Castilla y León descarga responsabilidades ante el disparo de los contagios entre los jóvenes. El comité de expertos convocado el lunes reclamó a la Junta que tomara medidas, aunque no hubo un acuerdo unánime. Según el relato de la consejera de Sanidad, Verónica Casado, -las actas de la última reunión no se han hecho públicas-, los expertos se dividían entre cerrar el ocio nocturno o la vuelta al nivel 2 de alarma, lo que reduciría el aforo al 75%, las terrazas deberían cerrar a las 2.00 horas y se fijaría como máximo diez personas en cada mesa o agrupación. En el nivel 2 de alerta, la hostelería solo podría atender en el interior hasta la una de la mañana.
De momento, Verónica Casado ha anunciado que pedirá recuperar el toque de queda en el Consejo Interterritorial del Sistema de Salud que se celebrará este miércoles por la tarde. La propuesta que lanza Castilla y León es recuperar el toque de queda de una a seis de la mañana, pero el toque de queda debe ser ratificado por la Justicia, puesto que en mayo se levantó el segundo estado de alarma.
Sin embargo, el Gobierno ha respondido ya antes del Consejo Interterritorial. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, descartó el toque de queda y dijo que las comunidades ya tienen herramientas para afrontar el aumento de contagios. Poco antes, el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, respondía con un “no” rotundo a que el Gobierno se esté planteando imponer un nuevo toque de queda en el país
El objetivo de Castilla y León, argumenta la Junta, es frenar los contagios de fiestas y botellones asociados a los jóvenes, puesto que la incidencia del grupo de 12 a 29 años está disparada. Según los datos del Ministerio de Sanidad, la incidencia está en 1.156 casos por cada 100.000 habitantes en el grupo de 12 a 19 años y en 1.268 por cada 100.000 jóvenes de 20 a 29 años. Esta incidencia aumenta la presión asistencial sobre la Atención Primaria al tener que diagnosticar y hacer un seguimiento del paciente y del rastreo. Castilla y León ha renunciado a hacer el retrorrastreo de contactos de pacientes con COVID-19 (10 días antes de presentar síntomas), para centrarse únicamente en el rastreo de contactos en los últimos dos días.
Mientras Castilla y León apuesta de momento por la inacción, otras comunidades como Cataluña o Cantabria han decidido cerrar el ocio nocturno. El Gobierno Foral de Navarra ha adelantado el horario de cierre a la una de la mañana. Castilla y León, que fue una de las autonomías más restrictivas, permanece paralizada tras el 'volantazo' en la gestión de la pandemia ejecutado por Mañueco después de la victoria de Isabel Díaz Ayuso en las elecciones a la Comunidad de Madrid.
Tras el fin del estado de alarma y el triunfo de Isabel Díaz Ayuso en mayo, Mañueco apostó por el fin de las restricciones y rechazó un toque de queda ni por un cierre perimetral con ratificación judicial. Hasta ahora, la desescalada se ha mantenido cada dos semanas, hasta la semana pasada, cuando el Consejo de Gobierno decidió no bajar a 'nueva normalidad' y mantener el nivel de alerta en 'bajo'. El presidente autonómico no acudió a la reunión del comité de expertos del lunes y no ha convocado al Consejo de Gobierno para tomar decisiones relativas a la pandemia que se tomarán, si se acuerdan, el jueves.
Castilla y León fue una de las comunidades que más se enfrentó al Gobierno cuando adelantó el toque de queda a las 20.00 horas, cuando el Gobierno había fijado el inicio en las 22.00 horas como máximo. En ese momento, el vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, defendió el toque de queda a las 20.00 horas porque “el horario nocturno es desde el ocaso hasta el amanecer” y las 20.00 horas eran el “ocaso” en enero, una medida que tiempo después se confirmó como ilegal.
El Tribunal Supremo suspendió a mediados de febrero este adelanto del toque de queda. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo no entró en el fondo del asunto, pero sí apuntó que Mañueco no 'ostentaba' “la competencia necesaria” pese a ser autoridad delegada del estado de alarma. Sí que tienen competencias, como recordó el martes Pedro Sánchez, en otros aspectos, porque el sistema sanitario es “descentralizado” y está “en manos de las comunidades”. El Gobierno tiene que “compartir con ellas las decisiones”. Castilla y León, en principio, deberá esperar hasta el jueves para saber si toma medidas para cortar la cadena de contagio entre los jóvenes.