Semana Santa atípica donde las haya, y no solo por las restricciones adoptadas tratando de evitar la cuarta ola de la pandemia, si no por que los efectos del frenético 10 de marzo siguen marcando la pauta política en las comunidades directamente afectadas por el seísmo murciano. Mientras en Madrid las cinco fuerzas políticas en liza se han lanzado a tumba abierta a la caza del voto -hasta el soso de Ángel Gabilondo se está soltando el pelo-, en Castilla y León se vive la resaca de una moción de censura que ha tenido mucha más trastienda de la que nos ha querido hacer creer el PSOE.
Pese a que los medios afines se afanan en convenceros de que el presidente Fernández Mañueco ha salido reforzado del trance, la realidad es terca y lo único que ha cambiado es que PP y Ciudadanos han perdido la mayoría absoluta que les ha permitido hacer y deshacer en la Junta sin tener que contar con nadie. Suerte para ellos que dicha pérdida se ha producido después de haber aprobado los Presupuestos de la Comunidad para 2021, ya que en otro caso hubieran tenido que abonar los correspondientes peajes a alguna de las minorías del grupo mixto.
Seguramente tratando de dar una alegría a sus deudos, PP y Ciudadanos han descongelado una de sus medidas estrella, si no la que más, del acuerdo de gobierno con el que llegaron a la Junta: la bonificación en el 99% del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, “lo que supone la eliminación práctica del mismo”, decía literalmente el texto. El gobierno de Mañueco se dio mucha prisa en iniciar el trámite y el presidente lo colgó durante meses como tuit fijo en su cuenta de Twitter. Sin embargo, la irrupción de la pandemia y la drástica caída de ingresos en las ruinosas arcas autonómicas aconsejó dejar en suspenso la medida, ello para indisimulado cabreo de Empresa Familiar de Castilla y León, el influyente lobby constituido por importantes fortunas familiares de la comunidad.
Se aseguró de que se trataba de un aplazamiento temporal a la espera de que la economía se recuperara de los estragos de la pandemia, cosa que evidentemente no se ha producido. Sin embargo, urgía vender algo a su deprimido electorado y el gobierno bipartito ha decidido reactivar ese “regalo fiscal” sin importarle la merma de ingresos que conllevará.
La circunstancia permitirá ir conociendo cómo cotiza el voto suplementario que necesita el bloque PP-Cs para sacar adelante las votaciones en las Cortes. En este caso, no habrá mayor problema, ya que Vox comparte a ultranza (nunca mejor dicho) una medida que tampoco ve con malos ojos el partido Por Ávila, cuyo electorado procede en un elevado porcentaje del caladero popular. Habrá mejores ocasiones para comprobar cuál de estos dos partidos (más difícil resulta que la UPL entre en la ecuación) se erige en aliado preferente del gobierno Mañueco, que en todo caso tendrá que retribuir un apoyo que tiene el coste de potenciar a rivales con los que se disputa en las urnas la misma franja de voto.
El doble frente de García Egea
Entretanto, prosigue la OPA desencadenada desde Génova contra Ciudadanos. Una de las últimas en descubrir las bondades del PP ha sido la diputada autonómica por Madrid Marta Marbán, que se acaba de marcar un “tonycantó”, incorporándose con armas y bagajes a la candidatura de esa centrista que ha sido toda su vida Isabel Díaz Ayuso.
Hace al caso recordar que Marbán fue la número dos de “Ciudadanos eres tú”, la corriente que impulsó el actual vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, para disputar la presidencia del partido a Inés Arrimadas. Un Igea que contempla las fugas de su teórico partido mordiéndose la lengua desde su “sillita”, que no es cosa de cabrear aún más a una lideresa que ya se la tiene suficientemente jurada.
Mientras con una mano se vuelca en captar a toda suerte de arribistas procedentes de las filas naranjas, en buena parte nutridas en origen por dicho espécimen político (basta repasar la trayectoria política de sus principales cabezas visibles en Castilla y León), con la otra el secretario general de los populares, Teodoro García Egea, prosigue su plan para someter al yugo de Génova a las provincias irredentas otrora afines a Soraya Saénz de Santamaría, en estos lares principalmente Salamanca, Zamora y Segovia.
