CCOO no aceptará la subvención directa que le ha ofrecido la Junta de Castilla y León tras decidir el gobierno autonómico no otorgar la nominativa a la que le obliga la ley autonómica 8/2008. “Resulta, cuanto menos arbitrario, que Vox decida menospreciar al sindicalismo eliminando un derecho por ley, para, apenas cinco meses después, ofrecer un dinero público que podría ser ilegal, si así lo deciden los tribunales. Es decir, la extrema derecha quita al sindicalismo un derecho para inmediatamente después intentar darle un regalo envenenado. Se pretende sobornar e incumplir la ley con el beneplácito del sindicalismo. Y CCOO no acepta sobornos, no apretará el botón que le ”inhabilite“ como organización sindical libre, independiente y democrática”, afirma el sindicato en un comunicado al que ha tenido acceso elDiario.es.
Tal y como informó este diario, CCOO ha interpuesto recurso contencioso-administrativo a la eliminación de la nominativa y escrito de denuncia conjunto a la Fiscalía de la Audiencia de Valladolid por la convocatoria “excepcional”, que espera le den la razón y penalicen estas actuaciones, declarándolas nulas. En esa denuncia ante la Fiscalía le acompaña UGT, que sin embargo, ha acabado por aceptar una subvención que considera ilegal.
Según el sindicato “en el año y medio largo de legislatura transcurrido en Castilla y León, ha quedado demostrado que la extrema derecha en la Consejería de Empleo está solamente en defensa del mundo empresarial”. Así ,CCOO Castilla y León afirma haber comprobado a lo largo de los meses que la extrema derecha “no tiene ningún pudor en despojar de sus derechos al sindicalismo, a los colectivos más necesitados del mercado laboral, para dárselos, con dinero público, a los empresarios y a las empresas privadas”, lo que “demuestra que la extrema derecha gobierna para los suyos”, con la eliminación de múltiples programas sociolaborales que protegían a diferentes colectivos de trabajadores y trabajadoras por haber sido denunciado por CCOO en diferentes ocasiones.
Hace siete meses, recuerdan, la Consejería de Empleo ofreció al sindicalismo “apretar un botón” para aceptar cerca de 500.000 euros sin condiciones aparentes, en una convocatoria “excepcional” y sin garantías legales, no respetando la representatividad ni la legalidad, después de eliminar 24 programas públicos, después de no respetar la obligatoria participación institucional en los órganos de su Consejería, de no cumplir los Acuerdos vigentes de Diálogo Social en sus materias competenciales (empleo, prevención de riesgos laborales, Serla, etc.) y después de múltiples descalificaciones e insultos a los sindicatos, CCOO se cuestiona que será en el futuro. En concreto, plantea “qué pasará si los tribunales siguen dando la razón al sindicato”, como ha pasado con la declaración de nulidad de pleno derecho del calendario laboral de 2023, una demanda interpuesta por CCOO en la que el TSJ indicó que este cambio fue “una decisión discrecional no justificada” en la que no se dio participación a los agentes sociales, ni se respetó la libertad sindical ni el Estatuto de Autonomía.