El exvicepresidente de Castilla y León, Jesús Merino evita la entrada en prisión por Gürtel porque los delitos por los que se le condena suman menos de dos años

El exvicepresidente de Castilla y León, Jesús Merino, no tendrá que entrar en prisión tras ratificar el Tribunal Supremo su condena de 3 años y 7 meses por cohecho y blanqueo de capitales en concurso medial con un delito de falsedad continuado en el caso Gürtel. Tal y como informó elDiario.es, su abogado advirtió de que al estar condenado por delitos con penas inferiores a los dos años de cárcel podía pedir la suspensión de la ejecución de la sentencia.

La Fiscalía Anticorrupción informó este martes, a través de una nota de prensa, de que solicitaba el “inmediato ingreso en prisión” de Merino, Ricardo Galeote Quecedo, José Luis Izquierdo López, Carmen Rodríguez Quijano, Isabel Jordán Goncet, Antonio Villaverde Landa, Juan José Moreno Alonso, Rosalía Iglesias Villar, Jesús Sepúlveda Recio, Carlos Clemente Aguado, Teresa Gabarra Balsells, Iván Yáñez Velasco y Pedro Rodríguez Pendás. Sin embargo, este miércoles, en un nuevo comunicado, Anticorrupción rectifica e informa de que el fiscal ha interesado el ingreso en prisión de aquellos penados que han resultado condenados a penas de prisión graves, esto es, penas privativas de libertad superiores a 5 años.

La petición se fundamenta en la naturaleza y entidad de los delitos y la gravedad de las penas confirmadas por el Tribunal Supremo pues “a mayor gravedad del delito, más intensa cabe presumir la tentación de huida”. Precisa además que esto “debe ponerse también en relación con la valoración individualizada de las circunstancias personales de los citados penados y sus recursos económicos, que evidenciarían un mayor riesgo de sustracción a la acción de la justicia”. Por lo tanto, en contra de la información facilitada un día antes, se pide el ingreso en prisión de Ricardo Galeote Quecedo, José Luis Izquierdo López, Carmen Rodríguez Quijano, Juan José Moreno Alonso, Rosalía Iglesias Villar, Jesús Sepúlveda Recio y Carlos Clemente Aguado.

El fiscal no pide el ingreso en prisión de aquellos penados que, condenados a penas graves, estén cumpliendo prisión por condenas firmes dictadas en otras causas o en otras piezas como es el caso de Francisco Correa, Pablo Crespo, Isabel Jordán y Luis de Miguel.

Tampoco se ha interesado el ingreso en prisión de aquellos para los que ya se acordó prisión provisional por la misma causa en 2018, como Alberto López Viejo, Luis Bárcenas Gutiérrez y Guillermo Ortega Alonso. Así, quedan fuera de la actual petición, en este momento, aquellos penados que, aunque fueron condenados en la instancia a penas graves, tras la Sentencia dictada por el Tribunal Supremo su condena firme es inferior a cinco años, todo ello sin perjuicio de que la Sentencia sea lógicamente ejecutada en sus propios términos.

Tal y como precisó el Supremo, el grupo de Francisco Correa creó un sistema de manipulación de la contratación pública a través de la relación con influyentes miembros del PP. Para urdir ese sistema hubo sobornos a funcionarios y autoridades, se emitieron facturas falsas y se montó un entramado entre diferentes sociedades para acceder a la contratación pública, así como para ocultar la procedencia ilícita de los fondos y su posterior destino, hasta hacerlos aflorar al circuito legal, con la consiguiente ocultación a la Hacienda Pública.

En el ámbito de la Administración, y en referencia a la participación de Jesús Merino, el Supremo determinó que Francisco Correa y su grupo extendieron su actuación a la Comunidad Autónoma de Castilla y León, “fundamentalmente, entre los años 2002 y 2004, donde se entendió y estuvo concertado con Luis Bárcenas Gutiérrez, gerente del Partido Popular, y con Jesús Merino Delgado, diputado por Segovia del mismo partido”. Las mordidas que se pagaron por las adjudicaciones en Castilla y León superan el millón de euros.

Los cobros percibidos en contraprestación a su intermediación en la adjudicación de contratos público, que realizaron valiéndose de sus influencias sobre cargos públicos de su misma formación política, ascendieron, en el caso de Luis Bárcenas a 1.176.561,07 euros, en el de Jesús Merino, a 331.737 euros y, en el de Francisco Correa, a 1.222.420,79 euros. Según la sentencia, los cobros se agrupan de varias formas. Por un lado están las adjudicaciones identificadas como irregulares y conseguidas por la intermediación de los acusados que cobraron una comisión. Es en este apartado donde se coloca la adjudicación de la Consejería de Fomento de Castilla y León a la constructora Teconsa del contrato de 6,8 millones de la 'Variante conjunta de Villanueva de Mena, Villasana y Entrambasaguas. C-6318, de Bilbao a Reinosa, puntos Kilométricos del 41,450 al 46,100. Provincia de Burgos'. Por la adjudicación irregular de dicho contrato se cobró una comisión de 175.973 euros que se repartieron el 14 de junio de 2002, entre otros, Correa, que obtuvo 49.763 euros, y Jesús Merino y Luis Bárcena, que recibieron 24.040 euros cada uno. Por el expediente relativo a la Variante de Olleros de Alba. C-626 de Cervera de Pisuerga a la Magdalena por Guardo; pk 4,100 al 8,600. Tramo: Olleros de Alba, que también fue adjudicado por la Consejería de Fomento a Teconsa en 2002, otra adjudicación irregular en favor de esta constructora, recibieron una comisión en enero de 2003, que, en el caso de Bárcenas y Merino ascendió a 18.600 euros para cada uno, y en el de Correa a 31.150 euros.

Por el 'Proyecto global de construcción del Centro de Tratamiento de Residuos Urbanos, Depósito de Rechazos y Accesos para la Gestión de los Residuos Urbanos de los municipios de la provincia de Salamanca', situado en Gomecello, que fue adjudicado a la UTE formada por Sufi SA y Teconsa, por la Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León en 2003 por un importe de 19.457.965,80 euros y en concreto “por la mediación para que se adjudicara dicho proyecto a la mencionada UTE, cobraron una comisión de 600.000 euros, de la que, en el reparto que se hizo entre quienes influyeron para que así se adjudicara, correspondió a Correa 120.500 euros y a Bárcenas y Merino 120.000 euros a cada uno.

En cuanto a lo que el Supremo engloba en “Cobros de empresas y personas identificadas”, Bárcenas, Merino y Correa recibieron otras más, en compensación por la intermediación que, prevaliéndose de los cargos que los primeros ostentaban, tuvieron en la adjudicación a empresas que resultaron beneficiarias de distintos contratos públicos.  Así, De Plácido Vázquez Diéguez, que en 2002 trabajaba para Sufi SA, que presidía Rafael Naranjo, hubo diferentes cobros, y uno de ellos fue de 10 millones de pesetas (60.101,21 euros), que se repartieron, a razón de 2.000.000 pts. (12.020 euros) cada uno, entre Correa, Bárcenas, Merino y Jesús Sepúlveda.

Procedente de Alfonso García Pozuelo, presidente del Consejo de Administración de la sociedad Constructora Hispánica, figuran dos cobros en febrero de 2002, 925.560,74 euros, de los que 471.245 fueron para Correa, 270.000 para Bárcenas y 90.150 para Merino.