La violencia vicaria, la digital y tecnológica y la de segundo orden son las nuevas violencias machistas que Castilla y León ha incorporado a su anteproyecto de Ley de Atención Integral a las Víctimas de Violencia de Género, aprobado hoy en el primer Consejo de Gobierno del 2025, que llegará a más mujeres, incluidas niñas y adolescentes o las retornadas que hayan sido maltratadas en otros países.
La vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha detallado en rueda de prensa este anteproyecto, que sigue al presentado a final del 2021, que no prosperó al concluir de forma anticipada la legislatura, y que ha confiado en que cuente con un “consenso lo más amplio posible” para que pueda ser aprobado ahora en las Cortes de Castilla y León, donde el PP está en minoría tras la ruptura del Gobierno con Vox.
Texto más moderno, actualizado e innovador
“Es el texto más moderno, actualizado e innovador en la materia”, ha planteado Blanco, con el “objetivo de proteger a las mujeres víctimas de las violencia machista y a sus familias y entorno, con más servicio” con el reto de lograr el objetivo de “violencia cero”.
Blanco ha atribuido el retraso en aprobar este anteproyecto a la actualización que ha requerido ante los recientes cambios en la materia tanto nacionales como con la directiva europea de mayo pasado, en respuesta a si se ha agilizado la tramitación tras la salida de Vox del Ejecutivo autonómico.
Incluye este anteproyecto, como ya lo hacía el del 2021, nuevas fórmulas de violencia machista, como la vicaria, que comprende la que se ejerce sobre los hijos y familiares o allegados a la mujer, sean menores o mayores de edad, por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aún sin convivencia, con la finalidad de causarles perjuicio o daño.
Blanco ha recordado que nueve menores murieron en el 2024 en España por violencia vicaria, 62 desde que hay registros.
Cibercasoso, extorsiones sexuales o espionaje a través del móvil
También incluye la violencia digital, que incluye el ciberacoso, las ciberamenazas, la ciberdifamación, la pornografía no consentida, los insultos y el acoso por motivos de género, la extorsión sexual, el control o espionaje a través del móvil y cualquier herramienta digital, la difusión de datos personales o documentos íntimos en la red, la coacción para obligar a la víctima a facilitar claves personales, la usurpación de su identidad en línea y las amenazas de violación y de muerte.
Y la “violencia de segundo orden”, que incluye los actos de violencia física o psicológica, represalias, humillaciones y persecuciones ejercidas sobre las personas que apoyan a quienes sufren la violencia de género, así como las acciones que impidan la prevención, detección, atención y recuperación de las víctimas.
Se queda fuera la “violencia institucional”
No incluye la ley la forma de “violencia institucional”, entendida como las acciones u omisiones que se realizan desde la administración pública con el fin de diferir, obstaculizar o impedir el acceso a derechos para una vida libre de violencia, que sí que se incluía en el texto del 2021 y ahora no por las modificaciones que se han ido incluyendo en base a distintos informes.
La consejera ha destacado que el ámbito de aplicación de la norma se extiende y, con ello, se amplía la protección a más personas, y se cita “expresamente a niñas y adolescentes en situación de violencia de género, pero también a los menores que se encuentren bajo su patria potestad o guarda y custodia, así como a los familiares por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive que convivan con ella”.
Además, figuran también las mujeres castellanas y leonesas retornadas que hayan sido víctimas de violencia de género en otro país.
Incluye la propia explotación sexual de mujeres y niñas para sacar un beneficio
La vicepresidenta ha explicado que se prevé como un tipo de violencia la propia explotación sexual de mujeres y niñas para la obtención de beneficios de cualquier tipo mediante la utilización de violencia, intimidación, engaño o abuso de una situación de superioridad o de vulnerabilidad de la víctima en el ejercicio de la prostitución, la servidumbre sexual u otros tipos de actividades con fines sexuales, incluidos actos pornográficos o la producción de material pornográfico.
E incorpora el concepto de violencia contra la salud sexual y reproductiva de las mujeres, que incluye las actuaciones como la mutilación genital, el matrimonio forzoso, la esterilización forzada y el aborto forzoso que restrinjan el libre ejercicio de estos derechos.
Los centros Atiendo, también en la red de protección
La ley incide en la prevención, detección y evaluación, ha insistido la vicepresidenta, quien ha recordado que los recientes centros de crisis 24 horas contra las agresiones sexuales, los Atiendo, se suman a la red de protección.
Blanco ha explicado que la atención presencial en esos atiendo está garantizada desde octubre en las sedes de las entidades adjudicatarias de servicio y en los centros propios en todas las capitales salvo en Ávila y Soria, que como se ha ampliado el plazo del Ministerio se ha optado por un traslado sin prisas.
Ha valorado la buena acogida del Atiendo virtual, en una comunidad con tanta extensión y dispersión, ya que ha recibid más de 4.000 visitas, con 205 llamadas, y también 77 visitas presenciales a los propios centros.EFE