcia, un proyecto que según Bartolomé podía trasladarse a la capital del Pisuerga. Para financiarlo, el partido no indicaba fórmulas como la venta de terrenos, aunque sí pedía que fuese el Gobierno central quien llevase la batuta.

Lo que entonces para el PP eran ocurrencias de Vox, que convertían en “estatuas de sal” a quien las promoviese, ahora parece un plan razonable. En el pleno de junio de este año, el partido de ultraderecha llevó de nuevo la propuesta de soterramiento, con cambios respecto a la de 2019. Bartolomé volvía a apostar por la venta de terrenos, aunque en este caso solo de la zona de los antiguos talleres de Renfe valorados, según sus datos, en 640 millones de euros, y amplía el soterramiento a 5 kilómetros incluyendo la estación de Campo Grande.

A diferencia de lo que pasó en 2019, el concejal de Vox sí logró el voto favorable de los 'populares' en la última sesión plenaria. Los 'populares' añadieron a la moción de Vox la opción de que se estudiasen otras opciones para su financiación, como la utilización de los fondos procedentes de la Unión Europea, o la utilización del endeudamiento, con el objetivo de “eliminar la cicatriz” que divide la ciudad. Ironías de la vida, fue Alberto Gutiérrez Alberca, el mismo que hace dos años defendió el voto en contra a la moción de Vox sobre el soterramiento, el encargado de anunciar que ahora sí la defenderían.

Manuel Saravia, el concejal de planificación Urbanística, miembro de VTLP y firme defensor de la integración ferroviaria, desestimó por enésima vez el plan. Desechó la comparación con Murcia porque en la capital del Segura se optó por los falsos túneles (una suerte de zanja cubierta, en lugar de un túnel excavado), una fórmula que orografía vallisoletana no permite: “Comparar con simpleza lo que es de naturaleza diferente solo puede deberse a la voluntad de crear confusión”, señaló. En su intervención, el edil de planeamiento urbanístico afeo a la derecha que volviese “una y otra vez al mismo debate”, y calificó calificó esta actuación de “mala calidad democrática”.

Mientras el equipo de Gobierno quiere cerrar de una vez el debate mediante la construcción de túneles, la derecha anuncia que dará la batalla. Pilar del Olmo, la presidenta del PP de Valladolid, asegura, al contrario de lo que su partido vino defendiendo, que ahora es el momento de un pacto social por el soterramiento. Señala la líder del partido que, en sus múltiples visitas a los barrios de Delicias, Los Santos y Pilarica, ha detectado un “claro movimiento social” en contra del soterramiento: “No he encontrado a ningún vecino que apoye la integración en superficie de Óscar Puente”. Las asociaciones de vecinos están divididas o no mantienen una posición clara. Mientras la Asociación Conde Ansúrez ha hecho campaña por el soterramiento junto a Vox, la Federación Antonio Machado no se posiciona, aunque sí pide que integración ferroviaria que no esté “hecha a cachos”. Por su parte, la Asociación Vallisoletana de Empresarios de la Construcción, Promoción Inmobiliaria y Afines (Aveco) también ha mostrado su apoyo al soterramiento. Con la pandemia en lo que parece en su recta final, y a solo dos años de las elecciones, la derecha vallisoletana está dispuesta a recuperar un debate ya cerrado, con el objetivo de desgastar a Puente y a sus socios de coalición por el camino.