Castilla y León ha eliminado el Impuesto de Sucesiones y Donaciones este miércoles en el pleno de las Cortes, del que se beneficiará, como mucho, el 0,6% de la población. El Partido Popular y Ciudadanos han contado con el apoyo del resto de grupos de la derecha autonómica: la Unión del Pueblo Leonés (UPL), Por Ávila (XÁv) y Vox, sumando 43 apoyos; mientras el Partido Socialista, Podemos-Equo y la procuradora no adscrita que fue de Ciudadanos, María Montero, han votado en contra.
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha defendido que esta “práctica supresión” del impuesto servirá para promover la actividad económica, la creación de empleo y el traspaso de negocios de padres a hijos. Son, para Mañueco, supuestos “que se producen todos los días” y ha ejemplificado el caso de un joven que hereda fincas agrarias o la donación para montar una empresa (el impuesto ya estaba reducido antes de Mañueco en estos casos).
La procuradora socialista Rosa María Rubio Martín ha defendido que “pague más quien más tiene, más gana y quien más hereda”. “Esta bonificación solo beneficia a los más ricos de la Comunidad”, ha remarcado la también portavoz socialista en la Comisión de Economía y Hacienda. Rubio Martín ha enumerado varios casos en los que ya está contemplada una reducción del impuesto y que, por lo tanto, no lo pagan.
Rubio se ha dirigido personalmente a Mañueco: “Lleva años mirando a su derechista para poder gobernar. Pero tiene que girar el cuello a la extrema derecha para que sus amigos no paguen impuestos en esta tierra. Abre las puertas de estas cortes al fascismo para cumplir sus compromisos personales”.
El portavoz 'popular', Raúl de la Hoz, ha defendido bajar impuestos y ha vinculado una alta imposición fiscal con tener peor expectativa de crecimiento y ser el país en el que más ha influido la crisis sanitaria sobre la economía.
En un debate fiscal anterior, el portavoz de Ciudadanos, David Castaño, ha lamentado esta “doble imposición” que se acordó cuando “o existía el IVA ni el IRPF”. La ley que se modifica ahora es de 2013. También ha querido justificar su apoyo el procurador de Ciudadanos Miguel Ángel González Rodrigo: “Es un impuesto que castiga especialmente a la clase media trabajadora, a quienes con mucho esfuerzo y trabajo han logrado dejar algo a sus hijos y grava el trabajo a modo de doble imposición. No es razonable que los hijos tengan que rechazar la herencia de sus padres por no poder pagar. No son los más ricos los que se ven obligados a rechazar una herencia, son los más pobres. No pueden heredar los que menos tienen”, ha asegurado.
El procurador de Podemos Equo Pablo Fernández ha insistido en la importancia de implementar una política fiscal “progresiva”, ya que sin ella se contará con una “peor” sanidad, educación y “menos” plazas en residencias públicas de mayores, puesto que este impuesto va a “pauperizar” al 98% restante de la población, que no se beneficiará de esta nueva exención fiscal (porque ya lo estaba).
¿A quién afecta el cambio?
El impuesto quedará bonificado al 99% en su totalidad para familiares directos, cónyuges, ascendentes o descendientes y a las parejas de hecho con convivencia estable de al menos dos años anteriores a la fecha de devengo del impuesto. La inclusión de ambas bonificaciones supondrá “la práctica eliminación” del impuesto sobre sucesiones y donaciones para los familiares directos.
Esta bonificación afectará a entre el 0,2 y el 0,6% de la población, puesto que solo beneficiará a entre 5.000 y 15.000 castellanos y leoneses, según las estimaciones de la Junta en base a los contribuyentes de 2018. Esto supondrá que las arcas autonómicas dejen de ingresar 35 millones de euros anuales (23 millones en 2021 porque no tendrá carácter retroactivo).
Esta era una de las grandes promesas electorales del Partido Popular y Ciudadanos, que también priorizaron en el pacto de gobierno y que se iba a aprobar cuando empezó la pandemia, motivo por el que se retrasó unos meses. La Unión del Pueblo Leonés se comprometió a “continuar en la lucha por eliminar el impuesto de sucesiones”. Por Ávila también apostaba por la supresión “total” del Impuesto de Sucesiones y Donaciones de padres a hijos.
