El que fuera director de ADE Internacional Excal entre los años 2003 y 2006, el empresario Alberto Esgueva, uno de los principales investigados en las denominadas 'trama de La Perla Negra' y en la 'Trama Eólica', de la que fue el mayor beneficiario, ha calificado de “suerte” la relación que en su día mantuvo con Iberdrola como socio en el negocio de los parques eólicos y de la que obtuvo más de 47 millones de euros (posteriormente sus ganancias alcanzaron los 51 millones con la venta de otros parques“.
“Tuvimos suerte de elegir un partner como Iberdrola”, ha incidido Esgueva, uno de los principales presuntos beneficiados de la 'trama eólica' a la hora de explicar cómo entró en el accionariado de Energía Global Castellana, participada al 60 por ciento por la eléctrica y al 40 por Grupo San Cayetano, a fin de promover una serie de parques eólicos en Castilla y León.
Aunque se hallaba paralizada la tramitación de tales parques, un total de 18 con una potencia 492 megavatios, casi “media central nuclear”, tal y como ha advertido el procurador de Cs Francisco Javier Panizo, la entrada en el accionariado de Grupo San Cayetano como socio local contribuyó a su agilización y se tradujo a posteriori en que Alberto Esgueva, al deshacerse entonces de las acciones, recibió de la eléctrica un total de 47,1 millones de euros, frente a los 24.000 realizados de inversión por el empresario vallisoletano.
El sustancial negocio ha sido atribuido por Esgueva, durante su comparecencia esta tarde en la Comisión de Investigación de las Eólicas en las Cortes, a la suerte de asociarse con un “partner como Iberdrola, número uno mundial en el sector eólico, un socio muy potente que hizo las cosas muy bien” y que, como ha asegurado, fue el que llevó directamente con la Junta todas las negociaciones y trámites por cuanto Grupo San Cayetano tan sólo tenía 'Know how' en embalajes y cartones.
La entrada de la mercantil vallisoletana en el accionariado de la empresa creada con Iberdrola ha sido justificada por Esgueva en un contexto en el que la Junta había dado órdenes a las eléctricas para que dejaran entrar a socios locales, algo que, como así ha subrayado, fue aprovechado por otro centenar de sociedades de Castilla y León, entre ellas la suya propia. “Pero en el juzgado estoy yo solo”, ha reprochado.
Los negocios fallidos de Esgueva y su millonaria deuda con Hacienda
“Por qué nos eligió a nosotros Iberdrola, pues porque también éramos número uno en el mundo en nuestro sector y exportábamos a medio centenar de países y acabábamos de inaugurar una planta en Portillo con la tecnología más avanzada. No lo hacíamos tan mal para ser locales”, ha apuntado Esgueva en tono irónico, que también ha advertido de que no todos sus negocios en el sector fueron tan lucrativos ya que en algún caso tuvo pérdidas de 2,5 millones al no obtener megavatios para los parques tramitados. También 'pinchó' en negocios como el de hacer un resort de lujo en Montealegre, un pueblo de Valladolid en la comarca de los Montes Torozos. Los andamios siguen sustentando las centenarias casonas nobles que se iban a rehabilitar y Hacienda acabó quedándose con una parte de los terrenos adquiridos. Esgueva mantiene una disputa con Hacienda, que le reclamaba 18 millones en 2015 y más de 15 en la actualidad.
El compareciente, durante su intervención, ha dejado bien claro que nunca fue “funcionario ni alto cargo ni trabajó para la Administración regional ni cobró de ella”, en referencia a su cargo en Excal, una empresa “privada y participada mayoritariamente por bancos y de forma minoritaria por la Junta”, de ahí que pudiera compatibilizar el puesto con su cargo en Grupo San Cayetano. Lo que ha ocultado Esgueva es que el 95% del presupuesto de Excal salía de las arcas públicas, en concreto de la entonces Agencia de Desarrollo Económico de la Consejería de Economía de Castilla y León. Es por eso también, que el Consejo de Cuentas de Castilla y León fiscalizó la subvención pública que recibió esta sociedad en 2004. Entre otros datos, el informe revelaba que Esgueva cobraba su sueldo a través de una SL y aumentó un 114% en meses. Pasó de 56.000 brutos anuales a 120.000.
