El Juzgado de Instrucción número 2 de Salamanca ha acordado incoar diligencias previas ante la posible existencia de delitos de coacciones, financiación ilegal de partido político y falsedad en documento oficial en el proceso de primarias que el PP celebró en 2017 en Castilla y León para elegir a su presidente tras la marcha de Juan Vicente Herrera.
El Tribunal Superior de Justicia ha facilitado un auto fechado este miércoles en el que el juez se refiere a una denuncia anónima presentada en el decanato de los juzgados salmantinos. Aunque en el escrito aparecen datos de filiación, no son reales. “Por la gravedad de los hechos que contiene este escrito lo hago inicialmente de forma anónima con datos de filiación supuestos”, dice el denunciante. El magistrado precisa que aunque sea anónima, la investigación está avalada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos “siempre y cuando estas fuentes confidenciales se utilicen exclusivamente como medio de investigación”.
Así, tras determinar la legalidad de esta denuncia, el juez previene que los juzgados deben “actuar con la máxima prudencia en la investigación de la información que se aporta confidencialmente”, de manera que decreta el secreto total de las actuaciones.
Además, la denuncia llegó también a la Fiscalía Provincial. En ella se relata cómo Alfonso Fernández Mañueco pidió a alcaldes y concejales una “ayuda” para su campaña de primarias. Poco después, personas cercanas a él, entre las que citan al actual alcalde Carlos García Carbayo, solicitaron cantidades que oscilaron entre 300 euros, para asesores del partido, y los 500 para cargos electos. El fin, según el denunciante era abonar cuotas de afiliados que no estaban al día para que pudiesen votar.
El proceso de primarias se celebró en marzo de 2017 con la victoria del entonces alcalde de Salamanca y secretario regional de esta formación, Alfonso Fernández Mañueco, que se impuso al alcalde de León, Antonio Silván.