CCOO y UGT han remitido un escrito al delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, para pedir al Ejecutivo central que aplique el artículo 155 al gobierno autonómico para que cumpla con la Mediación Laboral y recupere la financiación de la Fundación del Servicio de Relaciones Laborales (Serla), que intercede en los conflictos laborales entre trabajadores y empresas para evitar la judicialización de los desacuerdos.
El secretario de Acción Sindical de CCOO Castilla y León, Fernando Fraile, ha asegurado que la Junta de Castilla y León se ha declarado “insumisa y en rebeldía” al no cumplir con la Mediación Laboral y por eso han enviado una solicitud la semana pasada. “El Gobierno tiene la obligación de asumir esas competencias”, ha reclamado junto al adjunto en la Secretaría, Cándido Alonso, en una rueda de prensa este martes.
Fraile ha asegurado que el Serla ya debe 480.000 euros entre nóminas e impagos del alquiler y suministros de varios tipos y todavía necesita recibir los 400.000 euros que el consejero de Empleo, Mariano Veganzones, comprometió a mediados de enero, la mitad de lo que el Serla necesita anualmente.
“El director del Serla lleva nueve meses sin percibir el sueldo y los trabajadores (con sueldos de entre 23.000 y 28.000 euros) todavía no han cobrado la nómina de enero”, ha recordado Fernando Fraile, que también ha aludido a la falta de pagos de arrendamiento, proveedores de electricidad e informáticos, a los que se suma el servicio de limpieza, que también han enviado un requerimiento porque se le adeudan el coste de enero y febrero.
Sobre el local que la Junta de Castilla y León ha ofrecido al Serla, Fernando Fraile ha asegurado que no cumple “los requisitos exigibles”. “El Serla utiliza a diario hasta cinco salas distintas. La que nos ofrecen es una sala de manera continuada y otra compartida cuando se pueda”, ha apuntado el responsable de CCOO, que ha calculado que en 2023 el 70% de las mediaciones terminaron con un acuerdo. Según ha detallado, el Serla atendió más de 3.000 conflictos individuales de Valladolid y 340 colectivos —que afectaban a unos 150.000 trabajadores de toda Castilla y León—. Fernando Fraile ha asegurado que los sindicatos han pedido a la Junta un local público durante “años”.
El responsable de Comisiones Obreras ha recordado que ante un conflicto laboral es necesario pasar por la Mediación Laboral antes de ir al Juzgado. Ahora, los trabajadores de Valladolid reciben un certificado que explica que no va habido esa mediación para poder ir al Juzgado, una opción a la que muchos no recurrirán si tienen pocos recursos económicos o con reclamaciones de 200 o 300 euros, porque el coste del juicio es mayor que la cantidad demandada.
Además, si los trabajadores acuden a los tribunales, los procesos se alargan durante mucho más tiempo. “El Serla está certificando que no se está haciendo la mediación. Un juicio por despido tarda en celebrarse seis meses en Valladolid Si luego recurren al Tribunal Superior de Justicia, 12 meses más”, ha apuntado.
Según ha calculado Fernando Fraile, en Valladolid hay ya 600 personas que no han pasado por el Servicio de Relaciones Laborales. “Impiden la posibilidad de llegar a un acuerdo y alargar un conflicto que solo ocasiona problemas, ha protestado.
En el resto de provincias lo gestionan las oficinas territoriales de la Junta de Castilla y León a través del Servicio de Mediación Arbitraje y Conciliación (SMAC), una cuestión que los sindicatos también tienen judicializada porque creen que es contrario a un acuerdo que firmó el gobierno de Mañueco cuando Ciudadanos estaba en la Consejería de Empleo.