Hubo un tiempo en que Burgos soñó con ser Texas. A mediados de los sesenta, una miríada de geólogos e ingenieros españoles y estadounidenses irrumpieron en la comarca de los Páramos cargados con trépanos y tubos de acero con la intención de abrir la primera explotación petrolífera de España. Desde 1958, el régimen de Franco había agujereado el norte peninsular en busca de hidrocarburos con los que alimentar la maquinaria de la autarquía. Brotó por primera vez el 6 de junio de 1964, en una tierra que hasta entonces no había dado más que cereales y patatas.
Durante 53 años, los pozos de Ayoluengo —antes conocidos como Valdeajos—en Sargentes de la Lora fueron la única explotación comercial de crudo de España, hasta que en 2017 terminó su concesión. Aunque podía haberse ampliado otros treinta años, las negociaciones entre el Gobierno y la empresa no resultaron, la licencia no se renovó y el material se convirtió en chatarra. Desde entonces, un grupo de vecinos capitaneados por el alcalde de Sargentes, Carlos Gallo, pelean para que el paisaje y las once bombas de varilla —conocidas cariñosamente como caballitos— sean declarados Bien de Interés Cultural. Están a punto de conseguirlo.
Desde el descubrimiento del oro negro en Burgos, el régimen de Franco fantaseó con una explotación vastísima, de cientos de pozos, refinerías y trasiego continuo de camiones. A pesar de que la prensa de la época y el NODO se recrearon, con profusión de adjetivos, en la calidad del petróleo extraído y en el futuro brillante que el combustible depararía a la comarca, la realidad fue más cruda. “Parecía que esto iba a ser el no va más, pero se quedó a medias”, señala Miguel Moreno, profesor emérito de la Universidad de Burgos y coautor de varios libros sobre la explotación burgalesa. Ayoluengo era un pequeño enclave de hidrocarburos y el resto de las prospecciones resultaron fallidas.
Los vecinos fueron más cautos que las autoridades. “Aquí la gente tiene retranca. Muchos de los trabajadores ni siquiera dejaron la agricultura. La gente era más realista y no se dejó llevar”. Algunos de los trabajadores, como Camilo Ruiz, que tenía cuatro años cuando el crudo apareció por primera vez, siguió cultivando patatas y cereales durante los treinta años que estuvo como operario. “Ha sido una forma de tener ingresos extra”, relata. Ruiz está jubilado desde 2019, tras haber pasado por un ERTE, después de que acabara la concesión.
Aunque el combustible grumoso no manaba con la profusión que se esperaba (y tampoco era tan bueno), la explotación sí fue constante en el tiempo. En 2017, de los pozos habían salido 18 millones de barriles y los cálculos más optimistas apuntaban que, de haber continuado, se podría haber llegado a 155 millones. La calidad no era la mejor. Su alto contenido en vanadio impedía su destilación y refinarlo era muy caro. “Así que se llevaba a fábricas que lo utilizaban directamente como combustible”, señala el profesor Moreno.
La aparición del “oro negro” no revolucionó al país, pero sí cambió la vida de la pequeña comarca. “Se convirtió en una industria local, que llegó a dar trabajo a una veintena de operarios”, recuerda Moreno. El principal bar, 'El Oro Negro', todavía se mantiene, a pesar de la clausura de los pozos y de la pandemia de COVID-19. El cierre de la empresa ha afectado a una zona ya de por sí asolada por el envejecimiento y la despoblación. “Cuando cerró la empresa se notó mucho. Éramos unos veinte, la mayoría vivían en Burgos, así que dejaron de venir por aquí”, cuenta Camilo, el trabajador jubilado con cierta tristeza.
“La explotación se podía haber extendido durante otros treinta años, pero la empresa no mostraba demasiado interés”. Según el extrabajador, la dueña de la explotación, la Petrolífera de Sedano, que pertenece al conglomerado Bahamas Petroleum, mostró su interés en continuar, pero la concesión había terminado y tenía que iniciar un nuevo expediente. “Deberían haber pedido una prórroga”, explica Ruiz.
