El gobierno de Castilla y León Castilla deja en manos de veterinarios privados no funcionarios el control de enfermedades de saneamiento ganadero. Las Cortes de Castilla y León han aprobado definitivamente, por lectura única un cambio en la normativa de sanidad animal que facultará a los profesionales veterinarios que obtengan una certificación a realizar inspecciones sanitarias oficiales. Estos veterinarios podrán ser contratados por ganaderos que puedan pagar este servicio si no quieren acogerse a las inspecciones de la Junta de Castilla y León.
El cambio se produce un año después de que la Consejería de Agricultura y Ganadería, en manos de Vox, relajase las medidas de saneamiento para el control de enfermedades como la tuberculosis bovina. La situación obligó a intervenir al Ministerio paralizando el movimiento de ganado en todas las provincias de Castilla y León a excepción de Valladolid, Burgos y León. La tensión entre los ganaderos que se vieron abocados pérdidas millonarias en el sector, provocó una revuelta en Salamanca que se saldó con daños en la Delegación Territorial de la Junta en la que intentaron entrar por la fuerza y en la que acabaron heridos varios policías. Ocho ganaderos fueron condenados a 10 meses de prisión y a pagar a la Junta 13.250,56 euros por desperfectos y la limpieza de la Delegación Territorial e indemnizaciones de entre 100 y 2.300 euros a 10 policías por las lesiones sufridas.
La modificación en la normativa vigente desde1994 se ha producido con los votos favorables de PP y Vox y la abstención de los partidos de la oposición, a excepción del procurador del Grupo Mixto, Francisco Igea, el único que ha votado en contra.
La ley cuenta ahora con tres puntos que se añaden al artículo 3, que permite “habilitar a profesionales veterinarios para realizar actividades sanitarias en el marco de los programas sanitarios nacionales y autonómicos de vigilancia, control o erradicación de enfermedades, así como en los programas especiales de acción sanitaria”. “Se podrá acreditar a profesionales veterinarios como agentes certificadores de las actuaciones sanitarias previstas en los planes de alerta sanitaria” y los veterinarios habilitados, los agentes certificadores y los contratistas, “deberán cumplir lo establecido en la normativa europea vigente” en lo relativo al conflicto de intereses, por lo que los implicados estarán sometidos al régimen de abstención y recusación previsto en la ley y deberán presentar una declaración jurada de ausencia de conflicto de intereses por cada explotación en la que realicen tales actuaciones. Además se deroga el artículo 38 de la actual ley, que permitía la contratación de “servicios facultativos” para colaborar en campañas de saneamiento o programas especiales.
Vox define el cambio como un “privilegio” que se tiene que pagar
El encargado de defender el cambio ha sido el portavoz de Vox en las Cortes, Carlos Menéndez, ha arrancado su intervención negando que se haya producido un aumento de la prevalencia de la tuberculosis bovina y ha llegado a definir como “privilegio” el que un ganadero quiera acogerse a los servicios de un “veterinario libre” en lugar de a los de la Junta. “Y como tal (privilegio), ese servicio tendrá que pagarlo”, ha añadido. “Nos encontramos ante una norma que implica adaptar al marco legal la normativa del Ministerio y la normativa europea”, ha argumentado además de concretar que sólo se cambia un artículo y se deroga otro.
En su turno de intervención, Igea, ha tirado de tablet y de “colorines” para explicar a los procuradores de Vox como se redujo la prevalencia de tuberculosis bovina desde 2006 a 2021, con una política que estaba funcionando. Sin embargo en los dos últimos años ha subido el número de comarcas con más de un 3% de tuberculosis en su cabaña ganadera. “No lo digo yo, lo dicen los veterinarios, los veterinarios de la Junta a través de su sindicato, dicen que esto es un despropósito. Ustedes vieron cómo había que bloquear el ganado en Salamanca, alentaron a la protesta, provocaron incidentes, incidentes que hoy van a pagar los ganaderos, no ustedes, que ya podían ustedes pagar de su bolsillo las multas que les han puesto a los ganaderos que alentados por ustedes cometieron los delitos por los que se les ha condenado”, les ha reprochado. Así, ha aludido a la “verdad judicial” puesto que han sido condenados, y ha recordado que el día antes en Salamanca estuvo el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, “a alentarlos”.
“Lo que está en juego aquí es la salud de la Comunidad y sobre todo el futuro del sector ganadero y no podemos a través de una lectura única (fórmula que se ha usado para votar el cambio normativo) sin control de calidad alguno, establecer lo que usted ha definido muy bien: un privilegio. Esta ley establece un privilegio, ese es el asunto, establece un privilegio para que unos señores tengan menos control que otros, para que lo tengan más fácil que otros. En estas Cortes, ustedes legislan para establecer privilegios”, ha recriminado. Francisco Igea ha recordado que se vuelve a poner en riesgo la seguridad de la cabaña ganadera y las exportaciones, y que ya se vio como el Ministerio tuvo que intervenir hace un año para parar el “absoluto disparate” que provocaron en Salamanca. “Lo provocaron ustedes y alentaron disturbios por los que hubo condena y ustedes se han ido de rositas”, ha zanjado.
Sobre la “liberalización” del saneamiento ganadero se ha pronunciado tajantemente el Sindicato de Veterinarios de Castilla y León (SIVECAL) que califican el cambio como una “rebaja de la calidad y credibilidad”.