Aunque el asunto no consta en el pacto de gobierno suscrito con fecha 10 de marzo, resultaba obvio que la facción de Vox presente en el gobierno de Castilla y León arremetería más pronto que tarde contra el Diálogo Social institucionalizado entre la propia Junta, la patronal y los dos sindicatos mayoritarios. Sobre el papel, el momento más propicio para ello parecía ser la elaboración de los Presupuestos de la Comunidad para 2023, en los que el partido de extrema derecha tratará de estrangular todas aquellas políticas sociales que, por mucho soporte legal que tengan, no caben en su excluyente ideario.
Pero lo que nadie esperaba era que de buenas a primeras el vicepresidente de la Junta, Juan García Gallardo, y el consejero de Industria y Empleo, Mariano Veganzones, comparecieran oficialmente en la sala de prensa de la Junta para dar cuenta como cosa hecha del recorte en un 50 por ciento de las subvenciones directas a los agentes sociales y a un diverso conjunto de programas concertados en el seno del Diálogo Social, todo ello por importe de 20,3 millones de euros. Semejante “hachazo” a la política de concertación social de la Junta causaba el lógico estupor, ya que, además de no haber sido comunicado previamente a patronal y sindicatos, Gallardo y Veganzones admitían que no había sido aprobado en Consejo de Gobierno.
No obstante esto último, ante el espeso silencio del presidente y del consejero Portavoz, lo anunciado por la facción de Vox se tomaba como cierto: “La Junta rompe el Diálogo Social y recorta al 50 por ciento las ayudas a sindicatos y patronal”, titulaba en primera página “El Norte de Castilla”.
Una semana más tarde, después de profusas, confusas y difusas declaraciones del escurridizo consejero Portavoz, Carlos Fernández Carriedo, sabemos que se ha tratado de un anuncio unilateral de dicha facción, de una mera declaración de intenciones que, a falta de su aprobación por los órganos competentes, carece de aplicación práctica. Pero lo que no sabemos es lo que piensa de este episodio el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, completamente de perfil ante un nuevo desafío de García Gallardo, quien, arrogándose una vez más decisiones que no le competen, en esta ocasión ha rozado la usurpación de funciones.
Incredulidad de la patronal
Un órdago de esta naturaleza no estaba en los planes de Fernández Mañueco, quien el pasado 7 de abril, con ocasión de la toma de posesión el presidente de la CEOE en Castilla y León, Santiago Aparicio, subrayaba el papel “esencial” del Diálogo Social como “seña de identidad” de esta comunidad autónoma y se extrañaba de que alguien pudiera poner en duda sus logros durante las dos últimas décadas. Mañueco no sospechaba entonces hasta donde iban a llegar sus socios de Vox en su libérrima interpretación de lo pactado, que les ha llevado a justificar su propuesta basándose en el punto que habla de eliminar el “gasto superfluo”. ¿Desde cuándo puede considerarse “gasto superfluo” lo que se considera una “seña de identidad” reconocida en el Estatuto de Autonomía y elevada a rango de Ley autonómica en 2008?.
Hasta tal punto se consideraba Castilla y León orgullosa de dicha “seña de identidad” que en el año 2018 el entonces consejero de Empleo, el mencionado Carriedo, patrocinó y encabezó varias viajes al extranjero a fin de que delegaciones la Junta, la patronal y los sindicatos divulgaran el Diálogo Social de Castilla y León como modelo exportable a seguir en materia de concertación; entre otros destinos visitaron Washington, donde se reunieron con directivos de la Organización de Estados Americanos y del Banco Mundial, y Colombia, donde presentaron el modelo a la ministra de Trabajo.
Como no podía ser de otra forma, patronal y sindicatos han puesto el grito en el cielo solicitando al presidente de la Junta, que lo es también del propio Consejo del Diálogo Social, que aclare si comparte o no el “hachazo” anunciado Gallardo y Veganzones. La CEOE manifestaba “su más absoluta incredulidad” ante dichas medidas y su rechazo ante “los calificativos impropios de una sociedad democrática” que acompañaban el anuncio. Por su parte, los secretarios regionales de CC.OO. y UGT han solicitado a Mañueco la destitución del vicepresidente y del consejero, advirtiendo de que llevarán la defensa del Diálogo Social ante los Tribunales y la Organización Internacional del Trabajo frente a un partido, Vox, que aspira “a un franquismo sin Franco”.
