El procurador de Izquierda Unida-Equo en las Cortes de Castilla y León, José Sarrión, ha anunciado este viernes que pedirá para la próxima legislatura la creación de un programa de acogida temporal de activistas pro derechos humanos que están siendo perseguidos en algunos países del mundo. Una fórmula con la que ya cuentan algunas autonomías, como Euskadi o la Comunidad Valenciana, o algunos ayuntamientos, como el de Madrid, que estos días acoge a tres activistas sociales colombianas, que han visitado Castilla y León de la mano de Sarrión.
Estas tres mujeres, Maritze Trigo, una religiosa; Claudia Jimena, indígena; y Marcicel Sandoval, afrocolombiana, se encuentran durante un periodo de tres meses en la capital de España, a través de la ONG Mundubat, que les da acogida temporal con un doble objetivo: “un espacio de respiro ante las situaciones de amenaza” que sufren y ofrecerles “formación” para que su lucha activista, una vez de vuelta en Colombia, sea más efectiva, según ha explicado el coordinador del programa de acogida de personas defensoras de los derechos humanos que gestiona Mundubat, Raúl Rojas.
Ese es el modelo que quiere exportar para Castilla y León el procurador José Sarrión, que ha avanzado que, de cara a la próxima legislatura, tras las elecciones autonómicas del 26 de mayo, establecerá contacto con todos los grupos políticos que logren representación en las Cortes de Castilla y León e impulsar aquí un programa de acogida temporal de aquellas personas que se ven “oprimidas por los grandes poderes” en su lucha en favor de los derechos humanos en los países más desfavorecidos.
En el año 2017 fueron asesinadas 312 personas, activistas pro derechos humanos, que se ven sometidos día a día a una “tremenda vulnerabilidad de su seguridad”. Colombia “lidera esas cifras” de activistas represaliados, que han pagado con su vida la voluntad de mejorar la sociedad en la que viven, en países como Colombia, donde los acuerdos de paz no se están cumpliendo y están generando un clima de violencia, abusos y amenazas que atenazan la actividad de estos activistas, como el caso de Trujillo, región colombiana, en la que un sacerdote fue recientemente asesinado, descuartizado y arrojado al río, o una madre que vio cómo sus seis hijos eran asesinados.
Así lo ha relatado Maritze Trigo, que se ha acogido a ese programa de Mundubat, financiado por el Ayuntamiento de Madrid. Un relato escalofriante de la situación que se vive en Colombia, donde no fructifica el último acuerdo de paz porque el actual Gobierno de Colombia, después de 60 años de conflicto armado, no lo está cumpliendo. “El acuerdo de paz ha supuesto seguridad para el poder, pero para el pueblo y los poderes populares, la muerte”.
El poder político, la corrupción de los funcionarios públicos en el país, las guerrillas, los paramilitares, la influencia del narcotráfico, la injerencia política de los Estados Unidos o el concepto capitalista de la mercantilización de los recursos naturales de los pueblos colombianos son algunos de los alicientes que han provocado esa reacción de determinados sectores mediante el activismo social, reprimido con violencia en Colombia.