A estas alturas de noviembre deberían de haberse producido en Castilla y León dos hechos de que ya están tardando en materializarse. Por orden cronológico, el primero es la sentencia judicial sobre el caso 'Perla Negra & Pufos Asociados' (asociados entre sí y con la cúpula de la Consejería de Economía que dirigía el malogrado Tomás Villanueva bajo la Presidencia de Juan Vicente Herrera). El segundo, la presentación ante el registro de las Cortes del Proyecto de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Castilla y León para 2025.
Lo de la sentencia a dictar por la Audiencia Provincial de Valladolid empieza a oler como la merluza “de confianza” que, según el chiste, le ofrece al comensal un maître carente de escrúpulos. Y es que se anunció por cauce oficial que la sala que ha juzgado el caso se reuniría el 22 de octubre para despachar el veredicto y esta es la fecha, cuatro semanas después, que sus señorías togadas siguen sin alumbrar su fallo tras una vista oral que quedó vista para sentencia el pasado 8 de mayo. Tanta dilación empieza a resultar mosqueante, sobre todo habida cuenta de antedecentes como la sentencia sobre el 'caso Arroyo' dictada en su día por la misma Audiencia Provincial.
Viene al caso recordar aquella sentencia (noviembre de 2013), en la que único político condenado resultó ser el que fuera alcalde de Arroyo de la Encomienda, José Manuel Méndez, yéndose de rositas todos los ilustres miembros del llamado 'clan Villanueva', que se lo llevaron crudo pero calentito, bien en metálico o en especie, caso este último del exdelegado territorial de la Junta, Jesús García Galván, absuelto por prescripción del delito en una sentencia que daba por probado que recibió como regalo un chalet en la localidad coruñesa de Murgardos.
García Galván al menos se sentó en el banquillo, algo que no hicieron otros conmilitones del clan liderado por el entonces presidente del PP vallisoletano implicado de hoz y coz en la trama. Veremos si la montaña no acaba pariendo otra vez un ratón. Uno de los tres magistrados que dictaron sentencia sobre el 'caso Arroyo', Miguel Ángel de la Torre, ha formado parte del tribunal que ha enjuiciado el 'caso Perla Negra'.
Entretanto, el Gobierno de Mañueco sigue dilatando sin ninguna justificación la presentación ante las Cortes del Proyecto de Presupuestos de la Comunidad para 2025. Tras la aprobación parlamentaria, hace dos semanas, del techo de gasto la Junta ha dejado pasar dos consejos de Gobierno sin cumplir la obligación estatutaria (art. 89) de presentar el Proyecto presupuestario, sacándose de la manga una ronda de consultas a los grupos de oposición, a los que ignoró completamente antes lanzar el 'anteproyecto' presentado a bombo y platillo el pasado 15 de octubre.
La diferencia entre la sala de la Audiencia Provincial y la Junta es que la primera no tiene más remedio que emitir antes o después su sentencia, en tanto que el Gobierno de Mañueco, en evitación de un más que previsible revolcón parlamentario, puede eludir la citada obligación estatutaria e inhibirse, so pretexto de no tener garantizada la aprobación de los Presupuestos, lo que abocará a la prórroga de las cuentas vigentes en 2024.
A todo esto, el próximo viernes Mañueco cerrará en La Moncloa la ronda de encuentros mantenida por Pedro Sánchez con todos los presidentes autonómicos, cita a la que han respondido todos excepción hecha de Isabel Díaz Ayuso, quien desde el primer momento quiso boicotear la iniciativa.
Amén de manifestar su rotunda oposición a la financiación singular de Cataluña comprometida a cambio del apoyo de ERC a la investidura de Salvador Illa, Mañueco acudirá con la consabida carta a los Reyes Magos sobre inversiones del Estado en esta comunidad. El encuentro se produce cuando el Gobierno de Sánchez ha fijado fecha y lugar para la celebración de la esperada Conferencia de Presidentes: 13 de diciembre en Santander. Veremos si Mañueco se toma la molestia de convocar previamente a los portavoces de la oposición en busca de acudir a esa cita con posturas “de comunidad”, o se limita a mantener en ella posiciones exclusivas del PP, partido que, desde la ruptura con Vox, gobierna en minoría y sin ningún apoyo entre los demás grupos parlamentarios, situación esta última que explica su resistencia a la presentación y tramitación del Proyecto de Presupuestos.