El único diputado de Vox en el Parlamento de Castilla y León, Jesús García Conde, ha reclamado hoy en su intervención en el Debate de Investidura del popular Alfonso Fernández Mañueco, que las ayudas a las víctimas de violencia de género no se queden en “las redes clientelares” –que no ha especificado– y que “si funcionan”, la protección se extienda “a mayores y menores” y a “varones que hayan sufrido este tipo de violencia”, en referencia a la violencia de género, que sólo afecta a mujeres.
García Conde es el procurador que tuvo serias dificultades para explicar qué medidas en materia de “ideología de género” iba a implementar su partido en Castilla y León, el pasado 21 de junio, tras la constitución de las Cortes de Castilla y León.
El diputado de Vox ha empezado su primera intervención en las Cortes condenando “el vil asesinato de Mónika”, la mujer que murió acuchillada por su marido este lunes en Salas de los Infantes (Burgos), para quien pide la prisión permanente revisable.
Una Ley de Diversidad “que puede derivar en otro tipo de acoso”
Además de querer transformar la definición de violencia de género, García Conde se ha pronunciado en contra de una de las 100 medidas acordadas por PP y Ciudadanos en su pacto de Gobierno, que prentende “relanzar” la Ley de Diversidad Sexual. El diputado considera que tiene “alta carga ideológica” y ello “puede derivar en otra forma de acoso”. Otra de las medidas que rechaza es la que menciona la muerte digna, ya que Vox “apuesta por la vida” y está en contra de la eutanasia, “que es lo que se insinúa” y sí a favor de los cuidados paliativos. “Dudamos de la competencia de la Junta en la muerte digna”, ha añadido.
García Conde también ha criticado que no se haya “contado con Vox” para el programa de Gobierno y ha asegurado que el 58% de los ciudadanos no quiere un estado de autonomías. En los escasos seis minutos con los que contaba para intervenir en el debate, el diputado también ha aprovechado para defender la escuela pública “pero también los conciertos” y el establecimiento “del pin parental”, una medida que permite a los padres intervenir en los contenidos que se enseñan a sus hijos.
En línea con las exigencias habituales de Vox, el diputado del partido de extrema derecha ha pedido la derogación del decreto autonómico de memoria histórica “por liberticida” y ha reclamado “que dejen de salir legajos” del Archivo de Salamanca a sus lugares de origen, porque “esa es la auténtica memoria histórica”.