La Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León y las políticas de Vox en este área han dejado a 80.000 personas sin asesoramiento en programas de orientación, formación y asesoramiento, así como 10.000 empresas, mientras que se han perdido 4.000 empleos. Así lo ha denunciado este jueves CCOO, quien, además, ha asegurado que la falta de ejecución o eliminación de los programas y líneas de actuación reflejado en el Plan anual de Empleo de 2021, el último que se ha elaborado, ha dejado sin poner en marcha “un mínimo de 42 millones de euros”.
Una cifra que podría ascender si se tiene en cuenta que el presupuesto para estos programas cada año se ajustan en función de necesidades, de ejecución, de oportunidad y de recursos públicos, como han señalado. “Es obvio que en estos dos años los recursos han aumentado por parte del Estado de forma muy sustancial, a la vez de que la Junta los mengua o no los publica ni ejecuta evidentemente”, han concretado
Según sus cuentas, estos fondos fueron para el año 2022 de 272,5 millones. Desglosando las cantidad, según CCOO, las transferencias del Estado fueron de 153 millones de euros de inicio, más 20 millones de euros posteriores de fondos europeos, total 173 millones de euros. Por parte de la Junta, las cuentas del sindicatos fijan 99,5 millones de euros aunque critican que no saben “lo ejecutado ni en el año anterior ni tampoco ahora en el 2022, más allá de lo no publicado en el Bocyl”. “No hay información, ni memorias, por no haber no hay ni aprobado un Plan de Actuación para el año 2022 en el Ecyl. Es decir, nada de nada”, han reseñado.
Es por eso que han puesto el foco en que Vox “se ha cargado” el Plan de Empleo 21-24, el Plan de Prevención de Riesgos Laborales 21-24, el Acuerdo sobre el Serla y el Plan anual de Empleo, además de “dejar muy tocados, con incumplimientos muy graves”, el Plan de Formación Profesional 21-24 y el Plan de Igualdad, Corresponsabilidad y Juventud en el Empleo 21-24, entre otros. Asimismo, el propio acuerdo Marco de Competitividad e Innovación Empresarial 21-27 está también sufriendo estos incumplimientos.
Entre los 26 programas suprimidos, la secretaria adjunta de Políticas Públicas y Diálogo Social de CCOO en la Comunidad, Beatriz Sanz, ha relatado que la Consejería ha eliminado, dentro de los planes del Ecyl, el de orientación profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo (PROA), dotado con 12 millones de euros, con 22.000 personas desempleadas como potenciales destinatarios, en una línea de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva gestionada por 10 entidades en la última convocatoria.
Los migrantes también se ven afectados ya que Vox ha eliminado las ayudas para el Programa de integración social y laboral de la población inmigrante y emigrante (INM), que cuenta con un presupuesto de 926.000 euros y 2.400 potenciales beneficiarios. También las entidades locales de más de 5.000 habitantes se ven afectadas puesto que las subvenciones directas, como programas de empleo -con cinco millones de euros de dotación y 410 beneficiarios que son perceptores de la renta garantizada de ciudadanía como destinatarios- desaparecen.
Asimismo, desaparece el plan para la contratación de personas desempleadas para la realización de obras y servicios de interés general y social (PREPLAN) -que contaba con 11 millones y 1.100 contratos- destinado a municipios de más de 20.000 habitantes y diputaciones.
Dentro de la Dirección General de Trabajo y Riesgos Laborales, se ha cancelado programas como los de visitadores de prevención de riesgos laborales, con 2,8 millones, y otros cuatro millones de subvención nominativa por organizaciones más representativas para la participación institucional, con cerca de 500 órganos de distinto tipo, y su participación en los procesos de negociación y concertación en el ámbito del Diálogo Social.
Además, hay otros cinco programas, que corresponden a la dirección general de economía social y autónomos, que se han visto castigados, en los se incluye la financiación del servicio de mediación laboral SERLA, que aunque al principio se le retiró la partida económica al final se le ha concedido 400.000 euros.
Quitar las competencias de Diálogo Social a Vox
CCOO también ha reclamado al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, quitar las competencias en Diálogo Social a la la Consejería en manos de Vox. El secretario de Políticas Públicas y Diálogo Social de CCOO, Saturnino Fernández, ha instado al líder del Ejecutivo a tomar esta medida para preservar los 12 acuerdos que las consejerías del PP tienen firmados. “Al menos podría retirarle las competencias en materia del Diálogo Social y otorgárselas a otro consejero, si realmente quiere salvar lo que para el propio PP ha sido una seña de identidad de la Comunidad”, ha apuntado el líder sindical.
Fernández ha valorado que en este año de gobierno PP-Vox, el consejero de Empleo, Mariano Veganzones, se ha dedicado a “destruir” todos los órganos de participación, las políticas de empleo y las entidades gestoras de su cartera. Con la pérdida de las políticas de empleo, el sindicalista ha llamado la atención a que la estrategia de la “ultraderecha” busca “debilitar al sistema democrático” y ha adelantado que, con las elecciones de este 28 de mayo, el “piso piloto” que es Castilla y León podría reproducirse en otras comunidades, ayuntamientos o diputaciones con medidas “antidemocráticas que pretenden trasladar a otras administraciones”.
Sobre el estado de la relaciones entre agentes sociales y Ejecutivo autonómico, el sindicalista también ha criticado que el Consejo de Diálogo Social lleva sin convocarse desde hace “10 meses”, además de que ha acusado a Veganzones de cerrar todos los centros de formación del Ecyl, tratar de acabar con el Serla y “descabezar” el Servicio Público de Empleo, algo que se sostiene tras las dimisiones y ceses de altos cargos que se han ido produciendo desde que Vox llegó a la Consejería de Empleo.
Según la estimación de Fernández, Vox habría acabado con un tercio de todos los programas de políticas laborales de la Consejería de Empleo, entre los que se incluyen aquellos que se financian gracias al Estado. El secretario de Políticas Públicas y Diálogo Social de CCOO ha puesto también el duda el nivel de ejecución de las políticas poniendo como ejemplo programas que llevan desde noviembre sin resolverse. “El nivel ejecución es pésimo. Ni un solo programa nuevo, ni una sola idea. Solo se han dedicado a eliminar y a destrozar”, ha manifestado.
Todas estas medidas están pasando factura a los sindicatos, preguntado por su afectación a la plantilla de CCOO, Fernández ha descartado “por el momento” un ERE, algo que UGT
ero además de suprimir un tercio de los programas de políticas laborales, incluso los que se financian con fondos estatales, los que se convocan, según Fernández, se hace “tarde, mal y de forma unilateral”. Además, el dirigente de CCOO también puso en duda y lamentó que programas convocados en noviembre todavía no se han resuelto. “Aunque apenas ofrece información,
Por último, Fernández reconoció que las medidas de la Consejería de Empleo están afectando directamente a la plantilla del sindicato, pero recalcó que, “de momento”, se descarta un ERE. Esta medida ya ha sido anunciado por UGT, quien tendrá que despedir al 40% de sus trabajadores.