Castilla y León es junto al País Vasco la única Comunidad Autónoma sin capital. Una anomalía que podría cambiar si prospera la iniciativa que el Partido Popular de Valladolid va a llevar al pleno de este martes. Los 'populares', aunque sin el apoyo de la ejecutiva autonómica del partido, quieren que el consistorio vallisoletano reclame a las Cortes de Castilla y León una reforma del Estatuto de la Comunidad en la que se designe a su ciudad como capital oficial.
Aunque Valladolid —la ciudad más poblada de Castilla y León— acoge las tres instituciones de autogobierno: las Cortes, la Presidencia y la Junta, el Estatuto de Autonomía no establece que tengan que estar ubicadas allí, y mucho menos que dicha ciudad sea la capital de Castilla y León. El debate que ahora se ha abierto, demuestra, según el PP de Valladolid, “la falta de sentimiento de comunidad” y que son iniciativas como la que quieren promover ahora, las que podrían mejorar esa situación.
El Estatuto de Castilla y León, no fijó la capitalidad, aunque que sí estableció en su artículo 3 que debía impulsarse una ley posterior que regulase la ubicación de las instituciones básicas. El Estatuto se aprobó y entró en vigor en 1983, pero la norma que indicaba el lugar de dichas instituciones tardó cuatro años en aprobarse debido a la negativa de Alianza Popular.
“Tuvimos 'mal acierto' al indicar que la Ley de sedes precisase de 2/3 de los procuradores para aprobarse eso retrasó la designación”, explica a eldiario.es el primer presidente de la autonomía y ponente del Estatuto en el Congreso y el Senado, Demetrio Madrid. En 1987, las Cortes de Castilla y León impulsaron la Ley 13/1987 de 29 de diciembre, que fijabas las sedes en Valladolid.
Anomalía dentro la Constitución
En los primeros años de etapa preautonómica y autonómica la sede el Consejo General de Castilla y León, embrión de las instituciones de autogobierno, tuvo su sede en Burgos, concretamente en el Palacio de la Isla. Allí tomó posesión el propio Demetrio Madrid como primer presidente de Castilla y León en 1983. Meses después se produjo el traslado de la Presidencia a Valladolid. Las Cortes, por su parte, se reunían en el Castillo de Fuensaldaña (Valladolid) donde mantuvieron su sede hasta 2007. Según Madrid, “Valladolid era el sitio más equidistante, por lo que permitía el acceso más directo a los habitantes de todas las provincias. Había infraestructuras y capacidad para acoger todas las consejerías y las direcciones generales”.
El partido popular de Valladolid considera que la reforma del Estatuto y la inclusión de la capital en el texto es necesaria para cumplir con el artículo 147 de la Constitución, que exige que tanto “la denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias” deben estar recogidas en todos los Estatutos de Autonomía.
Sin embargo, el profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Burgos Luis Delgado no considera que se esté incumpliendo la Carta Magna. “A mi juicio, la actual referencia en el artículo 3 a la Ley que regula las sede y la norma posterior de 1987 ya cumpliría con el artículo 147 de la Constitución”, abunda. “Hay comunidades que tampoco establecieron su capital en aquel momento del proceso autonómico y decidieron posponerlo en alguna de las reformas estatutarias”, remata.
Un debate con un cierre difícil
En ninguna de las tres reformas estatutarias de Castilla y León se ha vuelto a debatir el tema de la capitalidad. Margarita Torres fue ponente en la última reforma del Estatuto de Autonomía de 2007. Para la historiadora y concejala del PP en el Ayuntamiento de León, el debate sobre la capital castellano y leonesa es una “polémica innecesaria”. Según Torres, el caso del País Vasco, donde tampoco hay capital, demuestra que carecer de ella no es problema.
Demetrio Madrid ve la medida como “oportunista” y critica tanto la moción como a su impulsor, el exvicepresidente de la Junta de Castilla y León y ahora concejal del Partido Popular en Valladolid, José Antonio de Santiago-Juárez.“No sé cómo ciertos personajes que han tenido importantísimas responsabilidades en la Administración se atrevan a tomar este tipo de iniciativas. Creo que es por deseo de notoriedad. Toda demagogia tiene su encanto, pero este tipo de iniciativa son políticas de campanario”, sentencia el socialista.
“Si ya se decidió de común acuerdo cerrar el debate, me parece fuera de lugar sacar este asunto ahora. A todos los leoneses y castellanos nos preocupan otros temas como el paro o la despoblación”, asegura Torres. La medievalista y coautora del actual preámbulo del Estatuto, asegura que son varias las ciudades que podrían ostentar el cargo por criterios históricos.
“La primera capital es León, porque Castilla nace de León en 1065. Después se unen los reinos en 1205 y se establece la capital en Burgos. Y si nos adelantamos más en el tiempo, en la España de los Austrias, muy a menudo los reyes residían en Valladolid”, relata la historiadora. “Por historia es tan capital Burgos, como León como Valladolid”, sin embargo la propia Torres rechaza este tipo de argumentos, porque la Comunidad actual, “ni es el León histórico ni la Castilla histórica”. Para Torres el debate “no tiene sentido y además estaba cerrado”.
Sentimiento de agravio en otras provincias
En el año 2016, una encuesta autonómica del barómetro Socyl, revelaba que el 99% de los habitantes de Castilla y León consideraba que la provincia de Valladolid estaba beneficiada por la Junta frente al resto. En ese estudio sociológico, el 64,7% de los encuestados consideraba que las provincias no eran tratadas de igual manera por el Gobierno autonómico. Demetrio Madrid cree que este sentimiento es un hecho. “Tienen razón. Aquí durante algún tiempo ha habido una Comunidad a dos velocidades. La parte noroeste: León, Zamora y Salamanca, que han sido bastante discriminadas en cuanto a temas prácticos. Lo que tienen que hacer las instituciones es regular y facilitar la inversión y la atención institucional en otros territorios”.
“Aunque en el Estatuto no se establece la sede de las instituciones, en el artículo 3 se deja la posibilidad que haya varias y también que se tendrán en cuenta criterios como la descentralización o la eficacia”, explica el profesor de Derecho Constitucional, Luis Delgado. Para el expresidente “se podría haber hecho y se deberían hacer mayores esfuerzos para descentralizar algunas instituciones de los órganos de Castilla y León”. El Consejo Consultivo está en Zamora; el Procurador del Común, en León y el Tribunal Superior de Justicia, en Burgos. “Desde mi punto de vista habría que ir descentralizando aquellas que son posibles. Pero es más operativo tener las básicas en un mismo punto”, añade.
En su polémica iniciativa, el Partido Popular de Valladolid defiende que con la moción que quieren sacar adelante, se avanzará en el sentimiento de Comunidad, una premisa que para el expresidente castellano y leonés puede resultar peligrosa. “Una cosa es el acercamiento entre los ciudadanos, sobre lo que sí se podría trabajar. Pero luego tengo dudas con lo de crear sentimiento que casi siempre viene del rechazo hacia los demás”, asegura. “Donde más sentimiento de Comunidad hay es en aquellas comunidades donde existe un rechazo a lo español”, afirma Madrid.