Impuesto de Sucesiones en Alemania y en Francia
En otros países europeos sí que se paga el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, como Francia, Bélgica, Alemania, Dinamarca, Croacia, Italia, Lituania, Polonia, Hungría y Eslovenia. En Alemania, por ejemplo, los cónyuges, hijos, hijastros nietos, padres y abuelos pagan impuestos en función del ingreso: el 7% sobre ingresos de 75.000 euros; un 11% sobre 300.000 euros, un 15% sobre los 600.000 euros, un 19% sobre seis millones, un 23% sobre fortunas de 13 millones, un 27% sobre 26 millones de euros y un 30% si los ingresos suponen más de 26 millones de euros. Este impuesto se incrementa entre otro tipo de familiares o amistades hasta el 50% en algunas ocasiones.
En el caso de Francia, en herencias de padres a hijos, el impuesto es del 5% con herencias del primer tramo de 8.072 euros; de un 10% del segundo tramo hasta 12.109 euros, un 15% en el tercer tramo hasta 15.932 euros; un 20% para el tramo de entre 15.933 y 552.324 euros. Este impuesto es más elevado para el tramo de entre 552.325 y 902.838 euros (30%), 902.839 y 1.805.677 (40%) y el 45% para los herederos con un tramo superior a 1.805.677 euros. El impuesto se puede reducir hasta 100.000 euros en este caso.
Francia tiene un simulador de impuesto que permite calcular cuánto tendría que pagar, por ejemplo, el impuesto que debe pagar un hijo que reciba de su padre 400.000 euros. Como es línea directa, se reduce en 100.000 euros y se impone el impuesto sobre los 300.000 euros restantes: deberá pagar 58.1944 euros.
¿Quién pagaba hasta ahora?
Hasta ahora, solo pagaban el impuesto de sucesiones aquellos herederos que cobraran 400.000 euros cada uno, porque Castilla y León aplicaba una reducción del 99% del Impuesto.
En el caso de las donaciones, también se contemplaba una reducción del 99% en donaciones para la adquisición de una vivienda en Castilla y León si el donatario tiene menos de 36 años o una discapacidad superior al 65%. La donación, para ser bonificada, no puede superar los 180.000 euros en el caso de los jóvenes y los 250.000 en el de los discapacitados.
En el caso del traspaso de una empresa o la donación de una cantidad para la constitución o ampliación de un negocio, se aplica una reducción del 99% si la actividad es la principal, que los ingresos del negocio suponen al menos el 50% de sus rendimientos si la adquisición corresponde al cónyuge, descendientes o adoptados, ascendientes o adoptantes y colaterales, por consanguinidad, hasta el tercer grado.
Otro de los requisitos es que el adquirente mantenga en su patrimonio el negocio durante los cinco años siguientes al fallecimiento del causante, salvo que falleciese el adquirente dentro de este plazo. Además, cuando un mismo causante ejerza dos o más actividades de forma habitual, personal y directa, la reducción alcanza a todos los bienes y derechos afectos a las mismas, considerándose para determinar el porcentaje de ingresos a que se refiere la letra anterior, el conjunto del rendimiento de todas ellas.
En el caso de que alguien herede una explotación agraria en Castilla y León, se aplicaba una reducción del 99% si el fallecido era agricultor, el receptor tenía hasta un tercer grado de consanguinidad con el fallecido y que el heredero mantuviera en su patrimonio la explotación durante los cinco años siguientes al fallecimiento del causante, salvo que falleciese.
El límite para la reducción del impuesto se ha incrementado en los años anteriores durante el gobierno 'popular' de Juan Vicente Herrera. En 2013 se recuperó este impuesto porque el objetivo era que pagaran “más” los que “más” tenían, defendió la entonces consejera de Hacienda, Pilar del Olmo -ahora líder de la oposición en el Ayuntamiento de Valladolid-. En 2013 solo debían pagar los herederos a partir de 175.000 euros entre padres e hijos y cónyuges, una cifra que ha ido aumentando hasta los 400.000 euros por cada heredero.
Además, Mañueco ha prometido que esta no será la última bajada de impuestos y ha avanzado que seguirán trabajando “por una fiscalidad más favorable para el medio rural”.