En ese informe, el Consejo de Cuentas sugería a la ADE que se plantease que Excal adquiriese la cualidad de empresa pública dado que la financiación mayoritaria era pública. El juzgado de lo Social número 2 de Valladolid llegó a considerarla pública en una demanda por despido en 2013.
Sobre su sueldo sí que se ha pronunciado. Aumentó porque en las acciones comerciales “faltaba dinero”. “Había que comprar vitrinas, alquilar autobuses, pagar taxis a los periodistas, a los sindicalistas”, ha protestado. “Entonces yo les dije: caballeros es que pongo dinero de lo que yo estoy cobrando, porque hay que pagar”, ha recordado. “Yo no tenía interés económico de ningún tipo porque en esa época yo vivía bastante bien. Mucho peor vivo ahora por todo esto que se ha montado durante estos diez años”, ha lamentado.
Además ha añadido que el Consejo de Cuentas no vio “ni un euro de difícil justificación”, una afirmación compleja, ya que en el informe se alude a presupuestos superados, gastos de más de 8.000 euros durante viajes internacionales que se pagaron a “personas ajenas a la empresa”, o incluso la constitución de una oficina de Excal en Hungría para la que no estaba facultada y en la que además se incluyeron gastos de una consultora por más de 50.000 euros sin que se detallasen los servicios prestados, además de muchas otras operaciones dudosas para el Consejo.
Esgueva dejó Excal a los dos años. En ese momento los medios recogieron que lo hacía para dedicarse al negocio familiar, los cartonajes, pero este jueves Esgueva ha dicho que la información no se corresponde con la realidad, ya que dejó Excal “porque no estaba de acuerdo con determinadas cosas”. “El Norte de Castilla sacó una noticia cuando me fui en la que el difunto consejero, el señor Villanueva, no hablaba bien de mí, y es por lo que me fui a mitad de mandato”, aseguró. El empresario no ha llegado explicar en qué no estaba de acuerdo y se ha dedicado a recordar que cuando él llegó a Excal “sólo se hacían dos acciones internacionales”.
Alberto Esgueva también ha asegurado que nunca violó información reservada, ni detentado secreto privilegiado proveniente de un funcionario por el que hubiera obtenido beneficio personal ni ha causado un daño a la causa pública, y todo ello pese a que en un principio se había acogido a su derecho de no declarar a las preguntas de los integrantes de la comisión de investigación constituida al efecto en las Cortes de Castilla y León.
El protagonista de la jornada, que sí ha comparecido ante la comisión pero de forma telemática, se había limitado inicialmente a leer una breve declaración escrita para, en primer lugar, denunciar públicamente que desde hace ocho años sufre una “pena de banquillo” que de “forma injusta” ha supuesto para su persona el “descalabro” de su vida familiar, profesional y personal, fruto también del “escándalo social” propiciado por el “sensacionalismo de los medios de comunicación”.
Esgueva, en declaraciones recogidas por Europa Press, había trasladado inicialmente a los integrantes de la comisión investigadora su negativa a responder a sus preguntas, y todo ello tras recordar que figura ya in curso en sendas causas judiciales por el caso de 'La Perla Negra' y la 'trama eólica', la primera seguida en Instrucción 2 y con peticiones de cárcel ya elevadas a la Audiencia de Valladolid y la segunda, en Instrucción 4, aún en fase de instrucción.
Tal circunstancia ha sido esgrimida por Esgueva como principal motivo para no responder en la comisión porque, a su entender, su declaración podría incluso perjudicar la vía judicial y, además, ha recordado en tono irónico que algunos de los políticos representados en dicho órgano investigador ya le han declarado “culpable”, al haberse personado la Junta y los socialistas como parte acusadora, al tiempo que ha incidido en que todo lo que tenía que decir ya lo dijo en su día en sede judicial y a través del escrito de defensa presentado en la causa.
Sin embargo, pese a su negativa a responder a las preguntas de la portavoz del Grupo Mixto, Laura Domínguez Arroyo, poco a poco se ha ido 'calentando' y ha terminado por responder a las cuestiones formuladas por los portavoces del PP y Cs, Salvador Cruz y Francisco Javier Panizo, respectivamente, y siempre para defender su inocencia, con referencias también a la “injusticia” sufrida en los últimos años y con encendidas críticas a las informaciones de los medios de comunicación.
