CCOO ha denunciado que cerca de 30.000 desempleados de “difícil inserción” se han visto afectados por el “desmantelamiento” del Servicio Público de Empleo de Castilla y León (Ecyl) y del sistema de políticas activas de empleo y ha señalado como responsable al consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones.
Así lo han apuntado la secretaria de Formación y Política Industrial de CCOO en la Comunidad, Carmen Álvarez, y la secretaria de Empleo y Migraciones, Nieves Granados, que han analizado los planes de Empleo Local y Social y de Formación y Orientación del Ecyl.
“Desde abril de 2021 en que tomó posesión del cargo el actual consejero asistimos a un deterioro constante del Servicio Público de Empleo de Castilla y León donde se ha desbaratado todo el sistema, las políticas activas que estaban funcionando en comunicación y constante colaboración con los agentes sociales”, ha lamentado Granados.
Durante su análisis de los planes de Empleo Local y Social, la responsable de Empleo y Migraciones ha subrayado que se trata de un articulado “lleno de contradicciones”, con datos “intrascendentes” y “repleto de lenguaje ideológico”.
Al hilo de estas palabras ha lamentado que la Consejería no haga referencia en sus planes al colectivo inmigrante en una Comunidad con “problemas demográficos” como Castilla y León cuando, ha asegurado, ha aumentado un once por ciento su empleabilidad.
“Respecto a los programas incluidos en el plan, vienen a ser, un poco modificados, los programas que aparecían en el área de fomento de empleo en el ámbito local, o bien incluyendo un programa al final de contratación de colectivos en riesgo de exclusión, que es lo que le pone el apellido de social. Vienen a ser los programas que se negociaron en el Diálogo Social con los agentes sociales, y que forman parte del plan de Empleo de Castilla y León del año 21-24, que está vigente actualmente”, ha ahondado.
En este sentido, ha afeado los planes por incentivar la contratación tanto de entidades locales como de empresas y mostrar “muy poco interés por la protección de los trabajadores”, ante la desaparición de programas como el PIE, los que protegen a los inmigrantes o los ERTE.
“El ritmo de desmantelamiento de las políticas no ha sido similar en el caso de políticas dirigidas a empresas y a administraciones que en el de protección y servicios para los trabajadores”, ha apostillado Carmen Álvarez, que ha incidido en que desde la entrada de Vox en la Junta estos servicios a empleados se han desmontando “progresivamente sin mucho razonamiento”.
La representante sindical ha acusado al Ejecutivo autonómico de dejar “escapar” recursos europeos para políticas activas de empleo y de ejecutar “mal” los fondos que han llegado, al tiempo que considera que el plan de Orientación y Formación no hace referencia a “ninguno de los desafíos” en estas materias. “Lo que vemos es que el plan que se nos presenta es un plan lleno de carencias y que, además, se está superponiendo a otro que estaba en vigor y se está incumpliendo. Un plan, además, que no asegura ni recursos, ni financiación, ni mecanismos para mejorar un sistema que tiene muchas carencias y muchas dificultades”, ha añadido.
Desaparición de programas
Así, se ha centrado en denunciar la desaparición del programa de orientación para personas desempleadas, “sobre todo para las personas con mayores dificultades de inserción” y que lograba que un 30 por ciento de los integrantes de este colectivo encontrara de nuevo empleo.
Carmen Álvarez ha explicado que la Junta ha puesto en marcha un centro de referencia para esta políticas en San Andrés del Rabanedo, si bien duda de que vaya a ser eficaz, ya que solo hay dos personas encargadas cuando hasta ahora eran cerca de 300 los “orientadores” que daban servicio a estos colectivos.
También ha considerado “insuficientes” la incorporación de 150 personas al Ecyl, porque “la mayoría carece del perfil necesario” y su contratación es “eventual”. Además ha advertido que la certificación profesional está en “un momento de cambio”, que la Junta “ni menciona” en sus planes, pero que va a suponer “un cambio drástico”. “Porque todo lo que eran certificados, que es la formación que se da a los parados, todos esos certificados van a pasar a depender de las consejerías de educación, porque toda la materia de certificados profesionales ha pasado al Ministerio de Educación. Con lo cual algo debería de haber. Deberíamos saber cómo se van a coordinar las dos Consejerías implicadas”, ha cuestionado.
Por último, ha dudado de la legitimidad en las convocatorias como la de formación de ocupados que hace que los beneficiarios de los fondos de formación en Castilla y León sean entidades “que ni son de la Comunidad, ni tienen actividad”. “Situaciones que son de fraude, claramente, y que desde CCOO las hemos puesto ya en conocimiento de la Inspección de Trabajo y tendremos que combatirlas porque las políticas públicas tienen que tener calidad”, ha zanjado.
Como ejemplo ha puesto a una de las cuatro primeras empresas en el “ranking de beneficiarias” a una de Almería, “Flipaos SL que se ha llevado casi un millón de euros de ayudas de formación para trabajadores sin tener ninguna instalación en Castilla y León, ningún medio ni esa actividad”.