Uno de los problemas de la explotación, más allá de su rendimiento limitado, fue, según el extrabajador, una errática gestión empresarial. La empresa explotadora fue pasando de manos, primero fue Campsa, luego Chevron, Repsol, luego una compañía británica y finalmente una empresa pequeñita con nombre español y matriz en el Caribe. “Se podían haber mantenido más pozos abiertos durante estos años e incluso haber instalado un centro de formación, porque se aprendía muchísimo”, lamenta Camilo Ortiz.
Con cierto resentimiento en el tono de voz, Carlos Gallo, el alcalde de Sargentes apunta sin embargo a la administración como culpable de asestar el último golpe. “Con el cambio de Gobierno, tras la moción de censura, se prefirió apostar por las energías verdes”, sostiene el regidor. La relación entre la utilización de combustibles fósiles y el cambio climático genera consenso científico desde hace décadas en numerosos estudios a los que, recientemente, se añaden investigaciones que alertan de su efecto sobre la salud de las personas. Gallo no es un negacionista de estos fenómenos, pero critica la hipocresía del país: “El futuro es la energía renovable, pero mientras seguimos importando un millón de barriles de petróleo cada día”.
En octubre de 2018, el ejecutivo publicó en el BOE la orden de desmontar las bombas y todos los restos en seis meses. En ese momento se disiparon las esperanzas de mantener la explotación, pero todavía se podía salvar el paisaje. De los 52 caballitos que llegó a haber en el punto álgido, apenas quedaba una docena. En los últimos años, un particular había comprado una de las icónicas plataformas de bombeo para decorar el exterior de su finca, y el dueño de una gasolinera se hizo con otra que instaló junto a sus surtidores como reclamo para los conductores. Hasta le puso un motorcillo para imitar el movimiento de bombeo.
Declaración de la explotación inactiva como BIC
En diciembre de 2019, los vecinos solicitaron a la Junta de Castilla y León la declaración como Bien de Interés Cultural el campo de petróleo. “Lo hicimos un poco de prisa y corriendo”, confiesa el regidor. La respuesta de la administración autonómica, a su pesar, fue el silencio administrativo. El tiempo corría y volvieron a remitir una solicitud y una memoria técnica mucho más detallada.
Fue entonces cuando la Junta de Castilla y León mostró su interés por proteger el campo, y avisó a los vecinos de que la explotación ya formaba parte del inventario de patrimonio de Castilla y León. En los últimos meses consiguieron el apoyo de la administración autonómica, “Vinieron técnicos de la Consejería de Cultura y Turismo a visitarnos y a interesarse”, cuenta Gallo. La Consejería de Cultura, a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural, ya ha iniciado un período de información previa con el fin de determinar la conveniencia de incoar alguno de los procedimientos establecidos en la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León para la protección.
Mientras la administración valora la declaración de la explotación como BIC, no termina el desasosiego. La empresa, por su parte, en virtud de la orden del Ministerio de Transición Ecológica, ha solicitado al Ayuntamiento la licencia para el desmantelamiento. “Ahora me toca que la empresa al menor precio posible nos deje una serie de caballitos y de elementos de este paisaje y con ellos más tarde, dado a que ese paisaje perdura en el tiempo vendrá la declaración del BIC”.
Si lo consiguen, creen que, junto al Museo del Petróleo que ya está en funcionamiento, Ayoluengo puede ser un destino destacado del patrimonio industrial español. Los 114 habitantes de Sergentes de la Lora creen que Ayoluengo puede convertirse en un destino turístico similar al de las minas de Almadén (Ciudad Real) o Riotinto (Huelva), con la salvedad que las suyas son las únicas de España dedicadas al crudo. Todavía no saben cuántos de esos once caballitos van a poder salvar. Cada uno tiene su historia: los que se veían desde la carretera, el primero en el que salió crudo, el que más barriles produjo... “¡Me gustaría que todos!”, ríe el alcalde. No descarta abrir una campaña de micromezenazgo para que Ayoluengo no pierda ninguno.