El PSCyL no ha llegado a formular preguntas ya que su portavoz, José Francisco Martín, ha abandonado la sesión al considerar la misma una “farsa más a la que PP y Ciudadanos” someten a la comisión de investigación que se desarrolla en el Parlamento autonómico al plegarse a la petición del abogado común de Esgueva y Germán Martín, segundo en comparecer, de declarar vía telemática sin justificar su residencia.
Una comisión que llega tarde y una situación “kafkiana”
En la segunda comparecencia, German Martín Giraldo, el que fuera administrador de Urban Proyecta PM3, empresa que vendió a la Junta el Edificio de Usos Administrativos de Arroyo (Valladolid) y que también participó en la compra de terrenos para el fallido polígono industrial en la también localidad vallisoletana de Portillo, ha invocado públicamente su total inocencia y ha denunciado la persecución sufrida. “Durante ocho años o más vivo una situación kafkiana, sufriendo durante casi una década agresiones respecto a las circunstancias que nos ocupan, y es un trasiego tremendo”, ha afirmado.
Martín Giraldo ha comparecido también telemáticamente y en el mismo escenario en el que minutos antes lo había hecho Alberto Esgueva. El exadministrador de Urban Proyecta ha empezado mostrando sus reticencias a declarar, tras recordar su condición de investigado y acusado las dos causas, “de forma injusta y totalmente falsa” y ha lamentado que la comisión no se hubiera constituido hace ocho años, “pues seguramente lo investigado estaría archivado en el juzgado”, en lugar de padecer “casi una década de ataques” que le han granjeado el “descalabro familiar, personal y profesional”. “No creo que haya precedentes de que las cuestiones que se dirimen aquí hayan sido objeto de tantos titulares. Hay que llenar hojas y hay que repetir una cuestión mil veces”, hay un refrán que dice calumnia, calumnia, que algo queda y eso es ya imposible de cambiar“, ha apostillado Martín Giraldo en referencia a las informaciones periodísticas y al ”escarnio por el sensacionalismo mediático“.
El empresario ha negado los sobrecoste del edificio Perla Negra. “Me gustaría que alguien me dijese de donde sale la cifra de 70 millones, 52 más iva son 60 millones y no se tienen en cuenta, lo de los 70 es una falsedad absoluta, que alguien me llame y me diga donde está el diferencial. Otra cosa son las compartimentaciones y el mobiliario, pero nosotros terminamos el edificio y punto. Las modificaciones tienen un coste, pero no tienen un sobrecoste, hubo 100.000 cambios, llegar a tiempo a esa construcción era para ponernos medallas olímpicas. Lo habrá visto en la prensa muchas veces, pero es rotundamente falso”, ha dicho.
El “veneno corrosivo” de El País
También se ha referido a la empresa que tenía con Esgueva en Polonia, con un proyecto diversificado de construcción y que se vino abajo, según él, por la publicación que realizó El País. “Vinieron periodistas y contactaron con clientes y proveedores, estableciendo un veneno corrosivo, y evidentemente, esto llegó a la banca. Podríamos tener una situación preponderante ahora por los desarrollos iniciales que hicimos y por la inversión tan fuerte y el esfuerzo, y eso se nos fue completamente al traste y tuvimos que dejar de promover, porque nos paralizaron la financiación, por información sin contrastar que hace un daño terrible, quién repara después eso?, se ha quejado.
“Teníamos muchísimas ganas de hablar y declarar en esta comisión, me hubiera encantado que se hubiera constituido hace ocho años para contar las verdades como son”, ha insistido Martín Giraldo, que ha aprovechado para criticar con dureza la decisión del PSCyL de marcharse de la sala sin hacer pregunta alguna, y ello a pesar de que piden “más de 22 años de cárcel” para él y 22,5 para Esgueva en un escrito “basado en meros indicios y que ni tan siquiera cumplen la tipología de indicios”.
Tanto Esgueva como Martín Giraldo eran socios en la empresa Cronos Global, la misma que acabó consiguiendo una oficina en el palacete de Bruselas que la Junta de Castilla y León alquiló a la sociedad belga Co-Louis, detrás de la cual estaban los socios de la promotora del edificio Perla Negra, entre ellos el propio Martín Giraldo.