La última demostración de fuerza del estadista murciano se ha producido en Valladolid, donde el sucesor llamado a completar el pack (presidencia simultánea del partido y la Diputación) otrora en manos de Jesús Julio Carnero, actual consejero de Agricultura, Conrado Íscar se hacía el remolón para cumplir el pacto que pasaba por dejar la secretaría provincial en manos de la corriente casadista. Vista su renuencia, Íscar fue llamado la semana pasada a Génova, donde Egea le comunicó que dicho cargo recaería en la senadora Mercedes Cantalapiedra.
Podía haber sido el alcalde de Villalón y diputado del Congreso, José Ángel Alonso, o el también diputado Eduardo Carazo (las incompatibilidades estatutarias en el PP siempre han estado para saltárselas). Pero no. La nominada ha sido Cantalapiedra, antigua mano derecha del ex alcalde Javier León de la Riva, que se postula como próxima candidata a la Alcaldía en detrimento de la anterior aspirante y jefa a ratos de la oposición municipal, Pilar del Olmo, quien ha rehusado la dedicación exclusiva que le correspondía como portavoz por estar peor remunerada que su puesto como inspectora de Hacienda. “O estamos a setas o estamos a duros” y Del Olmo tiene muy claro a lo que está. De paso se ha puesto de relieve la nula influencia que a estas alturas tiene en el PP un tal Juan Vicente Herrera, ese esforzado consejero nato del Consultivo gracias a una Ley aprobada mientras era presidente de la Junta, del PP de Castilla y León y del grupo parlamentario popular de las Cortes, el pack, éste triple, que ostenta ahora Mañueco.
La madre de todas las batallas provinciales del PP se va a dar en Salamanca, donde el mañuequismo ha tocado a rebato para evitar ser “renovado” por el grupo crítico alentado por García Egea. El presidente provincial del partido y de la Diputación, Javier Iglesias, que andaba dormido en los laurales, se ha puesto las pilas para combatir la revuelta. Cuentan las crónicas que la familia Mañueco se ha movilizado al máximo, al punto que hasta el célebre suegro, Pepe Villares, ha abandonado su retiro político poniendo a favor de la causa las influencias que conserva de sus décadas de pertenencia a la Diputación charra.
También puede haber batalla en el avispero del PP leonés, donde está por ver qué papel tiene asignado el consejero de Fomento, Juan Carlos Suárez Quiñones, quien no por casualidad y así como el que no quiere la cosa, a principios de año se afilió al partido, inusual decisión en los jueces en excedencia dedicados, se supone que temporalmente, a la política. Lo que está claro es que Suárez-Quiñones y su antecesor en la consejería, Antonio Silván, militan ahora en facciones enfrentadas.
Mientras en Zamora Génova sigue tejiendo complicidades para desmontar el maillismo, en Segovia la labor de zapa de Javier Maroto ha dado 'jaque mate' al mañuequismo encarnado por el secretario regional, Francisco Vázquez, su sucesora en la presidencia provincial, Paloma Sanz, y el coordinador del partido y delegado territorial de la Junta, José Mazarías.
Maroto se ha llevado al huerto (Sotosalbos y Collado Hermoso son pueblos limítrofes) al secretario provincial, Miguel Ángel de Vicente, quien en tanto que presidente de la Diputación, es el verdadero hombre fuerte del PP segoviano, el que controla los planes provinciales y la chequera mediática de la institución, aunque esta última la administre con orejeras poco inteligentes.
De Vicente tiene en su mano pasar a ser el nuevo presidente o, en su defecto, apoyar a un candidato alineado con el casadismo, cuyo exponente original, el senador y portavoz municipal Pablo Pérez Coronado, ha dejado de estar en minoría dentro de un partido volcado ahora del lado de Génova gracias a la hábil maniobra de Maroto. No me olvido del resto de las provincias, donde hay asimismo bastante tela que cortar, sobre todo en Burgos y Soria, pero hoy el espacio no da para más.