La Junta de Castilla y León anuncia una subvención de 6 millones de euros al medio privado Televisión Castilla y León por ser “esencial”

El vicepresidente, consejero y portavoz de la Junta de Castilla y León, ha anunciado este jueves la concesión de una “subvención” de seis millones a Radio Televisión Castilla y León, propiedad de los empresarios de medios y construcción Antonio Miguel Méndez Pozo y José Luis Ulibarri.

En plena crisis por la pandemia del coronavirus, Igea ha explicado que la subvención millonaria es “para la consecución de los objetivos y necesidades de interés público”. Los seis millones de euros son para el cuatrimestre que aún no ha vencido. Según Igea, la televisión privada es “esencial”, “en un momento como este” en que “está prestando un servicio muy importante a los ciudadanos de Castilla y León”. Pero habrá una segunda subvención para el segundo cuatrimestre de 6,7 millones, “una vez se dé por finalizada la situación de crisis actual”.

Un medio “esencial” que cobra antes de que acabe el cuatrimestre

Tras anunciar esta inyección económica a la corporación privada, Igea ha respondido lacónicamente a las preguntas de la prensa, que ha cuestionado la calificación de “esencial” de ese medio y no de otros a los que ha suspendido campañas publicitarias cuya cuantía es notablemente inferior a la otorgada a Televisión Castilla y León.

Entre las cuestiones que no ha querido aclarar, está la de la 'esencialidad' de la televisión privada y su diferencia con otros medios -que no reciben ni la décima parte de las cantidades que año a año otorga la Junta a dedo a la tele-, o si esta nueva 'subvención' es la misma que aprobó el anterior Gobierno en abril de 2019 para este ejercicio y que asciende a un total de 19 millones de euros y que no se conoció hasta que eldiario.es lo publicó. En 1 y el 2 de abril del pasado año, en plena etapa preelectoral, el Gobierno de Juan Vicente Herrera, se apresuró a conceder dos subvenciones directas que suman 46,6 millones de euros que se cobrarán durante los próximos cuatro años. Es decir, que lo anunciado hoy por Igea es parte de lo acordado por Herrera con los empresarios Méndez Pozo y Ulibarri, este último acusado en Gürtel e imputado en Enredadera, Púnica y una segunda pieza de Gürtel.

A la subvención de 19 millones de euros durante 2020 que se acordó el 2 de abril de 2019, se suma otra concedida un día antes y que asciende a 27.600.000 euros r epartidas en cinco anualidades: 6.500.000 euros en 2018 y 5.275.000 en 2019, 2020, 2021 y 2022.

La Justicia considera que es un contrato y no una subvención

¿Como se justifica esta segunda 'subvención' sobre la que ningún miembro del anterior Gobierno ni del actual se pronuncian? La Junta de Castilla y León parchea con ello una decisión aclarada por la Justicia.

Desde que se creó la corporación, la Junta ha financiado la televisión con cantidades que oscilan entre los 19 y los 25 millones de euros a través de una “subvención directa”. El Gobierno autonómico insiste en denominar subvención lo que para los tribunales es un contrato de prestación de servicios que está sujeto a IVA, y así lo establecieron distintas sentencias.

Entre 2009 y 2011, el Gobierno de Juan Vicente Herrera concedió anualmente cantidades de hasta 25 millones. En 2011 Hacienda reclamó el pago de IVA correspondiente a la televisión, que ascendió 10 millones y que tuvo como consecuencia una reestructuración y el despido de 37 personas. El asunto llegó a los tribunales. El 26 de marzo de 2018, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional desestimó un recurso interpuesto por Radio Televisión Castilla y León, S.A. contra la Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de 17 de marzo de 2015. La Sala consideró que las cantidades que percibió Radio Televisión Castilla y León, S.A. durante los años 2009, 2010 y 2011 debían estar sujetas a IVA, a pesar de la consideración de subvención que la Junta otorgó a dichas cantidades.

La Junta estaría obligada a licitar si lo llamase contrato

¿Por qué la Junta de Castilla y León insiste en denominar subvención a lo que los tribunales por sentencia firme consideran contrato? Se trata de una cuestión de discrecionalidad. Con una subvención directa, regulada en el artículo 31 de la Ley 5/2008, el carácter es excepcional y se otorgan siempre que para la Junta se acredite el interés público, social, económico, humanitario o de otra índole que dificulten su convocatoria pública. La Junta las concede de modo facultativo y ni siquiera los órganos de control económico y jurídico las conocen previamente. Tampoco hay control estricto para su justificación.

Tramitar la financiación de la televisión a través de un contrato supondría licitarlo a través de un concurso público: cualquier empresa de producción audiovisual podría presentar su propuesta y es lo que no quiere el Gobierno autonómico.

Con la segunda subvención de 27,6 millones, la Junta compensa las cantidades que la televisión ha tenido que pagar año a año desde 2009 en concepto de IVA. En la de los 19 millones, la Junta deja claro que considera que de esa cantidad, la corporación y no la administración, abonará el IVA. Pero es la Junta quien en realidad ha pagado el IVA desde 2009 hasta 2019, con la subvención de los 27,6 millones.

Las preguntas durante la rueda de prensa sobre la subvención anunciada por Igea fueron realizadas a través de whatsapp por periodistas que no pertenecen al conglomerado de medios que tienen los propietarios de Televisión Castilla y León (Diario de Burgos, EsRadio, El Mundo de Castilla y León...entre otros). Igea se limitó a responder a todos ellos que todos los medios eran importantes, que las campañas firmadas se mantendrían y que los millones que va a recibir la televisión son fruto de un acuerdo de la comisión parlamentaria. Al realizarse la rueda de prensa vía telemática, una vez que el equipo de comunicación de la Junta consideró que las dudas estaban resueltas a pesar de que las preguntas no se estaban contestando, la comparecencia acabó no sin que varios redactores insistiesen en que se aclarasen las dudas.

Al cierre de esta información, la Junta de Castilla y León se había comprometido a remitir una nota informativa. La aclaración del Gobierno autonómico, que se produjo una vez publicada esta información, no da un solo dato sobre el origen de esta subvención.