El Gobierno desmiente haber asesorado a Villadangos del Páramo sobre las exhumaciones en su cementerio

Elena Cabrera

29 de agosto de 2021 11:56 h

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El pueblo leonés de Villadangos del Páramo votó este viernes si aceptaba o no la propuesta de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) que, a petición de los familiares, busca a unos 70 desaparecidos de la represión franquista en la provincia. La petición no salió adelante por 22 votos en contra, 12 a favor y 2 abstenciones entre los que esa noche formaban la Asamblea Vecinal del concejo. Durante su celebración, el teniente de alcalde Alberto González (PP), miembro de la Junta, desalentó en todo lo posible la aprobación para realizar la excavación en el cementerio municipal, donde se presumen que están las fosas.

“Yo he estado indagando este asunto, he llegado a contactar con el Secretario de Estado de Memoria Histórica y quiero que sepáis que hay otras alternativas que pueden dar más garantías”, dijo durante el acto el edil. Entre esas alternativas estaba la de esperar a la aprobación de la futura Ley de Memoria Democrática, ya que con ella “debe ser el Gobierno el que realice las excavaciones”. Según González, ese escenario proporcionaría “más garantías” que una exhumación realizada por la ARMH, una asociación que lleva más de 20 años realizando exhumaciones e identificaciones de víctimas de la Guerra Civil y el franquismo con protocolos forenses. No obstante, según el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, al Estado le corresponde “la búsqueda” de las personas desaparecidas pero, según se desarrolla más adelante en el articulado, las administraciones públicas “colaborarán” en la “indagación, localización e identificación” con “las víctimas o aquellas entidades que incluyan el desarrollo de tales actividades entre sus fines”, lo cual se hará “a través de los mecanismos de financiación y ayuda que se establezcan”. Es decir, que se espera del Estado —y un Ayuntamiento es parte del Estado— una mayor implicación, colaboración y disposición a la búsqueda, pero en gran medida seguirán siendo las asociaciones especializadas las que continúen realizando este trabajo, con financiación pública. La diferencia con este caso es que la ARMH rechaza las subvenciones y mantiene su actividad por las cuotas de los socios y afiliados. “Yo digo lo que me han informado”, añadió el edil en su intervención.

Fuentes de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática califican de “radicalmente falso” que el teniente de alcalde de Villadangos del Páramo haya sido asesorado por el secretario de Estado, “pues en ningún momento ha hablado con él, ni se ha puesto en contacto telefónicamente”. Es más, añaden que “no es aceptable, de ninguna manera, escudarse en una asesoría falsa para añadir argumentos a la negativa de dar vía libre a lo que tiene que cumplirse por ley”. Las leyes que aplican en este caso y que serían superiores a cualquier decisión municipal son la Ley de la Memoria Histórica y Democrática de Castilla y León, que indica que la Administración facilitará la indagación, localización e identificación de las víctimas y la ley estatal de Memoria Histórica de 2007, vigente mientras no se apruebe la que se espera que pronto inicie su tramitación parlamentaria.

Exhumar es una “prioridad” del Gobierno

Fernando Martínez, secretario de Estado de Memoria Democrática, ha recalcado que “la búsqueda, localización e identificación de los restos de personas enterradas en fosas comunes es un deber moral de nuestra sociedad democrática, y un claro compromiso político y moral con las víctimas y sus familiares”. “Las exhumaciones son una política prioritaria para el Gobierno de España”, ha añadido, indicando que en este momento hay 114 en marcha y que a final de año serán 302, impulsadas no solo por asociaciones sino también por Ayuntamientos y Comunidades Autónomas.

Pese a que Villadangos podría haber realizado por sí mismo el trabajo de búsqueda de estos 70 ejecutados en su término municipal entre septiembre y noviembre de 1936, contando para ello con la financiación articulada a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, no lo ha hecho. Muy al contrario, según la ARMH y los familiares, esta alcaldía se ha dedicado a poner obstáculos y demorar en lo posible la petición de las familias de recuperar los cuerpos de los suyos.

La ARMH ha anunciado que presentará una queja ante la Junta de Castilla y León y estudiará la posibilidad de llevar a cabo una denuncia por prevaricación administrativa contra el Ayuntamiento, así como ante la Fiscalía por incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. La asociación memorialista ha lamentado también, en un comunicado remitido a la prensa, que “el primer teniente alcalde del PP [Alberto González] hiciera campaña por el 'no' en la reunión de la Junta vecinal previa a la votación, y que para ello indicara que ha recibido asesoría del Secretario de Estado de Memoria Democrática”.

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León Francisco Igea (Ciudadanos), portavoz del Gobierno autonómico y consejero que ostenta las competencias de Memoria Histórica, ha anunciado este domingo en un tuit que el lunes irá a conocer de primera mano la situación en Villadangos y “asegurar el cumplimiento de la ley”. En una rueda de prensa esta semana, Igea había declarado tajantemente sobre este asunto que “es un derecho” y “no hay que votarlo”.