Una propuesta fiscal para Castilla y León
El acuerdo formalizado hace unas semanas entre PSC y ERC, para la investidura como president de la Generalitat de Salvador Illa, puede forzar un necesario debate sobre la financiación de las administraciones autonómicas o limitarse a una negociación bilateral entre Cataluña y España que deje al margen las reformas que tienen que producirse sobre el actual modelo en nuestro país.
La propuesta política de Izquierda Unida es la construcción de una futura República Federal y solidaria, que dé respuesta a los problemas y anhelos de la ciudadanía y beneficie a la clase trabajadora. Nuestra voluntad es que este proceso se produzca desde una perspectiva federal, para una España plurinacional en la que se garanticen servicios públicos mínimos para quienes habitan en los territorios, independientemente de cuáles sean y de su riqueza.
Quienes gobiernan la Junta de Castilla y León plantean la crítica a la construcción de país que tienen desde Cataluña para asumir más competencias y más políticas para su territorio, pero no elaboran en positivo cuál es su modelo de financiación autonómica. La posición de la Junta es contraria a otras pero nunca es una alternativa política trabajada para poder debatir con los agentes sociales y el resto de partidos. Nos queda claro que Mañueco no quiere que la Agencia tributaria catalana recaude sus impuestos, pero desconocemos su propuesta de financiación para la comunidad autónoma que preside.
No estamos de acuerdo ni con el modelo que proponen los nacionalistas periféricos ni con el del nacionalismo español que no cree en las Autonomías y trabaja poco y con desgana desde nuestra Castilla y León en nuestra España descentralizada. No es posible construir Comunidad sin tener una propuesta de financiación del modelo que quieras construir.
En Izquierda Unida vemos pertinente un debate político serio, honesto y con argumentos sobre financiación autonómica y modelo de país. Aquí algunos de los ejes a debate sobre los que consideramos tendría que articularse:
- A IUCyL no le gusta el principio de ordinalidad del acuerdo en el que las Comunidades autónomas reciben en función de lo que aportan, pues no implica solidaridad, ni garantiza la redistribución de la riqueza, ni la defensa de los servicios públicos. Pero que el modelo de financiación autonómico del 2009 sea perjudicial para algunos territorios no implica que la alternativa tenga que ser mejor.
- El debate entre financiación y fiscalidad tiene que ligar la política autonómica entre sí y con la estatal. Porque la política estatal de incremento de recaudación no es compatible con la reducción de impuestos que determinadas comunidades aprueban a quienes más tienen. Es preciso una política de cooperación que reemplace la competición entre comunidades a ver quién reduce más impuestos como el de patrimonio, sucesiones o el de IRPF, mientras reivindican más recursos al Gobierno de España para realizar o mejorar determinadas políticas en sus territorios.
- España es uno de los países europeos que, según diferentes organismos internacionales, tiene un nivel de economía sumergida más elevado. Y todos los estudios que han analizado esta cuestión nos sitúan entre las Comunidades Autónomas con mayor peso de dicha economía. Combatir la corrupción y mejorar la eficiencia de la recaudación fiscal tiene que ser uno de los objetivos de los que partan las premisas de la nueva fiscalidad. No tiene sentido debatir políticamente si hay determinadas empresas que quedan al margen y juegan con las cartas marcadas o con otra baraja.
- Tiene que haber un acuerdo amplio sobre recaudación fiscal y la necesidad de reducir la diferencia de casi 7 puntos porcentuales respecto a los países de la eurozona, ya que desde el 2007, la recaudación fiscal es más baja en términos nominales y en relación con la riqueza medida en términos de PIB.
- La transparencia tendría que ser un principio básico en política de fiscalidad y requiere de voluntad política para llevarlo a cabo. Es preciso poder conocer de todas las administraciones cuánto recaudan de cada uno de los tributos, cuáles son las deducciones y las exenciones que se producen y a quiénes afectan. Es preciso que la información se dé de la manera más detallada posible y que nuestras haciendas sean modernas, transparentes y ejemplares. Para ello sería pertinente coordinar y dar forma a los datos estadísticos fiscales para que permitieran comparar gestiones entre Comunidades y el estado.
- La propuesta desde Castilla y León para el país tiene que atender a criterios de población pero tiene que entender las particularidades objetivas de algunos de los territorios: como la insularidad, además de otras como el envejecimiento de la población o la dispersión de la misma en múltiples pueblos distribuidos por todo el territorio y muy poco poblados.
- La deuda pública de Castilla y León se ha incrementado hasta los 13.833 millones de euros en el primer trimestre de 2024. Más de dos mil millones se deben al Gobierno central, lo que supone un 16,2% del total. Izquierda Unida propone la cancelación progresiva de la deuda de las Comunidades Autónomas con el Gobierno central ligada a una “condicionalidad positiva”. Esta condicionalidad tendría que ir destinada a incrementar el gasto y la inversión en servicios públicos esenciales hasta conseguir los objetivos sobre el PIB: 8% Sanidad, 6% Educación y 3% Servicios Sociales y sistema de cuidados.
En este debate iniciado tras el acuerdo en Cataluña, Izquierda Unida de Castilla y León quiere organizar una propuesta de fiscalidad más extensa que sea debatida con el resto de organizaciones políticas de la izquierda transformadora en nuestra comunidad autónoma: Podemos, Sumar, Toma La Palabra, Equo, Alianza Verde.
Junto a la necesaria participación de la sociedad civil organizada, ya que el debate político emprendido sobre fiscalidad y financiación de Castilla y León es relevante que sea también social y que participen los sindicatos de clase, los movimientos sociales, las asociaciones y los colectivos para construir una propuesta de fiscalidad que pueda ser la alternativa para Castilla y León en los próximos años. Es oportuno ante la ausencia de una política de fiscalidad de quien gobierna la Junta desde 1987, tengamos una propuesta seria y trabajada desde la izquierda política, sindical y social.
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