De esta forma, Mañueco tendrá que despejar la pelota que ha puesto en su tejado el vicepresidente, quien ha vuelto a desafiar su autoridad, instrumentando de forma partidista su cargo institucional y sin atenerse a lo pactado con el PP, que en ningún momento cuestiona la eficiencia del Diálogo Social. Salvo, claro está, que PP y Vox mantengan paralelamente un “programa oculto” del que formen parte sorpresas como ésta y otras que nos podamos ir encontrando mientras sigan gobernando juntos.
Hace falta desfachatez para encontrar “gasto superfluo” en la política social y no hacerlo en el nido de despilfarro y enchufismo de determinados chiringuitos, alguno de ellos ahora en manos de consejeros de Vox, caso de la Fundación Siglo. Por no hablar del crecimiento de la nómina política de la Junta, comenzando por la creación de una vicepresidencia sin cartera dotada de otros tres altos cargos y utilizada torticeramente por su titular en beneficio exclusivo de sus intereses partidistas.
¿Quién manda en la Junta?
“¿Quién toma las decisiones en el gobierno de Castilla y León?”. La pregunta formulada al presidente de la Junta por el socialista Luis Tudanca para su contestación ante el pleno de las Cortes, no puede ser pertinente a la vista de la confusión reinante en el Colegio de la Asunción. ¿Existe un gobierno único en el que el vicepresidente y todos los consejeros están sometidos a la autoridad superior del presidente? ¿O en la práctica el socio minoritario, Vox, se ha constituido en una facción autónoma a las órdenes del vicepresidente que actúa unilateralmente sin atenerse a lo pactado con el PP y en abierto desafío a la autoridad del presidente?
Vistas las amplias tragaderas de Fernández Mañueco, incapaz de hacerse respetar ante las continuas salidas de tono de Gallardo y Veganzones, estos han decidido elevar su desafío ante un presidente al que tratan como un rehén de Vox. “No habrá marcha atrás. El presidente me ha dado su palabra”, ha declarado el vicepresidente ante la reunión del Consejo de Diálogo Social pendiente de convocar por Mañueco. Por su parte, Veganzones se considera “totalmente respaldado” y no concibe que el presidente pueda desautorizarle.
Así de ufano se muestra un consejero que acumula en su corto mandato varios fracasos sonrojantes. Uno de ellos su clamorosa ausencia (la de él y la de toda la Junta) del problema del grupo Siro, que ha estado a punto de dar al traste con los 1.700 empleos del emblemático grupo galletero, salvado a la postre por la decidida mediación de la ministra Reyes Maroto. Muestra de la desidia e ineptitud de Veganzones ha sido que tardara seis semanas en nombrar a su viceconsejero de Dinamización Industrial y Laboral, Óscar Villanueva, y que el gerente del Ecyl designado una semana antes, Javier Moreno Espeja, tuviera que dimitir once días después por haber gestionado antes de su nombramiento cursos de orientación psico-sexual denigrados por Vox.
Frente a la pueril excusa de atribuir su fallida elección a una empresa privada, existe otra versión según la cual Moreno, a la sazón presidente del elitista club de tenis “El Soto”, de Burgos, fue captado directamente por su paisano el vicepresidente, quien sería en realidad el verdadero responsable del fiasco.
Veremos como sale de este trance Mañueco. Si pone paños calientes y da largas al asunto para reconducir la cuestión con los agentes sociales sin desautorizar a la facción de Vox, o se decide de una vez a parar los pies a Gallardo y Veganzones para que se atengan estrictamente a lo pactado y se abstengan en lo sucesivo de seguir desafiando su autoridad. Mientras esto último no ocurra, asistiremos a la aberración democrática de que el partido más votado en las elecciones autonómicas (31,43 por ciento de los votos y 31 procuradores) se constituye en rehén de la tercera fuerza política (17,64 por ciento de voto y 13 procuradores), una minoría extremista que se permite perpetrar toda clase de tropelías ante la claudicación de un presidente pusilánime que renuncia a su propia dignidad democrática. A la suya y a la de su partido.