El vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha asegurado que comunicar la calificación inicial del Gobierno autonómico en el caso Perla negra es una cuestión de “responsabilidad”, a la vez que ha restado importancia a que en la nota de prensa remitida a los medios el pasado martes, se omitiese el nombre de los presuntos autores de presuntos delitos como malversación, tráfico de influencias o revelación de secretos.
El consejero de Presidencia, Ángel Ibáñez, también ha aludido a la “presunción de inocencia” de los altos cargos a los que los propios servicios jurídicos de la Junta de Castilla y León apuntan como responsables de los delitos.
En concreto, el Gobierno autonómico solicita casi 20 años de cárcel para ocho imputados en el caso de 'Perla Negra', sobrenombre con el que se conoce el edificio de la Consejería de Economía por el que se pagaron millones de euros de sobrecoste. Entre los imputados están los exviceconsejeros de Economía Rafael Delgado y Begoña Hernández, para quienes pide 11 y 4 años, respectivamente. Sin embargo, tanto Igea como Ibáñez han optado por obviar sus nombres y han precisado que cometieron los presuntos delitos mientras estaban al frente de las empresas públicas de la Junta y como altos cargos.
“Este Gobierno es un gobierno responsable que se ha personado y que ha pedido pena entre otras cosas porque tiene que responsabilizarse de que, en el supuesto caso de que hubiera una condena, se pueda solicitar los daños o reparaciones que sean necesarias para la Administración y por lo tanto para todos los ciudadanos de Castilla y León”, ha insistido Igea. El vicepresidente ha añadido que hay que valorar la actuación de la Junta al exigir responsabilidades, al contrario de lo que han hecho otros gobiernos con otros casos de corrupción. Francisco Igea también a eludido el dato de que la Junta de Castilla y León no se personó hasta 2016, momento en que la causa estaba muy avanzada, por considerar que no se había producido ningún perjuicio económico y todo ello a pesar de que la Fiscalía llegó a ofrecerle al menos en dos ocasiones, la posibilidad de ejercer acciones penales. Ni siquiera una vez personado el Gobierno autonómico, tuvo claro los delitos que presuntamente se cometieron al inflar los precios del edificio y del suelo de un polígono industrial que no llegó a construirse. No sólo eso: pidió el archivo de la causa e incluso abroncó al juez porque algunos medios, como eldiario.es, publicaron datos y documentación sobre la instrucción del caso.
Igea también ha insistido en que los altos cargos imputados actuaron “de forma particular” y todo ello a pesar de que las consejerías de Economía y Hacienda autorizaron operaciones a favor de la empresa pública más endeudada de la Junta.
“Son empresas públicas y no es la Administración”, ha insistido el vicepresidente al tiempo que anunciaba cambios en la Ley de Transparencia para evitar las malas prácticas que se llevaron a cabo en este caso.